La ley de humedales perderá estado parlamentario

El próximo 30 de noviembre perderá estado parlamentario el proyecto de ley de humedales en caso de no ser tratado por la Cámara de Diputados, lo que significa que la iniciativa caduca y se debe presentar nuevamente.

En diálogo con el programa La Mañana de UNO (de 7 a 9 por FM 106.3 La Radio de UNO) la integrante de la Multisectorial Humedales de Santa Fe, Julieta Bernabé, explicó: “El proyecto de ley que fue aprobado el año pasado en la Comisión de Ambiente y pasó a la Comisión de Agricultura y Ganadería en el mes de noviembre, quedó muerto en esa comisión y nunca más tuvo ningún tratamiento ni ningún avance”.

“Cuando hicimos la travesía en agosto y llegamos hasta el Congreso Nacional fuimos atendidos por algunos diputados que no pertenecían a las comisiones que estaban trabajando el proyecto de ley”, relató la vocera. “Estos diputados muy atentamente nos dijeron que difícilmente iba a ser aprobado este proyecto y adujeron básicamente intereses productivos e inmobiliarios”.

Bernabé rememoró que en el año 2016, cuando también cayó el proyecto, que estaban los mismos motivos en agenda y se comentaba que no había demasiado apoyo del Gobierno Nacional porque se necesitaba aceptación social.

“Los diputados evidentemente no han sabido leer lo que estamos viviendo en un montón de regiones del país; no están pudiendo priorizar lo que son los bienes comunes y los elementos más básicos de la vida, porque los humedales básicamente son agua, aire, alimentos”, se quejó. “Es lo que necesitamos para estar sanos, y han priorizado otros intereses que son de índole macroeconómicos y bastante más individuales por sobre un pedido que es nacional a esta altura”.

El 21,5% de la superficie de Argentina son humedales, donde se incluyen lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas. La ley establecería los presupuestos mínimos de protección ambiental que aseguren su conservación y su uso ambientalmente respetuoso, conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional.

“Justamente estábamos leyendo en estos días el caso de un empresario, Fabio Alfonso (que es de La Plata) que básicamente quemó áreas de humedades en las islas, armó terraplenes por kilómetros, fumigó con aviones como si estuviera en la mitad del continente, sembró y está cosechando sin importar medida cautelar, sin importar nada”, ejemplificó la activista. “Acá también hace unos días fue denunciada la construcción de nuevos terraplenes en zona de islas, lo cual es totalmente ilegal, con maquinaria custodiada por autoridades de la Municipalidad de Victoria”.

Y remarcó: “El grado de ilegalidad ya viene de la mano del Estado. No podemos seguir esperando que las provincias pongan buena voluntad, ni Entre Ríos ni el resto de las provincias, y lo que necesitamos es una protección mínima nacional que obligue a todos a un mínimo de conservación”.

La primera presentación de un proyecto de presupuestos mínimos para humedales fue realizada por la senadora Elsa Ruiz Díaz de Entre Ríos, en 2013, y la segunda por el senador Rubén Giustiniani de Santa Fe en 2014. Desde ese momento el proyecto perdió estado parlamentario tres veces en sus distintas versiones.

“Es totalmente indignante que la ley no salga y que se siga priorizando lo mismo que se prioriza siempre”, dijo la vocera de la Multisectorial. “Acá el tema no es tanto el particular, que sabemos que hay gente sin ética en todos lados, sino lo más grave e indignante es cómo están actuando los representantes”.

Según Bernabé, en los humedales se realizan actividades de minería, forestal, inmobiliaria, areneros, siembra y ganadería, a pesar de que ya estén prohibidas. “Hay muchísima gente que está viendo este lugar como si fuera una tierra de la cual puede sacar muchísimo, y de hecho hay mucha gente que lo hace sin importar las consecuencias, no solamente ambientales, sino sanitarias”.

“Están siendo literalmente cómplices de lo que está pasando, porque no solamente es mirar para otro lado y no sacar la ley de humedales: acá tenemos gobiernos provinciales que están avalando y están acompañando actividades ilegales”, concluyó.

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