Se mantiene la tensión en Cali y el Gobierno colombiano busca apoyo de gobernadores

El Ejército de Colombia debió escoltar este sábado la entrada de camiones con combustible y alimentos a la ciudad de Cali, dominada desde hace días por protestas antigubernamentales que son reprimidas por la policía, mientras el presidente Iván Duque buscó dar una muestra de fuerza en una reunión con todos los gobernadores y un ya repetido llamado al diálogo y a rechazar la violencia.

"Estamos haciendo unos corredores de movilidad humanitarios (en Cali) con el fin de transportar los alimentos no solamente para las personas, sino también para los animales", informó el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, Miller Nossa, en declaraciones a Caracol Radio.

El ingreso de los camiones con mercadería se da después de que se alcanzara un acuerdo con sectores de transportistas que mantienen bloqueadas las principales rutas del país.

Los constantes bloqueos de camioneros y volqueteros provocaron un aumento del precio de los alimentos de más del 100%, según el diario colombiano El Tiempo.

Tras alcanzar un acuerdo, los militares escoltaron esta mañana camiones para llevar combustible a 15 estaciones de servicio en Cali, capital del Valle del Cauca, y se espera en las próximas horas el ingreso de más vehículos para proseguir con la distribución, informó la agencia de noticias Europa Press.

Mientras tanto, testigos denunciaron que tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, tras recibir disparos efectuados desde un vehículo "de alta gama" mientras se manifestaban en el centro de Cali contra la reforma económica del Gobierno.

La Policía Metropolitana de Cali se comprometió a investigar el ataque y aclaró que la protesta se desarrollaba en un lugar sin efectivos de la Policía Nacional, a la que se acusa de ser la causante de buena parte de la violencia de la última semana en la ciudad.

El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció que está previsto que varios agentes de policía sean imputados por la comisión de delitos de homicidio tras una serie de investigaciones y una lluvia de denuncias en las últimas horas.

Según la investigación, tres de los 11 presuntos homicidios que se registraron conducen a la imputación de miembros de la Policía Nacional colombiana.

De acuerdo a la Fiscalía, hay 24 muertos en el marco de las protestas y 11 de ellos estarían vinculados específicamente con las manifestaciones.

Organizaciones sociales, sin embargo, sostienen que los muertos son más y destacan que aún quedan cientos de desaparecidos.

Con Cali en el centro de las miradas, el ministro de Defensa, Diego Molano, volvió a vincular a la guerrilla ELN con “actos vandálicos y terroristas” en el marco de las protestas, a partir de la detención de alias Lerma, presunto cabecilla del frente urbano de la organización guerrillera en la ciudad.

“Esta captura demuestra la vinculación del ELN con los hechos y genera un camino para seguir la investigación. Queda claro que detrás de los actos vandálicos y terroristas en Cali de la última semana está una organización terrorista y narcotraficante”, dijo Molano, mientras el jefe de la Policía, Jorge Vargas, reveló que alias Lerma se reunía “en sitios clandestinos con venezolanos y grupos delincuenciales locales para generar actos contra los bienes públicos y el comercio y atentar contra policías y soldados”.

No es la primera vez que el Gobierno de Duque denuncia ataques o agresiones de guerrilleros en medio de protestas masivas que terminaron siendo reprimidas por la Policía y provocaron múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Pese a las advertencias del Gobierno, las protestas continuaron hoy en el undécimo día de manifestaciones en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, donde los cortes son más caóticos y se desparraman por toda la ciudad.

En paralelo, Duque siguió hoy con su ronda conversaciones sectoriales con una treintena de gobernadores, la mitad en el Palacio de Nariño y la mitad conectados de manera virtual, encuentro del que salió una declaración que “reconoce el derecho a la protesta pacífica y rechaza toda forma de violencia hacia los ciudadanos y hacia la fuerza pública”.

El texto, leído por el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, instó al levantamiento de los bloqueos y prometió diálogos en cada región “sobre generación de empleo, protección a los más vulnerables y protección social”, entre otros puntos, e hizo especial hincapié en “el interés” de conversar con los jóvenes “y motivar su participación en la búsqueda de consensos”.

En esa escena muy cuidada, Duque insistió en que las jornadas de diálogo deben ser espacios para “ser aprovechados: que nos escuchemos los que protestan, los que no protestan, los que paran, los que no paran, la sociedad como un todo”.

Como parte de su propuesta de diálogo, el mandatario ya se vio con integrantes del Poder Judicial –incluyendo las altas cortes-, las juntas de acción comunal, la opositora Coalición de la Esperanza, con directores de medios de comunicación y con alcaldes de las ciudades capitales. El lunes podría reunirse con referentes de las protestas.

Aunque evitó cualquier mención puntual a la represión y las denuncias de organizaciones de derechos humanos, Duque reforzó el mensaje de que “la institucionalidad rechaza categóricamente, sin ambages, cualquier forma de violencia”.