Un día después de que la Unidad Regional I de la policía santafesina fuera intervenida y toda la plana mayor fuera desplazada, el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, sostuvo que se tomó la decisión "porque no nos gusta la modorra operativa y queremos a la policía en la calle trabajando".
Las principales razones que aceleraron la caída de la cúpula de la URI
No obstante, detrás de esta decisión política se esconde algo más que cuestiones operativas: creció la tasa de homicidios en la capital provincial (suman 44 en 2020); hubo una saga de evasiones de comisarías (al menos tres fugas en dos meses); se detectaron irregularidades en el manejo de las horas adicionales del personal; y tuvo amplia repercusión pública una pelea entre el jefe de Orden Público (Alejandro Amatti) y su antecesor (Diego Grasso) por supuestos problemas personales, lo que derivó en el pase a disponibilidad del primero y una denuncia en su contra por amenazas calificadas y lesiones leves dolosas.
Pero a todo ello se sumó que el fiscal federal Walter Rodríguez avanzó en una causa en la cual hay involucrados efectivos del Comando Radioeléctrico que habrían conformado una red de narcomenudeo delante de las propias narices de sus jefes.
En una conferencia de prensa que brindó ayer flanqueado por el jefe de la policía provincial, el comisario retirado Víctor Sarnaglia, y el secretario de Seguridad, Germán Montenegro, el ministro Saín enfatizó que "en estos meses de trabajo hemos ganado un prestigio enorme trabajando codo a codo junto con la población para preservar la salud y la integridad de los habitantes de la provincia y eso no podemos regalarlo bajo ningún punto de vista".
Policía o delincuente
La decisión de remover al comisario mayor Daniel Filchel como jefe del departamento La Capital había sido tomada la semana pasada. Pero recién el miércoles trascendió públicamente y ayer el mismo Saín puso frente a la UR I a la comisaria Marcela Alejandra Muñoz, la primera mujer en ocupar ese cargo en la fuerza de la capital provincial.
En el acto, el ministro dijo: "Yo aprendí en mi casa, ya que a mí me educó un policía y lo aprendí de chiquitito: o se es policía o se es delincuente, las dos cosas al mismo tiempo no. Así que prefiero que el que no esté dispuesto a trabajar de policía contra el delito que dé media vuelta y se vaya a la casa. Lo mejor es que se vaya renunciando, la otra alternativa es que se vaya esposado".
Además, Sain remarcó dos cosas. "Se acabó el vínculo entre la policía y el delito; y se acabó la modorra operacional. Policía que no trabaje en la calle, policía que se va de la institución de la manera que sea. Éste es el compromiso que tiene la Jefatura de la fuerza y la conducción política del Ministerio. Y este mensaje que transmito es también de parte del gobernador Omar Perotti".
Nueva etapa
Por su parte, la directora de policía Marcela Muñoz dijo que este "es un momento difícil, pero vamos a trabajar entre todos para abordar la mayoría de los delitos que ocurren. Se va a ir evaluando y trabajando con las diferentes direcciones en un momento en el cual va a haber más gente en la calle y más circulación de personas por lo que hay que profundizar la operatividad y la policía debe estar en la calle".
Oficialmente se dijo que Muñoz estará en el cargo por seis meses y será la encargada de designar a toda la plana mayor de la UR I. La comisaria está en la fuerza desde 1994 y hasta ayer se desempeñó como Directora General de Coordinación de Gestión Judicial. Previamente estuvo en la sección combate de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y fue jefa de la División Trata de Personas dependiente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) . Es Técnica Superior en Seguridad Pública y, según se informó, "cuenta con una gran formación profesional ya que se formó como instructora en mediación, defensoría de niños niñas y adolescentes, violencia de género, violencia familiar, redes ciudadanas contra la trata de personas, negociación de conflictos sociales y análisis criminal".
¿Una red narco?
El principal motivo que llevó a Sain a correr a Filchel y descabezar la Unidad Regional I es que no logró detectar que "se estaba armando una red narco de policías bajo sus narices", dijeron fuentes allegadas al Ministerio. Y en ese sentido remarcaron que "había funcionarios del Comando Radioeléctrico que robaban a los narcos cargamentos de drogas que luego vendían".
En ese marco, el 1º de mayo la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación realizó un allanamiento en la sede del Comando Radioeléctrico santafesino y en otras dependencias de la URI en el marco de una causa que investiga irregularidades en la administración y el manejo de las llamadas "horas OSPE" o adicionales de la policía.
Fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron que los hechos de mayor gravedad descubiertos y que llevaron al descabezamiento de la unidad "es una red narcopolicial que se detectó cuando el fiscal federal Walter Rodríguez avanzó en una investigación que tiene más de tres años". En ese sentido, los voceros dijeron que el alerta se encendió cuando vieron que "una vieja estructura de policías narcos del Comando Radioeléctrico se había reconfigurado y había comenzado a funcionar con mayor fluidez en medio de la cuarentena".
Dicha investigación detectó un lazo con Paraguay a través del narcopolicía Adrián Celer, quien comandaba una banda que robaba droga en allanamientos ilegales o a otros vendedores de estupefacientes supuestamente protegidos por los hombres del Comando.
Incluso, se supo que en el celular secuestrado a Celer durante el robo a un búnker de drogas en Santa Fe aparecieron contactos con Jorge Luis Duarte, un santafesino afincado en Paraguay que sería proveedor de cocaína y marihuana de distintas bandas santafesinas.
Duarte fue herido en enero de 2018 cerca de Ciudad del Este por dos sicarios en moto, pero antes de ser baleado le prometió a Celer que podría enviar un cargamento grande a la capital provincial.
En ese marco, los investigadores no descartan que en el cargamento de 1.662 kilos de marihuana detectado en noviembre de 2014 en Arroyo Leyes y que derivó en la condena a diez policías tres años después, haya estado vinculado el propio Celer.