El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo luego de una audiencia entre el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que terminó sin avances concretos. Frente a este escenario, las universidades esperan ahora que la Justicia se pronuncie sobre la cuestión de fondo de la ley de financiamiento universitario.
Financiamiento universitario: las casas de estudio esperan una definición judicial tras otra audiencia sin avances con Nación
El rector de la UNR y presidente del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que ahora esperan un pronunciamiento de la Justicia sobre la cuestión de fondo de la ley de financiamiento universitario. Además, cuestionó la postura de Nación y advirtió por sus consecuencias institucionales.
José Busiemi
Financiamiento universitario: las casas de estudio esperan una definición judicial tras otra audiencia fallida con Nación
El encuentro se realizó el viernes pasado y, según explicó el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, Franco Bartolacci, el Gobierno nacional no llevó una propuesta concreta. En cambio, solicitó realizar una nueva audiencia dentro de 30 días.
En diálogo con LT8, Bartolacci sostuvo que el planteo del Ejecutivo implica una nueva postergación. “El gobierno nacional no presentó ninguna propuesta, sólo peticionó otra audiencia para dentro de 30 días, lo que dilata aún más la definición”, afirmó.
La reunión se extendió durante unas tres horas. Para el titular del CIN, el hecho de que no se haya concedido una nueva audiencia abre la posibilidad de que avance la discusión judicial sobre la normativa.
“Aspiro a que en los próximos días, conforme a lo que se debatió, podamos tener alguna novedad del ámbito judicial”, señaló Bartolacci.
Qué reclaman las universidades
En este marco, el rector de la UNR recordó que existe una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece la ejecución de los artículos 5 y 6 de la ley hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Esos artículos contemplan actualizaciones para los salarios docentes y para las becas.
Bartolacci sostuvo que ya pasó casi un año desde la aprobación de la ley y cerca de dos meses desde el fallo de la Corte Suprema. En ese sentido, cuestionó que, pese a la existencia de una orden judicial, el Ejecutivo nacional no haya avanzado con su cumplimiento.
“La ley tiene legitimidad no sólo por la aprobación en el Congreso, sino también con una orden judicial a partir del fallo que indica al Poder Ejecutivo que tiene que cumplir, y aún así no se cumple”, afirmó.
Desde el CIN, explicó, reclaman que se ejecute la medida cautelar y que la Justicia avance con una resolución sobre la cuestión de fondo, que todavía se encuentra en primera instancia.
Paro y una agenda con definiciones
El conflicto también tendrá esta semana una nueva medida de fuerza. Los docentes universitarios realizarán un paro nacional de 48 horas este jueves y viernes, en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que establece aumentos salariales y presupuestarios.
A esto se suma una agenda que podría concentrar distintas definiciones durante las próximas semanas. Según señaló Bartolacci, las paritarias fueron convocadas para el 1° de septiembre, mientras que dos días después se realizará un plenario del CIN en la Universidad Nacional de Río Negro.
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional consideró que en los próximos días “debería haber un pronunciamiento de fondo” sobre la ley. A partir de lo que ocurra en la Justicia y en las negociaciones paritarias, las universidades definirán los próximos pasos.
“En función de lo que suceda en el ámbito judicial y en las paritarias, resolveremos los pasos a seguir”, anticipó.
El argumento de Nación y la advertencia de Bartolacci
Durante la entrevista con LT8, el rector de la UNR también cuestionó uno de los argumentos planteados por el Gobierno nacional para no avanzar con el cumplimiento de la ley: la necesidad de que las universidades indiquen de dónde deberían salir los fondos para afrontar las medidas previstas.
Bartolacci rechazó ese planteo y señaló que, a su entender, existen antecedentes de decisiones del propio Gobierno que contradicen ese argumento.
“Cuando el gobierno incrementó los salarios de trabajadores universitarios un 21% como hizo, algo que ratificaron los gremios, no hubo una ley para determinar de dónde salían esos recursos”, sostuvo. Según explicó, aquella decisión se tomó mediante un acto administrativo y una decisión institucional.
En la misma línea, mencionó las facultades de la Jefatura de Gabinete para redistribuir partidas y cuestionó las prioridades presupuestarias de la gestión nacional.
Bartolacci también advirtió que el conflicto excede el reclamo específico de las universidades y planteó que puede tener consecuencias sobre la institucionalidad del país.
“Es muy peligroso, porque no es que la ley vale cuando a mí me gusta y cuando no me gusta, vale menos”, afirmó.
Finalmente, el titular del CIN sostuvo que las universidades mantuvieron una postura institucional durante el conflicto, pero cuestionó el trato recibido por parte del Gobierno nacional.
“Fuimos muy responsables, respetando los canales institucionales para buscar respuestas”, expresó Bartolacci, quien consideró que la situación genera un deterioro y un perjuicio para las universidades y para el país.














