El Papa ordenó una investigación por desmanejos en el Arzobispado de Rosario

El Vaticano está dando los pasos legales para intervenir la arquidiócesis de Rosario por irregularidades en el manejo de fondos, supuestos padecimientos psiquiátricos del arzobispo y denuncias de laicos y sacerdotes por “maltrato”. La información fue confirmada a “La Capital” por tres fuentes eclesiásticas que aclararon que “ya mandaron a un auditor, lo que no quiere decir que el actual obispo no siga en funciones hasta que se conozca el informe”, que estaría terminado para mediados de enero.

Enterado de las versiones, monseñor José Luis Mollaghan salió ayer a desmentir enfáticamente la intervención, aunque admitió que desde hace un tiempo su arquidiócesis está sometida a una “visita pastoral fraterna” ordenada por la Santa Sede, una definición que en la jerga eclesiástica significa que su gestión está bajo la lupa.

A diferencia de lo que dijo ayer el obispo, las visitas fraternas no son habituales, sino que se producen después de la existencia de denuncias fundadas que justifiquen una investigación.

Para llevar adelante ese proceso fue designado monseñor José María Arancibia, ex obispo de Mendoza, quien se instaló en Rosario desde hace dos semanas para mantener reuniones de supervisión con diversos sectores de la arquidiócesis.

Una posible remoción. No obstante haberse iniciado este proceso de dilucidación, en ambientes eclesiásticos ya se da por descontado que Mollaghan, de apenas 67 años y con todavía 8 años de carrera episcopal, será removido del cargo en breve.

Incluso las versiones dan cuenta de que el candidato a sucederlo sería monseñor Jorge Lozano, actual obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Arancibia está jubilado, pero su experiencia en este tipo de tareas de fiscalización reconoce un antecedente relevante: fue quien condujo la remoción del arzobispo santafesino Edgardo Storni, que debió renunciar a raíz de denuncias por abusos.

En aquella oportunidad tampoco fue intervenida la arquidiócesis, sino que el obispo fue removido con la designación de Arancibia en carácter de “coadjutor”, una categoría eclesiástica que le otorga los mismos derechos y atribuciones del arzobispo.

El procedimiento indica que Arancibia ocupará ese cargo hasta que eleve su informe al Vaticano y desde allí se decida desplazar al obispo en cuestión. “Es el mecanismo habitual: antes de remover a alguien y nombrarle un sucesor”, explican los entendidos en derecho canónico.

Quienes conocen de cerca la impronta que el Papa Francisco le imprime a su gestión estiman que ese proceso “será breve”, de unas pocas semanas.

En ese lapso Arancibia tendrá que preparar un informe que abarcará tres frentes de investigación. Las fuentes eclesiásticas sostienen que la “intervención” se justifica por el “descontrol” en el manejo de fondos, una supuesta “insania mental” atribuida por cierto sector al arzobispo y denuncias por “maltrato” tanto de sacerdotes como de laicos.

Entre las irregularidades administrativas, Arancibia evalúa el caso del presbítero Osvaldo Bufarini, quien estaría recluido en una casa de retiro de Zavalla, tras haber dejado deudas por casi 2.000.000 de pesos. “Se lo tragó la tierra”, dijeron fuentes eclesiásticas.

Buffarini estuvo al frente de la parroquia “Nuestra Señora de Fátima” en el barrio La Tablada, en Grandoli al 4500, donde desarrolló un emprendimiento productivo que era una importante fuente de recursos.

Hace un par de años dejó ese lugar pastoral en medio de una estafa que dio lugar a varias denuncias penales y que dejó comprometido al director del colegio secundario técnico del barrio. “Empapeló a todos con cheques que nunca se pudieron pagar”, reconoció un allegado a la investigación.

Bufarini fue presidente de Caritas y un reconocido generador de recursos económicos que recibía planes de asistencia técnica de la Nación.

No sería extraño que esto haya incidido en las denuncia por mala administración que le adjudican a Mollaghan. “Al menos pueden endilgarle que no hizo nada cuando ocurrió”, confían indignados.

Otro colegio sospechado. Al caso de Bufarini las denuncias le suman la situación de otra parroquia con colegio donde se habrían verificado extrañas extracciones de dinero.

En este caso las fuentes eclesiásticas hablan de una suerte de “complicidad o inacción” por parte del Arzobispado. Incluso estaría probado el retiro de dinero en bolsos a cargo de personas que no tienen nacionalidad argentina que visitan con asiduidad el colegio.

Quienes aseguran que la suerte de Mollaghan está echada creen que con estas denuncias alcanzará sobradamente para promover la intervención de la diócesis.

Y agregan un comentario impactante: “A esta altura el Papa Francisco conoce a todos los obispos como para no tener dudas de quien es cada uno. Y con Mollaghan se conocen desde hace casi 30 años. Por lo que le sobra para tener una opinión formada”.

Pese a la presencia del interventor, Mollaghan continúa al frente del gobierno pastoral de la arquidiócesis. Ayer nomás atendió el teléfono de la casa parroquial de Córdoba y España varias veces para comentar con sorpresa el tenor de las noticias y asegurar: “Acabo de hablar con el Vaticano y está todo igual”.

Mientras, varias fuentes eclesiásticas aseguraban que “no puede no estar al tanto de la intervención”.

Para esos sectores lo único que resta conocer es si primarán los desmanejos económicos o la supuesta insanía a la hora de tomar la decisión de remoción del actual obispo antes de que termine el verano.