Judiciales

Rechazaron una excusación en la causa que investiga al juez Reinaldo Rodríguez

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones intentó apartarse de la investigación

Miércoles 06 de Marzo de 2019

La causa que investiga al juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, por los delitos "defraudación al Estado", "prevaricato" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", volvió a tener un nuevo episodio en la Justicia federal de Rosario. Esta vez protagonizado por el presidente de la Cámara de Apelaciones, Aníbal Pineda, quien intentó excusarse de intervenir en la decisión sobre si la causa contra el magistrado se archiva o dispone abrir la indagatoria que fue solicitada en 2018, por el fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez.

La excusación de Pineda "fue motivada con la finalidad de garantizar el decoro, la delicadeza y disipar cualquier posible sospecha sobre la objetividad de su actuación en el marco de los presentes". Esa postura según fundamentó es que el magistrado federal, si bien no conoce personalmente al juez Rodríguez, "deberá integrar la Junta Electoral con el nombrado, siendo que además y por su actual función prevé recorrer la totalidad de las dependencias de esta jurisdicción –entre las que se encuentra el juzgado a cargo de Rodríguez– con la finalidad de mantener reuniones con los distintos titulares de los juzgados a fin de interiorizarse de sus necesidades funcionales".

Pineda además destacó que tiene "amigos en común con el citado magistrado y trato frecuente con empleados del juzgado a su cargo, como así también tiene trato frecuente y amigos en común con los magistrados que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe (José María Escobar Cello, Luciano Lauría y María Ivón Vella), quienes requirieron que se profundizara la investigación de los hechos de los autos principales".

El pedido del magistrado de segunda instancia fue rechazado por otro integrante del tribunal, Fernando Barbará, quien le aclaró que "los hechos que describió no le generan violencia moral o una incomodidad que altere su ánimo para ejercer la función jurisdiccional en los presentes ni tampoco tales hechos alteran su imparcialidad y ecuanimidad requerida para llevar a cabo esa función".

"Si bien pondero el celo del colega en el ejercicio de su función jurisdiccional, lo cierto es que no surgen razones objetivas, al menos por el momento, que justifiquen su apartamiento del caso, motivo por el cual corresponde el rechazo de tal petición", concluyó el juez.

La causa lleva más de un año tramitándose en distintas jurisdicciones de la Justicia federal de Santa Fe y por la misma ya se excusaron de intervenir dos jueces federales. Primero fue el titular del Juzgado Federal Nº 2, Francisco Miño, quien por "enemistad manifiesta" con Rodríguez se excusó de intervenir. 

Posteriormente, el expediente pasó al Juzgado Federal de Rafaela, a cargo de Miguel Ábasolo, pero el funcionario también optó por excusarse en el proceso. 

Ante tal circunstancia, la causa fue remitida al Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, el cual en agosto del 2018 dispuso el archivo de las actuaciones que fueron iniciadas por el fiscal Rodríguez.

El caso deberá ser definido en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde el pasado 7 de febrero el fiscal general, Claudio Palacín –al cual también le rechazaron que se excuse– mantuvo el recurso de apelación del fiscal Rodríguez, mientras que la defensa del juez, Miguel Romero, pidió que se ratifique la resolución de Bailaque.

La causa que investiga al juez Rodríguez es un desprendimiento de otra causa que ya cuenta con sentencia en el Tribunal Oral Federal y que condenó, el 11 de octubre del 2017, al ingeniero e inversionista Miguel Ángel Dubarry y a su abogado, Carlos Clerc, a dos años y diez meses de prisión en suspenso por "defraudación al Estado". 

Ambos fueron juzgados por haber presentado en el año 2004 un irregular amparo, que para la Justicia fue mediante un ardid, en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe que  les permitió poder cobrar títulos públicos (bonos) que se encontraban en default por un monto de $649.023,66. Dicha acción logró evitar el corralito financiero que había sido decretado por autoridades del Ministerio de Economía de la Nación tras la crisis financiera que atravesó el país en el 2001.

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