El largo e infructuoso peregrinar en busca de JUSTICIA
[SOLICITADA] Un caso de mala praxis médica en Esperanza sigue impune
La Justicia en Santa Fe requiere una reforma urgente.
Marcela Longoni tenía 47 años, dos hijos, mucha vida por delante y muchos sueños por cumplir. El jueves 10 de noviembre de 2022 concurrió al Sanatorio Avenida por un dolor de abdomen. Luego de su traslado al Sanatorio Esperanza, de suministros de fármacos incorrectos y de una cadena interminable de dilaciones en este lugar, recién casi tres días después se le detectó una úlcera duodenal perforada, que había causado expansión de líquido en su cavidad abdominal; el diagnóstico habría sido tardío y determinante para el desenlace. A través de una cirugía lograron suturar la perforación, pero una falla multiorgánica, en especial en los riñones, generó la necesidad de practicar una diálisis. Tras nuevas demoras, siendo las 15 horas del lunes 14 de noviembre de 2022, Marcela falleció en medio del procedimiento.
8 de mayo 2025 · 06:11hs
![[SOLICITADA] Un caso de mala praxis médica en Esperanza sigue impune](https://media.lacapital.com.ar/p/d73e805334c8fe559f2ec547cb24e519/adjuntos/204/imagenes/102/382/0102382978/642x0/smart/solicitada-evelinjpg.jpg "[SOLICITADA] Un caso de mala praxis médica en Esperanza sigue impune")
Días después del entierro, la familia notó aspectos que no cerraban y a través de una denuncia formulada por la madre, promovió una acción penal. La investigación se inició bajo el Legajo Causa I.P.P. CUIJ 21-08990708-7 en la Fiscalía de Esperanza a cargo del Fiscal Alejandro Benítezque solicitó su apartamiento del caso por tener relación estrecha con el médico denunciado. La causa se adjudicó a la Fiscalía de San Justo, que en ese momento estaba a cargo del Fiscal Adjunto Guillermo Persello. La Querella del viudo, solicitó la inmediata exhumación del cadáver y práctica de una autopsia. Algunos detalles del caso son escalofriantes.
La exhumación y autopsia del cadáver demoró un mes. Pese a que la orden de autopsia se titulaba “investigación de causal de muerte”, los médicos forenses manifestaron que no sabían qué buscar porque recibieron la orden de autopsia sin la historia clínica.Afebrero de2024, los informes forenses aún no habían sido incorporados al legajo. Ante esta situación se intenta constituir Querella en representación de los hijos menores de la víctima, constitución que fue obstaculizada por la justicia y tras intensos pedidos de la Querellante Dra. Carolina V. Boyadjian, terminaron accediendo a su nombramiento. Pero no es todo. La causa- que consistía en un legajo con papeles sueltos sin foliatura- pasaba de un Fiscal a otro dentro de la misma Fiscalía, por lo que la Querella se vio obligada a tener que pedir muchas veces que aclarasen quién era el Fiscal a cargo. Se comprobó que la historia clínica secuestrada a los sanatorios no era la original sino una fotocopia: el original quedó en poder de los denunciados.Se hallaron pruebas adulteradas. Se impidió a la Querella el acceso a información. Y se cambiaron reiteradamente los fiscales que entienden en la causa. Pese a las irregularidades, ante el reclamo de la Querella,la Auditoría General de Gestión (área disciplinaria) respondió: “en el caso, no se vislumbra mal desempeño del Fiscal”.
Médica a completar la Periciay a fundar la conclusión de Mala Praxis, algo necesario para poder solicitar la imputación, ya había arrojado conclusión de Mala Praxis pero sin explicar los argumentos de tal conclusión. Hasta la fecha, la Querella que ha instando múltiples Pronto Despachos no ha tenido novedades ni del Tribunal de Investigación, ni del FiscalRegional, ni del Fiscal a cargo de la causa.El legajo de investigación está paralizado y la Fiscalía a cargo se niega a investigar e impulsar el proceso, con complicidad del Fiscal Regional.
La gravedad institucional del caso
El principio republicano exige que el poder del Estado se divida entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Punitivo (Penal) correspondería al Poder Judicial. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe el Poder Punitivo del Estado está en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA)que, si bien es parte del Poder Judicial, detenta una autonomía funcional y administrativa que fue engrosándose mediante leyes de dudosa constitucionalidad y cuenta con la absoluta discrecionalidad para investigar o no hacerlo.
El ciudadano común se encuentra en una situación de completa indefensión, donde las autoridades lo exponen a tener que realizar muchísimos pedidos que ninguno está dispuesto a atender. En el caso relatado hay un informe de Mala Praxis Médica que amerita la imputación del denunciado, pero al parecer, el Fiscal a cargo tiene interés en que el paso del tiempo haga prescribir la investigación, dejando impune a quien causó la muerte de una persona, con el apoyo y la complicidad de los superiores y del área disciplinaria.
El sistema de Justicia y particularmente el procedimiento punitivo en la provincia de Santa Fe requieren una reforma urgente. Tal vez, el proceso de Reforma Constitucional en marcha contribuya a lograrlo. Pero mientras tanto, ¿qué sucede con los ciudadanos que esperan y reclaman Justicia? En la ciudad de Esperanza hay un esposo, unos hijos, una madre, una familia y amigos que ESPERAMOS Y MERECEMOS UNA RESPUESTA.
