Inspección al penal de Coronda por superpoblación carcelaria

El coordinador del Área de Encierro de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Roberto Cipriano García, y funcionarias de ese organismo, junto al fiscal General ante el tribunal oral federal de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, el defensor General de la provincia, Gabriel Ganón, y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, realizaron el jueves una inspección al penal de Coronda.

La medida se realizó luego de la evaluación hecha por la Coordinadora de Trabajo Carcelario sobre la situación de las cárceles de la provincia de Santa Fe. Entre otras cosas, señalaron que en los penales y comisarías de la provincia existe un abuso de la prisión preventiva, que afecta a los más pobres. Entre esos problemas, destacaron que el ochenta por ciento de los detenidos sólo están procesados, lo que aumenta la cantidad de presos y, por lo tanto, dinero que gira el Estado a esas dependencias. Sin embargo, las personas detenidas no sólo no tienen condena firme sino que además salen con enfermedades gravísimas, dijeron desde la entidad. Asimismo, la Coordinadora también destacó que sólo durante el 2012, en el sistema carcelario santafesino hubo más de 300 casos de torturas denunciados.

“La situación se encuentra como en los peores tiempos” de la provincia, agregaron. El procedimiento encabezado por la Procuvin se realizó en el marco de sus atribuciones para “disponer la realización de inspecciones en todos aquellos establecimientos en los cuales permanezcan personas privadas de su libertad a fin de controlar las condiciones de encierro, e instar acciones de protección y resguardo de su integridad”, según la resolución PGN 455/13, que crea el organismo, firmada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Una foto de situación

Según datos recabados por la Coordinadora de Trabajo Carcelario, en marzo de 2012, la cantidad de personas privadas de libertad en la provincia de Santa Fe era aproximadamente de 4.330. De ellas 2.730 en el Servicio Penitenciario y 1.600 en policía. En marzo de este año la cantidad de detenidos ascendió a 4.800, manteniéndose en 2.700 quienes se encuentran en la esfera del Servicio Penitenciario y ascendiendo a 2100, quienes se encuentran en la órbita policial. O sea de un 37 por ciento de población privada de libertad en dependencias policiales hoy pasaron a un 43 por ciento. En este sentido, la organización denunció que no existe infraestructura capaz de alojar dignamente a tal cantidad de detenidos: “No sólo ello, las 500 personas más, en que se incrementó la población privada de libertad, no mereció nuevas estructuras, se las hacino en los lugares existentes”, agregaron.

En el mes de octubre, la Justicia ordinaria también realizó un relevamiento sobre las condiciones de detención en comisarías del departamento La Capital. Los recorridos estuvieron a cargo del juez de instrucción penal, Sergio Carraro y el fiscal Jorge Andrés y la medida fue motivada por dos recursos de hábeas corpus. El primero fue presentado por tres defensores penales –Nilda Ojeda, Pablo Ursini y Carlos Morales– fundando sus postulaciones en la necesidad de verificar circunstancias de hacinamiento que padecen los internos, provocadas por la asignación de un número superior a los previstos en cada una de las dependencias policiales, lo que genera un agravamiento en las condiciones de encierro, violando con ello garantías constitucionales y solicitando el cese inmediato de las condiciones que generan el agravamiento de detención. El segundo recurso fue presentado por la delegación local de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que lleva la firma de Sebastián Cáceres, el delegado regional.