A diez años de la inundación que dejó bajo agua a un tercio de la ciudad de Santa Fe, sólo una causa penal investiga las responsabilidades políticas de esa tragedia evitable. El expediente se inició y se sostiene por una pareja de santafesinos que lograron enfrentarse a las artimañas administrativas que cambiaban una insignificante reparación económica por la renuncia a todo tipo de acción contra el Estado provincial. Son María de los Milagros Demiryi y Jorge Castro, que junto a sus hijos son los únicos actores civiles en la causa penal que deberá definir las responsabilidades técnicas y políticas sobre la inundación que provocó más de 150 muertes, directas y derivadas. Por su incansable lucha contra la impunidad de un caso que afectó a toda una ciudad y por su compromiso social desde el movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, hoy son parte de los santafesinos destacados por Diario UNO.
A diez años del trágico 29 de abril, Jorge y Milagros siguen en búsqueda de justicia
“Este 2013, para los organismos de derechos humanos ha sido un año más de lucha y para la causa inundación fue una instancia de perseverancia en busca de ampliar el abanico de responsabilidad, pero nos encontramos una vez más con la inacción no sólo de la justicia en el aspecto de que si bien hubo avales para fiscalizar las audiencias de prueba antes de la sentencia, todo se frustró por la actitud del juez Urdiales, en primer lugar, que no nos dejó ni grabar ni filmar las audiencias; y por otro lado la actitud que tuvo al abandonar la causa, hecho que nos producirá una demora y nos llevará a incurrir a tribunales internacionales”, aseguró Jorge Castro.
Respecto de su lucha de cara al 2014, Castro aseguró que pondrán todas sus fuerzas en la campaña “Funcionario hacete cargo”, la cual fue lanzada a nivel nacional el pasado 20 de diciembre. “Nos unimos a los defensores de otras causas que no encontraron justicia –como Cromagñón, la desaparición de Jorge Julio López, los asesinados 19 y 20 de diciembre del 2001, asesinato de Silvia Suppo, entre otras– con el fin de expresar la profunda necesidad de justicia real y no declamativa ni virtual por parte de los poderes estatales”, concluyó.
