Inundación: la Corte ordenó que el juez de primera instancia defina si la causa prescribe

A 14 años del desborde del río Salado que causó 18 muertes en la ciudad de Santa Fe y que despojó a miles de santafesinos de sus viviendas a fines de abril y principios de mayo de 2003, la causa que investiga el caso volvió a tener un nuevo paso en el laberinto judicial que desde hace, al menos tres años, avanza y retrocede en los tribunales santafesinos entre apelaciones y recursos de inconstitucionalidad.

En la tarde del martes, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió el recurso de queja que fue presentado por la defensa del exintendente, Marcelo Álvarez, quien está procesado por estrago culposo, al igual que dos exfuncionarios municipales: Edgardo Berli (exministro de Obras Públicas) y Ricardo Fratti (exdirector provincial de Hidráulica).

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El dictamen emitido desde el máximo tribunal de Justicia ordenó, por unanimidad, que el expediente vuelva al tribunal de origen, el de Sentencia N° 6, a cargo del juez Octavio Silva y sea ese magistrado quien resuelva si la causa está prescripta. En caso de que no prescriba, deberá dictar sentencia para los tres exfuncionarios.

"Corresponde remitir los autos principales en forma urgente al Tribunal de origen para que proceda inmediatamente a continuar con la tramitación de la causa según su estado y al dictado de la sentencia", expresa la resolución de la Corte.

Si bien el máximo tribunal santafesino ordenó que el expediente continúe en primera instancia, la defensa de Álvarez, a cargo de Pablo Guastavino, podrá apelar la resolución, dentro de un plazo de días, y recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otro lado, y en el hipotético caso de que la causa prescriba (y si la defensa de Álvarez no recurre a la Corte nacional) en el Juzgado de Sentencia, la Fiscalía que investigó los hechos -a cargo de Mariela Jiménez- podría apelar la medida y nuevamente sería la Cámara de Apelaciones quien tendría que resolver y posteriormente, la Corte provincial.

Idas y vueltas y una causa que no cierra

Esta resolución de la Corte surgió en 2014 cuando el juez de Sentencia N° 3, Cristian Fiz, rechazó el pedido de prescripción que impulsó el abogado defensor del exintendente Álvarez.

Ese dictamen fue apelado en la Cámara de Apelaciones. Allí, en 2014 el organismo judicial de segunda instancia se expidió y declaró la excepción de prescripción de la acción penal que planteó la defensa ya que la consideró, en ese entonces, como "extemporánea".

A ese fallo de la Cámara, la defensa volvió a apelarlo mediante un recurso de inconstitucionalidad que volvió a ser rechazado por un tribunal de alzada en marzo de 2015 ya que lo calificó de "inadmisible".

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Seis meses después, cuando la causa se volvía a tramitar en el Juzgado de Sentencia, los defensores volvieron a plantear el sobreseimiento de Álvarez. Nuevamente fue rechazado por el magistrado.

En medio de ese camino judicial, la causa volvió a ser apelada por Guastavino en segunda instancia donde en junio del 2016 volvió a hacer lugar a que el expediente vuelva al juzgado original para su correspondiente tratamiento.

Por esa razón, volvió a ser rechazado por la defensa del exmandamás municipal y terminó siendo derivado, a través de un recurso -en queja- hacia la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el cual fue admitido el pasado 7 de febrero. Seis meses después, el máximo tribunal, ordenó que vuelva a primera instancia y sea el juez, Octavio Silva -a cargo del Juzgado de Sentencia N° 6- el que dirima un nuevo episodio en el laberinto judicial de la Inundación de 2003.