"Tomaron la medida de separarlas y no abordaron el caso de modo integral"

A Luciana no la dejaron pisar más la delegación Rosario de la Dirección Provincial de Niñez Adolescencia y Familia porque le impusieron una restricción de acercamiento por agredir a una asistente social. El incidente ocurrió luego de que le quitaran a sus hijas en julio de 2017. De allí en adelante, nunca más fue asistida.

La medida que tomó Niñez de separar a las nenas de su madre debió judicializarse de inmediato (en julio de 2017), pero eso ocurrió recién en octubre de 2017, según consta en la carátula del expediente en el que Claudia Aguilera, titular de Niñez, figura como impulsora. El control de legalidad, como lo establece la ley, lo hace el Tribunal de Familia Nº 4, cuya jueza de trámite es María Paula Mangani.

En esa carpeta Niñez volcó una serie de informes que no eran favorables a la madre, por su endeble situación social. Se hicieron dos visitas al domicilio que Luciana aportó al juzgado, pero no estaba. Eso impidió realizar informes ambientales. Era previsible que no pudiera cumplir con algunos requisitos en las condiciones que vive.

También se convocó a los papás de las nenas, pero no comparecieron. Uno de ellos está detenido. Las hermanitas fueron asignadas a una familia sustituta, con la que conviven desde ese momento. Ese último aspecto resulta difuso, aunque cada caso se evalúa de manera particular.

La ley establece que los niños en esas condiciones no pueden vivir más de seis meses con familias solidarias, con lo que se evita un arraigo emocional que puede ser contraproducente si luego son declarados en adoptabilidad.

Siempre se preocupó

Luciana fue entrevistada dos veces, también las niñas, y se realizó una audiencia con el equipo interdisciplinario. El defensor oficial de Luciana es Horacio Ferreyra, quien solicitó varias veces al juzgado que estableciera un mínimo régimen de comunicación o contacto entre madre e hija en la sala de asistentes sociales, pero le fue denegado sistemáticamente, según confirmó a La Capital. En la última entrevista, Luciana expresó "temor" de que sus hijas la desconozcan.

"Luciana siempre se mostró preocupada por sus hijas, vino siempre que la citamos y aportó testigos. Todas las semanas pregunta si hay novedades", remarcó Ferreyra a ser consultado respecto al expediente.

Mientras sus hijas permanecían en resguardo, una medida de esa naturaleza habría permitido que Luciana no perdiera el natural vínculo. Pero pasaron dos años, con todo lo que ello significa para la imagen objetiva y subjetiva que elaboraron las niñas sobre su madre.

Luego de analizar el caso, Niñez emitió una resolución en la que sugiere al juzgado declarar a las hermanas en estado de adoptabilidad. Esa resolución fue apelada por el defensor y está bajo análisis de la jueza. Si la magistrada deniega la apelación, Ferreyra puede recurrir al Tribunal en pleno (deben analizarla los tres jueces que lo integran). Si persiste la situación, podría apelarla ante la Cámara Civil.

"El Estado tomó la medida de separar a las nenas de la madre y se desligó. No abordó el caso de modo integral, no generó una política integral. Eso es lo que pasó y así se llegó a esta instancia", refirió Ferreyra sobre el sensible trámite.

Según pudo averiguar este diario de fuentes cercanas a organismos que monitorearon la situación, los informes de Niñez al juzgado de Familia no tendrían la consistencia ni el rigor que corresponden para abordar el caso. Es más, habría algunos rasgos de revictimización y prejuicio respecto a Luciana, con una mirada recortada sobre la vida de una madre que reclama desde hace dos años tener al menos un mínimo contacto con sus dos sus hijas.