pliego polémico

Tribunal de Cuentas: una trama de hostigamientos, amenazas y violencia de género   

Denunciantes le reclaman al gobernador ​que retire el pliego de Oscar Biagioni para renovar la presidencia del organismo

Martes 05 de Octubre de 2021

El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Oscar Biagioni, se encuentra bajo la mira ante la solicitud de renovación de su cargo. El pliego fue enviado desde el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que sea tratado en la Legislatura santafesina este próximo 7 de octubre. Aunque, si no hay objeciones, en cuestión de semanas quedará aprobada automáticamente. Varias agrupaciones feministas como la Mesa Ni Una Menos, Mujeres por la Paridad, entre otras, junto a diputados provinciales como Palo Oliver, Mónica Peralta y Dámaris Pacchiotti le solicitaron a Omar Perotti que retire el nombre de Biagioni antes de este jueves por la sentencia judicial que lo señala como autor de violencia de género en el ámbito laboral y otras denuncias.

Fueron múltiples las reuniones que se realizaron tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores. Legisladores se reunieron con el juez Carlos José Guillermo Garibay, que fue quien sentenció este año a Biagioni por la autoría de hechos de violencia de género en su labor como presidente del Tribunal de Cuentas. Le pidieron explicaciones de su resolución, y hay varias opiniones sobre sus respuestas. Por un lado consideran que el fallo da cuenta de agresiones, hostigamiento, amenazas contra mujeres y del comportamiento misógino. Por otro, dicen que es habitual este tipo de resoluciones en los ámbitos laborales, minimizando el hecho. Nadie de los presentes quiere poner la firma públicamente de las valoraciones.

Hubo una reunión con algunas de las víctimas con diputadas feministas. Son cinco las mujeres, con diferentes categorías que la semana pasada contaron en Diputados sus padecimientos y señalaron a Biagioni como autor de diferentes violencias de género y como habilitante de un clima patriarcal de trabajo en las oficinas del Tribunal de Cuentas.

Las denunciantes pasaron por varias instancias en los últimos dos años a partir de las agresiones. Todas las que se atrevieron a dejar sentado los hechos, terminaron con licencia médica y actualmente no se ven posibilitadas a ejercer sus funciones en su espacio laboral. Radicaron denuncias en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), Centros Territoriales de Denuncia, Defensoría del Pueblo, Secretaría (hoy Ministerio) de Género e Igualdad de la provincial, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación y en los Tribunales laborales. Recibieron respuesta solo de las últimas dos instituciones.

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Por estas horas, los diputados definen internamente en cada bloque los pasos a seguir. Oliver, Peralta, Pacchiotti ya adelantaron sus votos negativos. Pero queda antes esperar el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos Legislativos cuyos integrantes son los senadores Alcides Lorenzo Calvo, Lisandro Rudy Enrico, Joaquín Raúl Gramajo, Rubén Regis Pirola, y los diputados Clara García, Fabián Lionel Bastía, Leandro Busatto, Lionela Cattalini, Gabriel F. Chumpitaz, Filipone, Nicolás F. Mayoraz, Maximiliano N. Pullaro, y Gabriel Edgardo Real.

En caso de no contar con quorum este jueves, la asamblea volverá a ser convocada para el 14 de octubre. Si ese día no se consigue el quorum, el 15 de octubre quedará aprobada la designación de Biagioni de manera tácita.

Por su parte Peralta, le dijo a este medio: "Este pliego debería ser retirado por el gobernador. Y de no ser retirado que lo considero un error político grave porque estamos hablando distintas denuncias en tipos de violencia ejercida contra mujeres empleadas del Estado. Además de otras denuncias que fueron surgiendo en otros órdenes y que también afectan su desempeño como funcionario y la Justicia deberá establecer su inocencia".

"Es cierto que el principio de inocencia es un derecho. Pero también es cierto que retirar el pliego ante una situación tan delicada cómo esta es un gesto de respeto no solo hacia las mujeres que son víctimas todos los días de alguna violencia y no se animan a denunciar a sus parejas, familiares o jefes por miedo a perderlo todo. La asamblea legislativa debe llevarse a cabo para que cada fuerza política pueda expresarse con relación a este tema", sostuvo.

UNO Santa Fe solicitó hablar con autoridades del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, pero no hubo respuesta.

La sentencia

El fallo judicial al que accedió UNO Santa Fe dictado el 13 de agosto de este año en el juzgado de primera instancia laboral fue resuelto por el juez Carlos José Guillermo Garibay. El magistrado le ordenó a Biagioni y al abogado Fernando Serrichio “el inmediato cese de hostigamiento, malos tratos o tratos descomedidos y de actos de discriminación laboral" contra la denunciante que tiene más de una década de trabajo en el Tribunal de Cuentas.

Además se les impuso una “medida de protección de acercamiento y de comunicación directa” y les ordenó realizar la capacitación en todo el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme “la ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado”, Ley Nº 26.485. También les recomendó, especialmente, la lectura de la obra de Roberto Saba, “Más allá de la igualdad formal ante la ley. Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados".

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Sobre esta sentencia la mesa Ni Una Menos –conformada por diferentes organizaciones sociales, barriales, sindicales, partidarias y políticas feministas del centro y norte provincial– sostuvo: “La gravedad del hecho es suficiente para considerar que el contador Biagioni no puede desempeñarse en tal alto cargo y no se lo puede considerar idóneo, aún cumpliendo la capacitación obligatoria de la ley Micaela. Su conducta violenta es inapropiada, inidónea, abusiva y carente de perspectiva de género”.

Más denuncias

A esta sentencia se sumó otra denuncia de dos fiscales del Tribunal de Cuentas que fue presentada en el Senado provincial y tiene el aval del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Allí relatan que en diciembre de 2020 las coaccionaron "a firmar una gestión que podría integrar una denuncia en un juzgado federal" y que al no acceder a participar del trámite les trajo "consecuencias internas de exposición y denostación como profesionales y mujeres, además de las que ya veníamos tolerando desde 2017". Relatan que a partir de la sentencia judicial de Garibay comenzaron a recibir "muchas consultas de mujeres de todas las delegaciones del Tribunal de Cuentas preocupadas por la renovación del mandato de este vocal y que por miedo deciden callar, obedecer y bajar la cabeza, por ahora".

También describen que tienen conocimiento de otra denuncia administrativa que se presentó en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación de una agente de Rosario, con lo que se suman tres denuncias en sede nacional, y tres exposiciones de una agente rosarina. Asimismo alertaron y anticiparon que Biagioni obligó "a todos los empleados del Tribunal de Cuentas a firmar una solicitada para su renovación en el cargo" y que en especial "le recomienda a las mujeres que lo apoyen mediante un petitorio". Denunciaron además que el mismo accionar lo realizó años atrás para que apoyen a su hijo Gino, luego de que este atropellara al joven Pato Gómez el 19 de febrero de 2017 en Mendoza y 27 de Febrero.

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María Ayelén González, coordinadora del Programa Acercar Derechos regional Santa Fe del Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación acompañó la presentación de las abogadas fiscales en el mismo documento. Allí describe que las víctimas sufrieron hostigamiento, amenazas, maltrato psicológico, corrimiento, vacío de funciones, entre otros padecimientos. "Se vuelve indispensable que esta Asamblea Legislativa dictamine acerca de la situación a la luz de las normativas nacionales e internacionales que rigen en la materia", sostiene González. Y concluye: "Solicitamos que se pongan en conocimiento de estas situaciones previo a las votaciones ya que no pueden consentir estas condiciones en la persona de un funcionario público".

Por su parte, la Comisión de Acuerdos –Asamblea Legislativa– recibió una nota de apoyo legislativo a Biagioni con 122 firmas (siete repetidas) de mujeres que trabajarían en el Tribunal de Cuentas. Una de las firmantes, C. L., envió a este medio fotos de la resolución del fiscal Marcelo Fontana del 16 de abril de 2021 en la que desestima una de las denuncias por coacción y amenazas por considerar "que el hecho anoticiado se encuadre en una figura penal, surgiendo que se trate de reclamos civiles o correspondientes a la órbita administrativa".

En diálogo con una de las víctimas a la que se le reservará la identidad por pedido, dijo a UNO que la práctica de juntado de firmas en apoyo es un método recurrente para Biagioni, que muchas de las firmantes tienen hijos u otros parientes en puestos dentro del mismo Tribunal y que se ven presionadas a firmar. Expresaron que antes de la presentación de la nota formal, les alertaron qué iba a ocurrir y les pidieron perdón a las denunciantes por no poder actuar de otra manera.

Otra denuncia presentada en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación el 15 de septiembre de este año relata que una mujer, que además de trabajar en el Tribunal de Cuentas lo conoce desde la adolescencia por ser vecinos, Biagioni le enviaba mensajes sugestivos por WhatsApp. A los textos los enviaba y los borraba, como también la llamaba para decirle estas cosas, y al no encontrar una respuesta a su favor, la bloqueaba.

Este comportamiento de Biagioni siguió hasta que la bajaron a la mujer de la categoría 22 a la 19, y luego a la 21. De acuerdo a la denuncia, en reuniones laborales, frente a colegas, Biagioni le decía a esta mujer cuando ella hablaba: "Mandame el título habilitante", con el fin de descalificarla. También relata que el presidente del Tribunal de Cuentas suele ingresar a las oficinas y decirle a los empleados: "Yo sé todo, me entero de todo", y luego hacía movimientos de personal, actos que derivan en que los trabajadores tengan miedo hasta de hablar por teléfono o chatear.

Acoso y bullying a una mujer con discapacidad

La denuncia más estremecedora a la que accedió este medio es la de una abogada con discapacidad en Rosario que radicó hechos, y luego los ratificó, en un Centro Territorial de Denuncias en abril de este año. Allí se relata que era acosada sexualmente por un jefe (P. B.) entre 2019 y 2020. La situación era tal que a pesar de no haber dicho nada ni realizar ningún reclamo, varias de sus compañeras se dieron cuenta de lo que padecía por lo que solicitaron una reunión (sin su presencia) con Biagioni con el fin de que intervenga. En respuesta, la mandó a trabajar en un pasillo de los Tribunales de Cuentas de Rosario.

Hizo el reclamo para poder volver a trabajar en una oficina como el resto de sus compañeros, y Biagioni le dijo –según su relato– que pensaba que no era abogada, y le prometió volver a trabajar en las condiciones aptas. Pero a partir de ahí todo empeoró: desaparecían sus archivos, expedientes, borraron datos de su computadora y la culpaban a los gritos con insultos. Además, le escondieron la llave del único baño adaptado para su discapacidad durante casi un año.

Estos hechos de maltrato constante ocurridos durante el 2020, la llevaron a principios de este año a solicitarle a Biagioni que intervenga. La respuesta fue trasladarla a la oficina de P. B., nuevamente.

Causa contra dos jefes policiales

El martes pasado el diario La Capital reveló que dos fiscales de la provincia señalaron que Biagioni ofreció información reservada desde el Senado al exjefe provincial Rafael Grau, acusado de desviar en su provecho partidas para reparar patrullas.

De acuerdo a la acusación de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, al saber Grau que estaba en la mira, accedió a informaciones confidenciales del legajo en el que de manera reservada el MPA investigaba gracias a que se lo comunicó el secretario Parlamentario de la Legislatura Ricardo Héctor Paulichenco, fallecido en diciembre de 2019, quien según los acusadores le proporcionó al alto jefe policial detalles del caso que al día de hoy se desconoce cómo obtuvo.

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Según los fiscales, estas comunicaciones entre Paulichenco y Grau tenían lugar desde la propia Legislatura. Y en al menos una ocasión el diálogo se produjo con Biagioni, entonces ya presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe. Este es el órgano que tiene a su cargo “aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten”, según el artículo 81 de la Constitución provincial.

De acuerdo al texto acusatorio contra los jefes policiales presentado hace dos semanas, Biagioni se puso a disposición de quien estaba siendo investigado como jefe de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado para lo que necesite, destacando que lo ofrecía en su carácter de presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar “con la información” y con “todos los datos” que le podía brindar en tal carácter.

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Hoy, Oscar Biagioni es vocal y presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia desde 2015. Antes fue asesor de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, cargo que ocupó desde 2011, para el senador Armando Traferri. Previamente, desde los 80, tuvo cargos jerárquicos en los ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos, de Obras Públicas y de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio en Santa Fe. También fue funcionario nacional y en los gobiernos de las provincias de Corrientes y Catamarca.

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