Hoy va a Diputados el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia

El presidente Alberto Fernández y gobernadores acordaron ayer, en un hecho sin antecedentes en la historia argentina, impulsar de modo conjunto el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, acusándolos de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos. El pedido de jury será enviado hoy a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados nacional, donde el Frente de Todos (FdT) tiene mayoría.

•LEER MÁS: Alberto Fernández y 12 gobernadores acordaron impulsar el juicio político a la Corte Suprema

El jefe del Estado encabezó en la Casa Rosada un encuentro con los mandatarios que rechazan la medida cautelar dictada por la Corte a favor de la ciudad de Buenos Aires en torno a un diferendo por los fondos destinados al traspaso de la policía a la órbita porteña.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, señaló el pedido de juicio político se realiza “en el marco del artículo 53 de la Constitución, en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.

Por eso, solicitaron al Congreso el juicio político contra el santafesino Horacio Rosatti, así como al resto de los integrantes de la Corte: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El planteo será enviado hoy a la comisión de Juicio Político de Diputados.

El gobernador chaqueño detalló que los hechos supuestamente irregulares del máximo tribunal van desde “la violación de la ley de ética pública” hasta el mal desempeño “a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080”, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937.

A esos hechos se suma la medida cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de “manifiesta parcialidad” en favor de un sector partidario, en alusión a Juntos por el Cambio (J×C).

“Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos y las argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida del patrimonio del honor y de la libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución y sobre todo los principios que son esenciales desde el punto de vista al principio republicano”, dijo. Y ejemplificó con el fallo de la Corte que ordenó al Estado nacional un aumento en la coparticipación a favor de la ciudad de Buenos Aires, al elevarla al 2,95 por ciento.

“Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de las provincias y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad”, apuntó.

Para que la comisión de Juicio Político pueda iniciar su trabajo, el Ejecutivo deberá enviar, en las próximas horas, una convocatoria a sesiones extraordinarias que, según se pudo saber, tendrá un temario más amplio que el del tratamiento del juicio a la Corte.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que la Corte avanzó sobre “atribuciones que no les son propias” y que corresponden a los restantes poderes del Estado. “No es una cuestión solamente de los chats, están los fallos. Es a través de los fallos” que se establece la acusación, aseveró.

El mandatario santiagueño, Gerardo Zamora, señaló que la Corte desoyó y “ni siquiera contestó” tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña.

Añadió que esa situación “se agrava muchísimo” luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

“La legitimidad del presidente de la Corte Suprema está totalmente en duda y, con ello, el estado de derecho”, añadió.

Ausencias y desmentida

El comunicado lleva las firmas, además de Capitanich, Kicillof y Zamora; de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Santa Fe, en tanto, no fue de la partida.

Si bien la Rosada había incluido en la lista al entrerriano Gustavo Bordet, en la Gobernación de esa provincia desmintieron que haya firmado el acuerdo. Otro que estuvo ausente porque está de vacaciones es Mariano Arcioni de Chubut ni tampoco asistió el vicegobernador que está en funciones, aunque lo incluyeron entre las firmas.

El presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro de Interior, Eduardo Wado de Pedro.

El domingo pasado, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández había anunciado públicamente, a través de una carta, la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra Rosatti, también presidente del Consejo de la Magistratura.

Imputación

Paralelamente, el juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari imputó y ordenó el secuestro del teléfono celular de Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura.

La medida fue dictada luego de la denuncia presentada por Zamora, gobernador de esa provincia, quien aseguró ayer que el imputado “no quiso entregar sus teléfonos”.