Judiciales

Denuncian un "sistema de recaudación ilegal" en la delegación Santa Fe de la Federal

Un fiscal afirma que cobraban protección a narcos y utilizaban drogas secuestradas para "embagayar" a otros. Apuntan a un exjefe otros cinco integrantes de la dependencia

Domingo 08 de Diciembre de 2019

Un fiscal federal de Santa Fe denunció y pidió las indagatorias del exjefe de la delegación de la Policía Federal Marcelo Lepwalts y de otros cinco integrantes de esa dependencia acusados de haber desarrollado “un sistema recaudatorio” para cobrar protección a narcos y utilizar drogas secuestradas para “embagayar” a otros, indicaron hoy fuentes judiciales.

De acuerdo a unas escuchas telefónicas en las que se basa la acusación, este sistema era para “todos por igual” y “sin importar jerarquías”.

“El sistema incluía el ofrecimiento de cobertura policial a personas presumidas de realizar actividades delictivas a cambio de una suma de dinero periódica, la cual se mantenía vigente hasta que se decidía que, como se verificó en algunos casos, debían ser privadas de su libertad ambulatoria por no resultar funcionales al sistema”, describió en la denuncia el fiscal Walter Rodríguez.

El funcionario judicial pidió las indagatorias de Lepwalts y los integrantes de la delegación Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos; algunos de los cuales tenían antecedentes de sumarios administrativos por su desempeño en la localidad cordobesa de Villa María, destino anterior a Santa Fe.

Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro fueron procesados en mayo último por los delitos de “falsedad ideológica, encubrimiento, alteración de pruebas e incumplimiento de los deberes”, mientras que la misma resolución procesó a Duarte y a Bustos por “tenencia simple de estupefacientes”.

La delegación Santa Fe fue allanada el 9 de mayo y en el inmueble se secuestró dinero en efectivo –que el fiscal presume como parte de la recaudación ilegal– y estupefacientes que según la investigación no pertenecían a ningún caso oficial.

En la denuncia, el fiscal Rodríguez señaló que un grupo de policías conformó una asociación ilícita, extendida entre el 23 de marzo de 2018 y el 9 de mayo pasado, cuando fueron detenidos y allanada la delegación.

La presentación se fundó en la declaración del padre del policía Gómez Navarro, quien describió ante el fiscal la presunta existencia de un sistema recaudatorio institucional y ascendente en la jerarquía de la PFA.

Las escuchas

Según la acusación, en una de las escuchas del 23 de diciembre de 2018, Arbildo le dijo a Gómez Navarro: “Te diste cuenta que es todos por igual... sin importar jerarquía.”

“Sí, olvídate. A mí me incluyeron”, respondió el segundo, a lo que Arbildo agregó: “Y eso es lo bueno de este grupo”.

Por su parte, Rodríguez sostuvo que “resulta de imposible cumplimiento una investigación dirigida a revisar la historia de una institución”, por lo que acotó la pesquisa al plazo antes indicado y a la delegación santafesina de la fuerza.

A su vez, el fiscal desechó el testimonio del padre de Gómez Navarro al tratarse de un familiar de un imputado en otro caso, aunque lo valoró como “elemento indiciario”, que cotejó con otros expediente en los que están involucrados los policías y con una pesquisa realizada por el Organismo de Investigaciones, que depende del Ministerio Público de la Acusación provincial.

Para el fiscal, la investigación halló la presunta “configuración de un sistema de recaudación ilegal nutrido cuanto menos por utilidades provenientes del narcotráfico y que tenía como objetivo principal el lucro personal de cada uno de sus integrantes”.

Y sostuvo que “el mecanismo recaudatorio” procuró “la obtención de dinero como así también de material estupefaciente de parte de personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales”.

Para "embagayar"

“Los resultados de tales procedimientos en algunas oportunidades eran ocultados –en todo o en parte– a las autoridades judiciales, y en particular el dinero obtenido, era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo, y en el caso del material estupefaciente, una porción resguardada para «embagayar» en futuros procedimientos”, continuó.

Tras la detención de Lepwalts, la delegación Santa Fe de la PFA quedó a cargo del comisario Mariano Valdés, quien en septiembre último estuvo envuelto en un tiroteo en el que fue herido en la autopista Buenos Aires-Rosario.

Dos fiscales rosarinos revelaron que el comisario había dialogado con las personas con las que se tiroteó –aunque declaró que había sido un intento de robo al voleo– y descubrieron restos de estupefacientes en las ropas del oficial y en un bolso que desapareció de la escena del hecho y fue secuestrado unas semanas después en la delegación.

Valdés y su segundo fueron imputados por mal desempeño, alteración de pruebas y otros delitos, y el expediente se encuentra en un conflicto de competencia entre las Justicias ordinaria y federal.

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