Santa Fe

En Diputados ponen el ojo sobre la economía del delito

Este martes, a las 16, se realizará la segunda jornada de debate sobre la economía del delito. Será en la Legislatura y participarán especialistas en la materia

Lunes 20 de Junio de 2022

Este martes, de 16 a 18, en la Legislatura se realizará la segunda jornada de debate sobre la economía del delito que organiza la Cámara de Diputadas y Diputados. El presidente de la Cámara, Pablo Farías, aseguró que es importante debatir este tema ahora porque "más allá de perseguir el delito complejo y las organizaciones criminales, si no se ataca la parte económica de la comisión de los delitos quedamos a mitad de camino".

"Lo que se busca es un ámbito donde se pueda debatir y sacar conclusiones. En el primer encuentro (que se hizo la semana pasada en Rosario) se buscó saber un estado de situación sobre esta problemática", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías y UNO Santa Fe le preguntó sobre cuál es el diagnóstico que se hizo. "La situación no es la mejor. No tenemos las mejores calificaciones en lo que son prácticas antilavado o de transparencia a nivel país y a nivel región también", sostuvo.

Además, señaló que en el encuentro se mencionó la preocupación por el atraso que tienen los Estados de la región en el cumplimiento de la normativa por parte de los Estados y de los particulares y que "a corto plazo tendrán que ponerse a tono con las exigencias del FMI y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que va a hacer una evaluación y para no tener una mala calificación habrá que hacer un esfuerzo importante".

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Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, impulsa la segunda jornada de debate sobre la economía del delito.

Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia, impulsa la segunda jornada de debate sobre la economía del delito.

Si bien la competencia en la persecución de este tipo de delitos es nacional, Farías destacó que hay mucho por hacer en la provincia. En ese sentido, la diputada Lionella Cattalini, autora de un proyecto de ley para crear la Agencia de Investigación y Prevención en el Delito Económico, dijo que esa iniciativa intenta institucionalizar como política de Estado la persecución del delito económico en Santa Fe.

"Nosotros veníamos trazando un camino que se cortó", dijo Cattalini y agregó: "En la provincia no podemos tener las mismas competencias que a nivel nacional, pero sí podemos crear organismos. Nosotros teníamos creada por decreto una comisión interjurisdiccional de lavado que hoy no está funcionando; la oficina anticorrupción, que también dejó de existir".

"De alguna manera, la intención era nuclear a todos los sujetos obligados de la provincia como el Registro de la Propiedad, la API, el Registro de Personas Jurídicas y demás para poder tener alguna política dentro de la provincia. Eso no está funcionando. La Aprad (Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales) hizo solo dos remates", aseguró Cattalini

Al ser consultada por UNO sobre los resultados que esa política tuvo durante los gobiernos del Frente Progresista, Cattalini respondió: "En primer lugar se generó un proceso que para el Estado es tedioso. Pero significa que los compartimentos estancos dejen de funcionar así y entiendan la necesidad de compartir información".

"El caso Delfín Zacarías –acotó Farías– surgió con datos que salieron de esa área del gobierno provincial. Después hubo una serie de informaciones que se volcaron a investigaciones del MPA que sirvieron para distintas causas que no fueron tan renombradas".

En ese sentido, Cattalini recordó que la causa Zacarías fue una investigación de Margarita Zabalza (subsecretaria de Delitos Económicos de Santa Fe). Además, la diputada afirmó que esa información que cruzaba el Estado fue aportada en muchas causas de trata de personas a partir de un protocolo llamado Redes, que era para el intercambio de información entre distintas áreas del Estado y el MPA.

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La diputada Lionella Cattalini recordó que el caso Delfín Zacarías se llevó a juicio a partir de una investigación del Estado santafesino.

La diputada Lionella Cattalini recordó que el caso Delfín Zacarías se llevó a juicio a partir de una investigación del Estado santafesino.

El Estado logró detectar a Zacarías debido a que en muy poco tiempo su entorno familiar registró 45 vehículos y 40 inmuebles.

"La operación de lavado –acotó Farías–, que consiste en ingresar saldos financieros de actividades ilícitas al circuito legal, es algo que puede provenir de distintos ilícitos. A veces puede ser de la evasión impositiva, pero en otras ocasiones tiene que ver con narcotráfico, trata de personas o la corrupción".

"Santa Fe es una provincia que tiene un movimiento económico importante y eso ayuda a que haya lavado, porque cualquiera que haga una maniobra de lavado de activos busca un lugar donde haya mucho movimiento porque si no se nota mucho y es más identificable la operación. No necesariamente cuando hablamos de lavado de dinero estamos hablando de narcotráfico", aclaró y dijo que es fundamental profesionalizar esas áreas.

Ante la consulta de por qué se realizan en este momento las jornadas, Farías dijo: "Es un buen momento para discutir esto porque hay un reconocimiento de que más allá de perseguir el delito complejo y las organizaciones criminales, si no atacamos la parte económica de la comisión de los delitos quedamos a mitad de camino".

"Atacar la parte económica es pegarles donde más les duele. Así como la ley de decomiso de bienes es muy buena en eso, porque se les empieza a sacar algo del poder que tienen las organizaciones criminales y eso se ve cuando los narcos siguen manejando el negocio desde la cárcel, perseguir todo lo ligado a las operaciones de lavado y blanqueo también ayuda a desarmar que esas redes sigan actuando", finalizó Farías.

En la segunda jornada de debate propuesta por Diputados los expositores serán la exsubsecretaria de Delitos Económicos de Santa Fe, Margarita Zabalza; los abogados Agustín Biancardi y Lisandro Martínez Gorostiaga; y el contador Sebastián Rabinowicz. El eje del debate será el lavado de activos, transparencia, cumplimiento normativo y planificación fiscal y económica.

El primer encuentro fue la semana pasada en el Colegio de Abogados de Rosario donde participaron distintos profesionales como contadores, escribanos, abogados, corredores inmobiliarios, entre otros; también se hicieron presentes funcionarios de distintos poderes del Estado.

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