El líder de Apropol zigzaguea su presentación ante la Justicia

La declaración indagatoria que el viernes debería haber prestado Alberto Martínez, principal referente de la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), por las intimidaciones telefónicas realizadas desde un teléfono de su propiedad al gobernador Antonio Bonfatti, fue suspendida hasta que se resuelva si la competencia en el caso es de la Justicia ordinaria o si debe recaer en el fuero federal.

El sábado 7 de diciembre, el gobernador Antonio Bonfatti recibió un mensaje de texto que decía: “Pelado, pagá las 12 lucas”, ese día se iniciaba la rebelión policial más importante de los últimos tiempos y esa frase, que llegó al celular del titular del Ejecutivo, ilustraría las amenazas e instigaciones que enmarcaron la protesta.

Ésta es la tercera vez que Martínez estaba convocado a comparecer ante la Justicia. El 12 de diciembre, Martínez fue citado por el juez Javier Beltramone para prestar declaración informativa, pero no asistió. Martínez y su esposa estaban de viaje en el sur cuando fue allanada su casa. Luego, la Justicia acumuló en los Tribunales santafesinos las denuncias por amenazas con otras anteriores, presentadas por la Fiscalía de Estado, por incitación a la sublevación policial, que se había gestado desde la página web del gremio no reconocido Apropol.

La acumulación del expediente obedeció a la “conexidad objetiva” de los hechos, ya que el objeto de investigación es el mismo, y la “conexidad subjetiva” porque ambas causas tienen a las mismas personas involucradas, siendo Martínez una de ellas. Para el fiscal santafesino Juan Pablo López Rosas, Martínez habría incurrido en el delito de coacciones agravadas, tipificado en el artículo 149 del Código Penal y firmó el requerimiento de instrucción.

Entonces, la jueza Susana Luna lo citó a indagatoria el 26 de diciembre, pero la audiencia se suspendió porque Martínez alegó que estaba enfermo. Sus abogados defensores, Romeo Díaz Duarte y Miguel Portillo, presentaron un certificado que detallaba que Martínez sufría de un cuadro de hipertensión y cefalea. La cita de ayer, en cambio, se canceló por factores exógenos a la predisposición de Martínez. La suspensión tuvo que ver con el pedido de indagatoria por sedición –para Martínez y otros cinco policías– formulado por el fiscal federal Walter Rodríguez el lunes pasado, en el que le solicita además al juez, acumular las investigaciones por las denuncias a Bonfatti. Ahora, falta que el juez Reinaldo Rodríguez se expida sobre los requerimientos del fiscal Rodríguez. Si hace lugar, en un plazo razonable (se estima entre una semana y 10 días) debería citar a Martínez.

Reconocimiento

Luego de que se hiciera público que los mensajes hubieran salido de un teléfono celular de su propiedad, Martínez reconoció que envió los textos por celular pero negó categóricamente que se trataran de amenazas. Por el contrario, sostuvo que como conoce al gobernador Bonfatti desde hace muchos años, referirse a él con el lenguaje más chabacano representaba esa cercanía y no una intimidación.

Además, consideró que su asociación no necesita de la autorización del gobierno para funcionar sino que es una actividad regida por el derecho a la libertad sindical.