Con febrero, finaliza el receso administrativo y arranca la moratoria de tributos provinciales

Arranca el segundo mes del año y finaliza el receso administrativo que dispuso el gobernador Omar Perotti a través de un decreto firmado el día después de haber asumido la gestión.

La medida trascendió siete días después, el 17 de diciembre. Ordenaba el receso para todo el mes de enero en la administración pública. La medida alcanzó a la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos e instituciones de seguridad social.

Con la vuelta al trabajo de la mayoría de los trabajadores del Estado este lunes tres de febrero, arranca la moratoria de tributos provinciales. La provincia saldrá a buscar 5.300 millones de pesos de deuda firme que no pagaron los contribuyentes. Los beneficios estarán disponibles por un plazo de tres meses para los contribuyentes que adeudan pagos en diferentes impuestos provinciales al 30 de noviembre de 2019.

Las deudas que podrían ingresar a la moratoria se generaron por diferentes motivos y se encuentran en diferentes situaciones. Los convenios de pago que caducaron significan un total de 200 millones de pesos. La reglamentación de este tipo de convenios que la Administración Provincial de Impuestos tiene con algunos particulares y empresas dice que si el contribuyente dejó de pagar tres o más cuotas el convenio se cae. Cuando eso sucede se pierden los beneficios del convenio y la Administración estaría en condiciones de ejecutar la deuda.

Otro caso es el de las deudas firmes que están en juicios de apremio, que suman 400 millones de pesos. Estos casos se dan cuando la API le declaró una diferencia de impuestos a un contribuyente y esa diferencia no fue recurrida, o bien, fue recurrida por el contribuyente pero se resolvió que la API había realizado el cálculo correcto y el contribuyente la tiene que pagar. Si eso no sucede, la API le puede iniciar un juicio de ejecución fiscal.

El resto de las deudas que podrían ingresar en la moratoria son 400 millones de pesos por convenio multilateral de ingresos brutos; 500 millones de pesos de contribuyentes en general; 600 millones de pesos de agentes de retención; 1.200 millones de pesos impuesto inmobiliario rural y urbano; y 2.000 millones de pesos por declaraciones mal hechas o por intentos de evasión.

En total son 5.300 millones de pesos. "Todas esas deudas son las que pueden acogerse a la moratoria", dijo a UNO Santa Fe Martín Ávalos, titular de la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe.