La Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos contra diez personas vinculadas al asesinado empresario de turismo Hugo Oldani por los delitos de intermediación financiera. El tribunal superior avaló la resolución del juez federal Marcelo Bailaque que determinó, por la investigación de un fiscal de la ciudad de Santa Fe, que de las pericias practicadas en los equipos informáticos pertenecientes al fallecido Oldani se desprende el funcionamiento de una cueva de compraventa de divisas y otras operaciones financieras. Entre los procesados está la hija del propio agente asesinado. El significado de esta resolución es que los diez imputados van a juicio oral y público.
Caso Hugo Oldani: 10 personas van a juicio oral por la cueva financiera del empresario asesinado
La Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos por delitos de intermediación financiera. Fue por la desaparición de una enorme suma de dinero de la oficina del agente turístico, baleado en febrero de 2020
9 de noviembre 2021 · 17:01hs
captura video
Los familiares ingresaron a la galería y retiraron distintos elementos del interior del local de turismo en valijas y cajas.
Los acusados son Virginia Oldani, Marco Molinas, Carlos Aníbal Bacigaluppo, Leandro Javier Forchetti, María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso y Carlos Nicolás Ciochetto.
El fallo suscripto por la Cámara Federal de Rosario determina que del material informático bajo pericias surge "una clara organización criminal dedicada a efectuar operaciones financieras marginales sin autorización del ente rector en la materia, burlando los controles en ese sentido al calzar operaciones informales con las formales de manera indebida y de esa forma obtener un rédito ilegítimo a costa del sistema financiero formal".
El crimen del empresario
Hugo Oldani, de 67 años, fue baleado el 11 de febrero de 2020 en su oficina ubicada en una galería céntrica ubicada en calle La Rioja entre 25 de Mayo y Rivadavia.
Imágenes de cámara de vigilancia constataron que Virginia Oldani, hija de la víctima, ingresó al local la madrugada posterior al crimen junto a su marido y a una tercera persona, estuvieron allí más de una hora y retiraron 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares. Quien habilitó este accionar de los familiares del empresario fallecido fue la fiscal Cristina Ferraro, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe, que quedó bajo la lupa de la Justicia Federal por irregularidades.
Ferraro fue la primera fiscal que investigó el asesinato pero fue apartada del caso por el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti luego de la desaparición del dinero. El fiscal federal Walter Rodríguez investiga a Ferraro por presunto encubrimiento y está sospechada del delito de “desaparición de pruebas, agravada por su rol de funcionaria pública”.
La causa se había iniciado tras una denuncia del entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain por la presencia de una caja de seguridad y una gran suma de dinero en moneda nacional y extranjera, que se encontraban en una estantería de madera en la oficina de Oldani, lo que estaba documentado fotográficamente y en video.
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El día de la muerte de Oldani su hija Virginia se negó ante autoridades a abrir esa caja. Dos días después, el 14 de febrero, se constituyó nuevamente en el lugar personal policial por orden de la Fiscalía de Homicidios, y verificó que no se hallaban elementos de valor ni el dinero que había sido identificado anteriormente, lo cual para los denunciantes demostró la existencia de una maniobra delictual, tanto por el levantamiento de la custodia en la escena del crimen como la alteración de la escena a través de la sustracción de una suma millonaria. Esa suma, señalaba la denuncia, "no se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial, como lo era el nombrado, quien poseía una empresa de servicios minoristas de viajes".
En el momento de procesar, el juez Bailaque, de acuerdo con la investigación del fiscal Rodríguez, describió las distintas maniobras, que a su criterio se llevaron a cabo de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, "por parte del nombrado y terceras personas, entre las cuales se encuentran los imputados en las presentes, quienes no estaban habilitados para realizarlas".
Estas maniobras atribuidas eran cuatro. El primero era la obtención del dinero otorgado por terceros a Hugo Oldani a cambio de un interés. La segunda, la búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido, que se entregaba a plazo de cinco días, condicionado a acreditación bancaria. A estos Oldani les descontaba un porcentaje. La tercera, la colocación de los recursos financieros, básicamente préstamos inmediatos a escaso plazo, préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y préstamos de dólares. La cuarta maniobra era utilizar el mecanismo en virtud del cual los particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.
La resolución de los camaristas Fernando Barbará y Aníbal Pineda considera que se acreditó en modo probable que Virginia Oldani y María José Calle habrían realizado aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Ernesto César Oldani, "como sus brazos ejecutores en las maniobras delictivas indicadas".
Los camaristas refrendan que dos operadores del Grupo Carey S.A., con asiento en Rosario, y empleados registrados en la Asociación Mutual 29 de Noviembre, también de Rosario, participaban de las operaciones con cheques recibiéndolos de Oldani. Y que intervinieron en el mecanismo para ingresar divisas al país o transferirlas al exterior.
Una cueva financiera
Lo que define la Cámara Federal es que la actividad de Oldani se inscribe en lo que se llama una cueva financiera que funciona sin contar con autorización de autoridad competente para acciones de intermediación financiera. Para ello califica en alusión a un libro qué son estas empresas informales. Afirma que las cuevas se dedican a la compra y venta de moneda extranjera, al cambio de cheques (compran cheques, le pagan al proveedor un porcentaje menor y lo cobran a través de entidades exentas del impuesto al débito y al crédito bancario), envió de remesas al exterior y triangulación dineraria (compran acciones de una sociedad afuera que luego se transfieren a dólares y en vez de depositarlos en una cuenta argentina, se depositan en el extranjero), venta de monedas digitales (como el bitcoin). Y que también ofrecen como servicio: el traer los dólares de una cuenta de afuera a la Argentina, con el cobro de una comisión de por medio.
Se tratan de operaciones realizadas por personas especializadas en la toma y colocación de créditos en la forma de préstamos. En general, se caracterizan porque la toma y colocación son de corto plazo, realizadas por personas que suelen desarrollar sus estructuras a través de actividades de prestigio, que desarrollan su actividad en ausencia de controles, paralelamente o informalmente, "porque tienen o buscan bajos costos administrativos, circunstancias que generan un gran atractivo para colocar fondos, acrecentado por el pago de intereses sustancialmente superiores. Ello posibilita que grandes fondos obtenidos de actividades ilícitas, como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, etc., sean colocados en estas bancas de hecho y de esta forma lavar el producto ilícito, generando grandes ganancias".
