Alberto Martínez, el líder de Apropol, finalmente no se presentó en Tribunales

El principal referente de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), la organización de ex uniformados no reconocida oficialmente que motorizó la protesta por reivindicaciones salariales y bloqueó la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, no se presentó ayer a declarar en la causa que se le inició por las intimidaciones desde un teléfono móvil de su propiedad contra el gobernador Antonio Bonfatti. En tanto, la provincia evalúa presentarse como querellante.

Fuentes judiciales confirmaron que Alberto Martínez no concurrió a cumplir con el trámite de la declaración informativa a la que fue convocado por el juez de Instrucción Nº 9, Javier Beltramone, ni tampoco hizo presentaciones por escrito para justificar la falta.

Ahora el magistrado deberá reiterar la convocatoria, aunque si Martínez vuelve a incumplir podría solicitar que sea trasladado al juzgado por la fuerza pública.

Gravedad institucional

En tanto, el titular del Ejecutivo provincial, volvió a hacer una referencia pública al ser consultado acerca de esa situación.

"Recibí tres mensajes intimidatorios en mi celular. Le corresponde a la Justicia investigar de dónde vienen y de quién. Y, en segundo lugar, hice una denuncia ante la Justicia federal, en acuerdo con el Ministerio de Justicia de la Nación y todos los gobernadores, por los artículos 229 y 230 (sedición) del Código Penal", indicó Bonfatti.

Al referirse puntualmente a la gravedad institucional de las amenazas, señaló no sentir intimidaciones personales sino contra la figura del gobernador. "Voy a ejercer la autoridad que tengo, porque para eso me eligieron los santafesinos", enfatizó el socialista.

A su vez, el fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone, indicó que las causas abiertas contra el personal policial que provocó disturbios durante las protestas en Rosario y en la ciudad de Santa Fe está bajo investigación y con medidas tendientes al reconocimiento de los sospechados por la sedición.

Y confirmó que el cuerpo de fiscales estudia la posibilidad de que el Estado pueda presentarse como querellante en la causa por las amenazas contra Bonfatti.

Martínez, el principal referente de Apropol, quedó bajo investigación luego de que se comprobara que los SMS que recibió el gobernador el sábado pasado partieron de un teléfono de su propiedad que fue secuestrado tras un allanamiento de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en su vivienda.

En los textos se leía "Pagá las 12 lucas, pelado...", coronado por un insulto, en obvia alusión al reclamo salarial que, finalmente, tuvo respuesta el martes, cuando se decidió el aumento de los haberes por decreto.

Con las pruebas en su poder, el juez decidió convocar a Martínez a declaración informativa el lunes, pero como estaba de viaje en Santa Cruz la medida se postergó para ayer. Aunque el sorpresivo faltazo del dirigente obligará a una nuevo suspensión.