Reducen la condena de "Cuca" Díaz, el prestamista que asesinó a Lucas Ayala

Un cobrador de un prestamista asesinado a puro plomo en Barranquitas. Tres testigos incriminadores que acusaron a un cocinero y su pareja pero después se desdijeron. Una condena de más de treinta años. Y un tribunal en aprietos para resolver si una condena estuvo sujeta a la ley. 

Un año después de aquel brutal crimen, un tribunal de jueces de segunda instancia confirmó la sentencia condenatoria con una clara distinción: bajar la pena de 32 años a 19 para Díaz, pero a su vez aumentar la de D'Angelo a 10 años y ocho meses de prisión (había sido sentenciada a siete años de cárcel).

El caso generó un quiebre en ciertos estamentos de la Justicia penal de Santa Fe luego de que se puso en materia de análisis si lo declarado por un testigo, en la etapa de investigación, tenía mayor validez que lo dicho ante un tribunal de jueces. Es que a lo largo del juicio los tres testigos claves del caso se desdijeron sobre lo que habían dicho apenas sucedió el crimen, cuando acusaron a Díaz y su pareja de haber ejecutado de tres disparos, en Perú y Perón, al joven Ayala de 25 años.

El cambio de testimonio fue tan llamativo que durante el juicio los fiscales del caso, Cristina Ferraro y Gonzalo Iglesias, tuvieron que declarar a varios de los testigos como "hostiles". Inclusive, la querella del caso, a cargo de Federico Lombardi y Agustín Roubinau, solicitaron el falso testimonio tras considerar que ninguno decía la verdad.

Cabe recordar que apenas se inició el debate, los querellantes anticiparon en su momento que uno de los testigos del caso, el cual había estado a pocos metros del fallecido Ayala, había sido amenazado por uno de los hermanos de Díaz. De hecho, según una investigación abierta en la Fiscalía, el hermano de Díaz le habría ofrecido dinero para que no se presente a declarar en el juicio.

Pese a ello, el tribunal de jueces conformado por José Luis García Troiano, Rodolfo Mingarini y Jorge Pegassano, valoraron la prueba presentada por la fiscalía y querella y condenaron –por mayoría– a Díaz y D'Angelo el 15 de agosto del 2018.

No conformes con la resolución, la sentencia fue apelada en noviembre del año pasado, por la defensa de Díaz, a cargo de Germán Corazza y Juan Aguilar y de D'Angelo a cargo de Claudio Torres Del Sel. Cinco meses después, tres jueces camaristas dieron su opinión al respecto.

Miradas

En su fallo, los jueces Alejandro Tizón, Jorge Andrés y Fernando Gentile Bersano consideraron que el hecho se encuentra comprobado tal como lo sostuvo el primer tribunal que intervino en el caso. "Los miembros del Tribunal de baja instancia han merituado la totalidad del material colectado arribando a una conclusión ajustada a los estándares probatorios establecidos por el Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que integran el
denominado bloque de constitucionalidad", destacó Tizón en su voto.

Por su parte y en cuanto a la crisis sostenida en torno a lo que se declara en la etapa de investigación y lo dicho luego en el juicio, el juez Andrés criticó el veredicto del tribunal de primera instancia y llegó a considerarlo "ilegal". "Esta opción del tribunal escogiendo evidencias que no fueron producidas en el debate es ilegal, dado que nuestra norma es clara cuando establece que «el juez resolverá todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio, apreciando únicamente la prueba recepcionada durante el debate»", remarcó el magistrado respecto a lo expresado en el Código Procesal Penal.

"Toda otra declaración o manifestación realizada fuera del juicio, no se encuentra comprendida dentro de las evidencias a tomar en cuenta para dictar la sentencia definitiva", remarcó. “Por ello cobra fuerza la crítica efectuada por la defensa, dado que pierde sustento y fundamentación la decisión final adoptada, vulnerando principios básicos del proceso acusatorio, como son los principios de oralidad, contradicción e
inmediación", agregó el magistrado.

Sin embargo, el juez Gentile Bersano concluyó que "la función del empleo de las declaraciones previas se reduce a dejar evidenciada la renuencia, la hostilidad, o falta de credibilidad del testigo". Por ello sostuvo que la utilización de declaraciones previas se utilizan para "desacreditar, refrescar la memoria o cercar" la memoria del testigo "precisamente para poder recomponer la fortaleza de la tesis de la parte".