Diputados trata a fin de agosto el demorado Código Procesal Juvenil

La Cámara de Diputados de Santa Fe tratará a fin de mes el proyecto para saldar una acuciante deuda pendiente del sistema penal en la provincia: el Código Procesal para que los delitos de menores de 18 años se juzguen con un modelo semejante al que rige para los mayores de edad. La ausencia de un modelo de juicio actualizado para los adolescentes punibles ocasiona que estos se encuentren en una situación intolerable: los acusados de delitos quedan bajo medidas cautelares, sin certeza sobre los plazos de los trámites ni el destino de los mismos, tanto para los imputados, para las víctimas como para la sociedad. También en condiciones de abierta violación a la Constitución nacional.

El sistema de Justicia Penal Juvenil tiene hoy en toda la provincia a 250 chicos acusados de infractores. De estos, 60 están en situación de encierro en ámbitos como el Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) y en la cárcel de Las Flores de Santa Fe. Los restantes se encuentran en programas de libertad asistida y en institutos de puertas abiertas. Una estadística del Poder Judicial de 2016 indica que en promedio ingresan 10.500 causas por año en los juzgados de menores de toda la provincia.

Oscuro e injusto

La demora provincial en adecuar el régimen de juicio de menores tiene efectos graves. La provincia está en riesgo permanente de ser sancionada por enjuiciar a jóvenes sin las garantías claras que tienen los mayores. Esto es, básicamente, un juez imparcial, por un lado, y un marco que brinde certezas sobre los plazos de encierro. El modelo que hoy rige en la provincia es inconstitucional dado que los menores de edad no son llevados a audiencias orales y públicas como los mayores de 18. El actual proceso es opaco porque es escrito, no hay real control de partes, el fiscal no está sobre las causas y no se ventilan en audiencias públicas lo que pasa en el proceso.

Otro aspecto disvalioso es que un mismo hecho en el que participen mayores y menores se sustancia en dos juicios distintos, uno para los mayores, y uno para los menores, lo que genera riesgos de sentencias contradictorias.

Actualmente la comisión de Derechos y Garantías que preside la diputada provincial Alicia Gutiérrez tiene tres proyectos en análisis. Uno es el del Poder Ejecutivo, que recoge aportes diversos realizados por académicos y entidades de menores. Otro lo impulsó Leandro Busatto (PJ) y el restante Carlos del Frade (Frente Social y Popular). Lo que vislumbran distintos legisladores consultados es que, tras ser examinado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, llegaría al recinto el proyecto del Ejecutivo en base al voto mayoritario de las comisiones mencionadas.

Las diferencias

El proyecto del Ejecutivo busca una especialidad para adolescentes infractores. Establece que haya, tal como en el régimen de adultos, fiscales que investigan y acusan, por un lado, y defensores que defienden, por otro. Y que intervengan tres jueces distintos según las etapas del trámite. Uno especializado para la audiencia preliminar (con capacidad de decidir una libertad o intervenir en juicios abreviados). Luego un juez de juicio que no tiene que ser especializado porque solo examina los hechos, es decir, dirime si es culpable o inocente. Y un juez que define la condena —prisión o penas alternativas— que debe también ser especializado. Esto porque la situación especial del infractor, que es una persona en desarrollo, implica una regulación más corta de las penas.

Los tres proyectos legislativos en análisis comparten los siguientes aspectos que superan el actual esquema de juicio de menores:

- El fiscal de los casos investiga, ordena las pruebas a producir a la policia o al organismo de investigaciones y acusa para ir a juicio.

- El juez especializado responde a las peticiones de las partes y no investiga. Ademas le pone limites a las medidas cautelares hoy indefinidas. Por ejemplo, brinda prisión preventiva por 60 días. Este plazo específico permite diagramar el trabajo especializado para el chico en ámbitos como el Irar, por ejemplo, dado que no es lo mismo saber que un adolescente estará allí alojado por varios meses que asumir, por no tener información cierta, que puede irse en cualquier momento o al cumplir 18 años.

- La defensa es orgánica porque responde a un mismo jefe y permite contrarrestar los planteos cautelares o de prueba del fiscal. En el actual modelo el Procurador de la Corte es jefe tanto de los fiscales como de los defensores públicos.

- Todo se hace en audiencias orales y públicas y se pueden ver las peticiones de las partes.

- Habrá un equipo especializado a disposición de las partes para opinar sobre las consultas que se hagan o sugerir el diagrama de medidas durante el proceso penal.

Los proyectos de Del Frade y de Busatto, a diferencia del del Poder Ejecutivo, crean en la estructura del Ministerio Público de la Acusación (fiscalías) y de la Defensa Provincial unidades especiales con equipos de profesionales para asistencia.

La Capital