En debate

Reforma laboral: los derechos en el banquillo

La arremetida oficial para realizar cambios en las leyes del trabajo se enfrenta a la resistencia de los gremios, que cuestionan la flexibilización de hecho

Domingo 04 de Agosto de 2019

El embate a los derechos laborales, la flexibilización del trabajo y la metodología cada vez más brutal de los despidos, recrudecieron en el último año al amparo de la intención del gobierno nacional –y del reclamo empresario– de volver a la carga con un proyecto de reforma laboral que el oficialismo inicialmente impulsó en 2017 después de las elecciones de medio término que planteaba ir al hueso y modificar directamente la ley de trabajo (Nº 20.744 ) que hoy rige en la Argentina. Aunque la ofensiva no pudo concretarse por la fuerte resistencia gremial y de algunos sectores políticos, desde los gremios coinciden en que, en los hechos, varios objetivos de esta iniciativa ya están cumplidos, ya que funcionan “de facto” con la anuencia de las autoridades laborales.

Los representantes gremiales y abogados laboralistas locales alertan sobre este panorama y se resisten no solo a la “modernización” planteada por el gobierno nacional y el empresariado aliado, sino también a la adhesión del gobierno provincial a la ley nacional de Riesgos del Trabajo (ART), que interpretan como un componente más de esa modificación de la regulación de las relaciones laborales.

Una muestra de esa resistencia la dieron esta semana los gremios del transporte de Rosario, que se unieron bajo la figura de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt), y encabezaron una gran manifestación opositora y las distintas movilizaciones que están llevando adelante y organizando los nucleamientos sindicales de la región, que confluyeron en protestas comunes luego de mucho tiempo de diferencias, justamente con la oposición a la reforma laboral como consigna unificadora.

Con el marcapasos del FMI colocado, el gobierno nacional y ciertos sectores empresarios alineados con el oficialismo siguen promoviendo el pretendido instrumento legal sin ocultar sus intenciones de avanzar sobre los convenios, facilitar las condiciones para efectuar despidos, bajar los costos laborales y eliminar el derecho de huelga, entre otras. Todo ello, bajo el fundamento de que un cambio en la legislación laboral permitiría el crecimiento del empleo y de la producción, algo que “tiene pocos fundamentos en la evidencia empírica”, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda.

En cada intento de sanción de la ley laboral “las características son siempre las mismas: abaratar los costos laborales, las contribuciones patronales y de esta forma desfinanciar las arcas del Estado y flexibilizar los contratos de trabajo y los tiempos de trabajo. La arremetida actual viene casi parecida a la de 2017. Lo que sí se nota, es un ataque al sindicalismo en forma frontal, no solo por la persecución a dirigentes sino por una campaña mediática de demonización del sindicalismo. Más allá de que haya dirigentes que responden a burocracias o que sean corruptos, en última instancia los gremios son los únicos que pueden defender y resistir frente a este embate que pretenden instalar para flexibilizar el derecho laboral en la Argentina”, señaló Luciana Censi, asesora sindical y miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario.

Para el abogado laboralista, docente y capacitador Osvaldo Di Prinzio, en la comparación con los anteriores avances sobre la modificación de la ley del trabajo “daría la impresión que las «innovaciones» que pretende esta reforma es bajar costos laborales a través de facilitar los despidos sin causa, reduciendo las indemnizaciones o directamente la total eliminación de las mismas dejando que el trabajador constituya con su salario un fondo de reserva o a voluntad del empleador el pago de una compensación, bajar costos con reducción en normas protectorias sobre la higiene y la seguridad en el trabajo, y facilitar un blanqueo de los trabajadores con costos mínimos para el empleador, lo que iría en desmedro de las jubilaciones, ya que se reducirían los ingresos para Ansés. En principio, parecería ir en línea con la planteada en el año 2017”, observó.

En adelante, “el gobierno va a intentar incorporar o modificar en el plexo normativo todo lo que no pudo lograr en estos casi cuatro años de mandato. No obstante, lamentablemente creo que ya consiguió su mayor objetivo en cuanto a las relaciones laborales, lo cual se dio con la drástica devaluación habida. En rigor de verdad, esta administración considera al trabajador como un costo, en tal sentido ya ha logrado su objetivo en bajar ese costo en términos y valores internaciones”, opinó Pablo Cerra, representante legal de la delegación rosarina de la Unión Obrera Metalúrgica.

Así, pese a no lograr la sanción definitiva de una reforma laboral, el gobierno “no ha fracasado”, afirmó Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario. En cambio “ha tenido éxito ya que se avanzó bastante desde 2016”, agregó y planteó como ejemplo “la flexibilización de hecho, una reforma a partir del crecimiento de la desocupación que llegó a dos dígitos”, indicó.

“Desde un primer momento fue un plan preconcebido, porque al tener dos dígitos, son mayores las posibilidades de obligar al trabajador a aceptar condiciones inferiores en cuanto a salarios. El crecimiento de la legión de desocupados determina una rebaja salarial que fue el primer objetivo del gobierno de Mauricio Macri y así ponernos a la altura de los países más atrasados de la región. Y lo han logrado: estamos por debajo de Chile en estos momentos”, precisó.

Elizondo remarcó: “Esta última arremetida es más furiosa, más radicalizada. Es una reacción feroz tendiente a imponer a como dé lugar la flexibilización laboral, todo lo que el FMI pretende que haga Argentina, que es amoldar su derecho laboral, al que consideran demasiado rígido, a las necesidades concretas del capital financiero. Si el derecho laboral subsiste, tiene que ser lo más flexibilizado posible, el poder de las empresas absoluto, y el trabajo debe adaptarse a sus objetivos”.

Despidos

Censi destacó como rasgo de los últimos tiempos “una brutalidad a la hora de despedir que antes no se veía: se realizan en masa, sin ninguna explicación al Estado, a la sociedad, ni justificación o solo por reorganización del proceso de trabajo dentro de las fábricas”, detalló.

Ante esto, Elizondo indicó que en este tercer intento de impulsar una reforma laboral se habla de la desaparición de la indemnización en caso de despido, algo que en los hechos ya viene sucediendo en innumerables casos, con cierres imprevistos, vaciamiento de empresas y abandono por parte de las patronales, sin siquiera tramitar procedimientos de crisis previamente. En tales casos, abogados laboralistas alertan que existe un vacío legal al respecto, ante la falta de leyes específicas que penalicen este tipo de proceder.

Un testimonio de esto fueron las inescrupulosas declaraciones del titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Julio Crivelli, quien junto al empresario Martín Cabrales, reclamaron hace dos semanas avanzar en la reforma laboral para “poder despedir sin pagar indemnización”, como en Estados Unidos, con el fin de reducir costos y aumentar la productividad, permitiendo reemplazar empleados por “otros mejores”.

“No hay una tipificación de esas conductas patronales, hay un vacío estatal en cuanto al control que se debería ejercer de ellas y en cuanto a la sanción que estas empresas deberían tener al momento de despedir en forma masiva. Incluso hay un aval de parte de los Estados nacionales y en algunos casos provinciales de los despidos masivos o colectivos que se llevan adelante sin ningún tipo de procedimiento administrativo o vulnerándolo para estos caso, porque se firman procedimientos preventivos de crisis que no son tales en los Ministerios de Trabajo o se firman despidos masivos sin recurrir a procedimientos administrativos previos”, advirtió Censi, y agregó que “también se ven despidos discriminatorios a aquellos que son los más activistas o los que quieren organizar a su colectivo sindicalmente en sus lugares de trabajo. Ellos son el primer blanco de despido”.

Por otra parte, dentro de los proyectos oficiales de flexibilización laboral se habla del fondo de cese, como ocurre dentro del sector de la construcción desde 1967, por el cual cuando se produce el despido, la patronal va depositando del 12% sobre el salario el primer año y 8% los subsiguientes. Los defensores de sustituir las indemnizaciones por este sistema sostienen que al disminuir el costo empresarial de los despidos, estimularía a los empresarios a contratar más trabajadores.

“Si esto se generalizara, sería la desaparición de la última valla legal tendiente a proteger al trabajador contra el despido arbitrario, violando claramente el artículo 14 bis de la Constitución. Entendemos que la verdadera protección contra ello es la estabilidad propia que permite la propiedad del empleo, mientras no exista una causa económica, disciplinaria que amerite un despido. Hasta el momento la Corte Suprema no ha cambiado ese concepto y están los tratados internacionales, declaraciones y pactos a los que adhirió la Argentina y que tienen que ser respetados, por que son parte de la constitucionalidad. Creo que este intento es indefendible”, remarcó el vicepresidente de la asociación letrada local.

Mala palabra

Modernizar es la palabra más esgrimida para justificar la necesidad de reformular los convenios de trabajo y frente a las nuevas formas y relaciones laborales signadas por la tecnología. “Reforma no sería una mala palabra, ya que se puede reformar para ampliar derechos, el problema es que en este caso se buscar reducir derechos o conculcarlos directamente. Y se viene realizando desde el inicio de este gobierno, pero a través de modificar los convenios en zonas críticas como la de explotación petrolera por medio del fracking, la crisis de la industria láctea y la apertura indiscriminada de productos electrónicos, con reducción de derechos. Casos ejemplificadores son Vaca Muerta, la cuenca láctea con la desaparición de la Cooperativa SanCor y Tierra del Fuego. En cualquier caso que se intente modificar normas que pongan al laburante en una situación de mayor debilidad frente a la parte más poderosa en la relación laboral, no puede tener una opinión favorable”, resumió Di Prinzio.

“Habría que ver qué significa la palabra modernizar para los que se manifiestan a favor, porque si entienden que es retroceder en el tiempo, a fines del siglo XIX o principios del XX, de moderno no tiene nada. Si el objetivo es quitarle derechos a los trabajadores, que desaparezca todo tipo de estabilidad y el salario mínimo vital y móvil, estamos absolutamente en contra”, afirmó Elizondo. Y aclaró que “los sindicatos no se niegan a las nuevas tecnologías sino al contrario, porque incorporarlas no debe significar de ninguna manera perder derechos, al contrario, exige la reducción del tiempo de trabajo, se repartiría mejor y se generarían mejores condiciones para incorporarlas, sin reducción de salario”.

Según Di Prinzio, las nuevas normas laborales en el mundo desarrollado, en especial en Europa, “son dinámicas y van adaptándose a la realidad económica social de cada país, pero nunca buscan la contracción de derechos, sino todo lo contrario: avanzan en conseguir mejores condiciones laborales y reducir de los perjuicios en la salud de los trabajadores, no ubberizar el trabajo con normas regresivas”.

“Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo (como por ejemplo el teletrabajo), los contenidos de géneros, entre otras cosas, exigen un debate serio, y por ende una reforma si se quiere. Pero ello jamás puede ser llevado a cabo en menoscabo de los trabajadores. Para ello es necesario fortalecer las instituciones laborales, los sindicatos que son el estandarte fundamental de la defensa de los derechos de los trabajadores. Los países donde los trabajadores ostentan sus mayores derechos (nórdicos) son de los que más altos índices de sindicalización tienen en el mundo. Por tal motivo, bienvenido sea el debate, que sea fortaleciendo las instituciones sindicales y que los mismos generen más derechos a favor de los trabajadores y nunca retrocesos”, consideró el abogado de UOM.

Para la abogada laboralista María Eugenia Caggiano, en todo caso “es momento de un debate con ideas que repliquen fórmulas nuevas que promuevan el éxito de las economías regionales, de la industria nacional y fundamentalmente que reafirmen la continua aptitud de la relación de trabajo como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores. Las otras ya fueron testeadas y no han dado resultado”.

“Se siguen replicando viejas fórmulas. No puede pensarse en una transformación del mundo del trabajo que siga omitiendo sentar a la mesa a las mujeres trabajadoras, que persista en evadir la participación de ellas en todos los ámbitos del mundo del trabajo cuando las estadísticas sí dan cuenta que las mujeres ocupamos mayor cantidad de puestos de trabajo formal e informal”, enfatizó la profesional.

Contra los sindicatos

Para el abogado y asesor de la Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera de la Argentina, Carlos Zamboni Siri, en la “búsqueda de retrotraer la relación capital-trabajo al estado anterior a la existencia del derecho del trabajo, el objetivo final es eliminar cualquier tipo de intermediación entre el trabajador individual y el empresario, es decir la legislación laboral y la acción colectiva a través de los sindicatos, que son un obstáculo para la implementación de la vieja receta neoliberal. Por ello en paralelo a la reforma vemos una profundización en el ataque directo del gobierno nacional a los sindicatos”.

En ese sentido, Censi observó que “a diferencia de la reforma de los 90, hoy hay un ataque frontal y brutal contra el sindicalismo, que se da no solo por la persecución a dirigentes sino por una campaña mediática de demonización, siendo que en última instancia son los únicos que pueden defender y resistir frente a este embate que pretenden instalar de flexibilizar el derecho laboral en la Argentina”.

Para Elizondo, este rasgo es precisamente “un objetivo central del gobierno: liquidar absolutamente el poder sindical. Y si no desaparecen, que se transformen en una especie de liga de templanza. Esto tiene que ver con la liquidación de los convenios colectivos por actividad, que son mayoría en nuestro país, para reemplazarlos por sectoriales. Cuando (Mauricio) Macri habla de modernizar los convenios, habla de esto. Y otro objetivo es que no haya más paritarias, porque si las hay, si hay aumento salarial, es porque los trabajadores lo pueden conseguir con fuerza de lucha”.

Más flexibilización

Dentro de la gama de métodos de desregulación que de hecho están en marcha, Cerra remarcó que el uno de los métodos más corrientes es la vigencia de contratos basura, figuras independientes u autónomas fraudulentas donde se enmascara una típica relación de trabajo como cualquier otra para evadir la ley laboral. “Esto no es nuevo, pero ante las necesidades económicas y en épocas de crisis hay aprovechamiento de estas figuras. Hoy una persona piensa primero en alimentar a su familia y después defender sus derechos, es lógico que así sea, pero no está bien. La situación como la que vivimos es un caldo de cultivo para perpetrar reformas como la de este tipo, por eso reitero que la resistencia sería, institucionalizada y organizada es la más eficaz para evitar estos atropellos”.

Elizondo coincidió en que “la tercerización se ha generalizado mucho y asimismo la flexibilización del trabajo a partir de las plataformas, de las apps, que son formas de encubrimiento de la relación laboral. Es evidente que se pretende disfrazar una relación laboral a través de un supuesto trabajo independiente. Ello está obligando a los trabajadores a organizarse y a la creación de nuevos sindicatos”.

Di Prinzio citó como ejemplos de precarización y flexibilización y sus consecuencias a la industria de Tierra del Fuego, donde “por dos años no se reabren paritarias, se permite la suspensión con reducción del salario, y solo se garantiza 140 horas mensuales (el anterior convenio fija 200 horas), lo cual generó 9.000 despidos y marcó la tasa de desocupación más alta del país. En Vaca Muerta, se modificó el convenio colectivo de la actividad, con el establecimiento de las multitareas, modificando el cronograma de descansos, y permitiendo un excedente de horas trabajadas que hace que el obrero se distraiga y esté cansado y eso son factores contribuyentes para que se dé un accidente, llegándose a 8 muertes en 15 meses del nuevo régimen laboral”.

También “en la industria láctea se facilita la tercerización y las multitareas, que aumentan la siniestralidad laboral. Todo esto enseñaría que hay una relación directa entre la flexibilización y los despidos y los problemas de inseguridad laboral, y que la reducción de empleo registrado facilitaría el crecimiento de empleos flexibilizados”, concluyó el docente en Derecho Laboral.

“Las formas de flexibilizar no son nuevas, más allá que al fraude laboral se lo disimule con las nuevas tecnologías. La pérdida de derechos se ve en los lugares de trabajo, y aquí resulta fundamental el rol de los estados en los trámites de los Procedimientos Preventivos de Crisis, en donde pareciera existir una zona liberada para despedir y en donde se lleva a los trabajadores a renunciar a derechos que son por mandato constitucional irrenunciables. Por supuesto que la caída del salario real y del empleo es el principal precarizador del mercado de trabajo”, remató Zamboni Siri.

Cortina de humo

Para Caggiano “el momento de discutir la reforma laboral ha finalizado. La propuesta presentada por el gobierno en 2017 tuvo su oportunidad para ser discutida en el Congreso. Llama la atención, que a escasos días de las elecciones que definirán la continuidad de este modelo o no, se coloquen en cartelera anuncios sobre dicha reforma nuevamente”. Es que “desde el Poder Ejecutivo no ha habido comunicación oficial alguna. Pareciera que los verdaderos destinatarios del anuncio son los administradores de la macro economía (Unión Europea, FMI), principales sostenes de este modelo”, opinó la profesional.

Lo perdido

“Tal como lo anunciábamos en su momento, el cambio de modelo en la gobernabilidad en Argentina, traía aparejado un cambio de paradigma en el mundo del trabajo. Vaticinábamos la precarización y esa tendencia se consolidó, y con ella el crecimiento exponencial de la desigualdad”lamentó Caggiano. Y graficó, a modo de ejemplo con la caída del poder adquisitivo del salario mínimo del 13% entre los meses de marzo de 2018 y 2019, Al finalizar los acuerdos salariales del período 2018 se vieron fuertemente afectados en la pérdida del salario real los trabajadores del sector del calzado (17%) industria textil (17%), administración pública (14%), y “esa tendencia se trasladó al primer semestre del 2019, se registró la duplicación de trabajadores suspendidos en el sector privado, el poder adquisitivo de los salarios se contrajo, afectando el consumo y el nivel de actividad y es la más severa desde la salida de la convertibilidad. Ahora bien, ninguna estadística publicada de este período interesa si no se mide en términos comparativos con los contenidos alcanzados desde la salida de la convertibilidad”, observó.

La semana pasada el Ministerio de Producción y Trabajo informó que el año que pasó entre mayo de 2018 y el mismo mes de 2019, el padrón de trabajadores se redujo en 217.100 puestos, o sea que la destrucción de empleo fue mucho mayor a la creación de trabajo. “Puesto que se pierde, puesto que nos se recupera más. A mayor recorte del derecho laboral, hay menos trabajo: todo lo contrario de la propaganda infame de la televisión para crear nuevos puestos”, denunció Elizondo.

Y remató: “Si existe un instrumento que permite despedir o lo facilita, y se usa, ese instrumento destruye el trabajo, no lo crea. Porque si se echa a la gente en momentos de crisis, no es para reemplazar por otro: es un puesto que se pierde, que lo pierde la sociedad y eso es lo que pretenden que no se entienda”, concluyó.

En lucha

Esta semana los gremios dieron decididas muestras de resistencia a la reforma laboral como el caso de los del transporte tanto terrestre, como fluvial y aéreo, que lograron zanjar diferencias y se confederaron en la Catt. Para celebrarlo y manifestarse precisamente en contra de la flexibilización y de cualquier pretensión del gobierno de modificar la ley laboral, se realizó el miércoles una gran marcha de camiones, principalmente de recolectores, a lo largo de más de 30 cuadras de extensión. El recorrido circuló por el bulevar Oroño, y finalizó a la altura de calle Tucumán, en el club Sportivo América, donde hubo un acto encabezado por el titular de la confederación nacional, Juan Carlos Schmid.

En ese marco, el propio dirigente y los distintos referentes sindicales que integran la comisión directiva de la flamante delegación rosarina, advirtieron que darán se movilizarán contra cualquier intento de reinstalar la reforma y también contra el proyecto de adhesión provincial a la ley nacional de ART, que ya cuenta con media sanción del Senado, y que consideran lesiva a los derechos de los trabajadores por “poner trabas” a la posibilidad de litigar en caso de un accidente laboral, entre otras objeciones.

Denuncian que la norma nacional, tal como está sancionada, dista de garantizar la seguridad, no fija medidas preventivas y que en todo caso tiende a favorecer a empresas y aseguradoras de riesgos.

El costo laboral y el empleo

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) alertó, en su último informe, sobre “las fragilidades de la economía doméstica” y el debate que instaura el oficialismo sobre la necesidad de impulsar una reforma laboral.

En este contexto, el trabajo concluye que la evidencia empírica “no demuestra ni garantiza que una política de flexibilización y reducción de costos para el despido y litigiosidad laboral (una de las principales demandas del mundo empresario y del FMI) genera más trabajo y producción”.

De hecho, “las condiciones laborales ya se vienen precarizando desde diciembre de 2015”, sin crecimiento del empleo”, dijeron desde Undav. Para graficar, la institución indicó que en abril del este año el salario real del sector privado formal cayó un 17,8% en relación a octubre de 2015 y un 13,5% en relación a diciembre de 2017.

“No obstante, lejos de recuperarse, el empleo del sector sufrió una caída del 2,5%. Unos 158.000 puestos de trabajo se destruyeron en 16 meses en el sector privado formal a pesar de la brutal caída de los costos laborales”, señaló la casa de estudios y concluye: “la evidencia empírica demuestra que el aumento y descenso de las tasas de desempleo está correlacionada con los ciclos económicos y no con una mayor o menor flexibilidad del mercado de trabajo”.

Finalmente, Undav advirtió que la reducción de costos de indemnización y la litigiosidad laboral, profundizará la inestabilidad laboral y económica, siendo el eslabón más débil en la relación capital-trabajo, echando por tierra las históricas conquistas obreras y sindicales.

Fuente: La Capital

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