Desde el 11 de enero pasado rige en toda la provincia de Santa Fe restricciones para circular por la noche: de 0.30 a 6 de lunes a viernes y de 1.30 a 6 sábado, domingo y feriados. Durante ese lapso, está prohibido circular en vehículos y a pie por las ciudades y pueblos, a excepción de los trabajadores esenciales.
Toque sanitario: advierten sobre el tiempo en que un vehículo podría permanecer secuestrado
Las personas que incumplan las normas serán trasladadas a la Comisaría y se les abrirá una causa judicial. ¿A cuánto podrían ascender las multas?
15 de enero 2021 · 12:47hs
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Imagen ilustrativa
En ese marco, las fuerzas de seguridad (provinciales y federales) pueden retener vehículos a los infractores. Los oficiales deberán dar aviso a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, quienes podrán abrir una casusa penal por la violación del decreto nacional y provincial.
En ese sentido, los primeros tres días de controles dejaron un saldo en la ciudad de Santa Fe de 12 vehículos retenidos (motos y autos) y una veintena de personas que fueron trasladados a la comisarías. Desde el Ministerio de Seguridad anticiparon que los operativos se van a intensificar desde la madrugada del sábado.
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En conferencia de prensa, el fiscal Jorge Nessier, explicó que "la violación a este principio no contempla una pena grave, sino que es de 6 meses a dos años de prisión". Igualmente, advirtió que los fiscales "pueden disponer directamente la detención".
Y añadió: "Teniendo siempre en cuenta la gravedad y características del hecho, los fiscales disponen la libertad de la persona una vez que fue identificada, pero no así el vehículo, el cual permanecerá secuestrado hasta que se llegue a una resolución con la causa iniciada".
El funcionario judicial agregó que “que un vehículo retenido por violar la restricción horaria demanda tiempo para su devolución. Este tiempo está vinculado a la resolución de la causa. Esto no es como cuando alguien comete una infracción, va a pagar la multa y se lo lleva".
Con relación a las sanciones económicas que se deberían afrontar, describió: "No es exactamente una multa. Por ejemplo, si la persona no tiene antecedentes penales, la causa puede ser resuelta por alguno de los mecanismos previstos por nuestra ley procesal como lo es la suspensión del juicio a prueba o probation, que no es algo menor. Si bien no es una condena, queda un antecedente sobre la persona por lo menos en el plazo de un año y que tampoco pueda volver a hacer uso de este beneficio también en un período de tiempo que se determine".
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"Las alternativas tienen que ver con resarcimientos económicos que en el caso de tener una víctima individualizada es para ella, pero al ser un incumplimiento que va contra toda la sociedad, el resarcimiento va destinado a una entidad de bien público", comentó.
En cuanto a los montos que se deberán de abonar "los montos varían de un caso a otro según el criterio de los fiscales teniendo en cuenta cómo y en que circunstancias se dieron los hechos, pero en estos caso nunca serán menores a los 15.000 o 20.000 pesos", manifestó.
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