El Anexo del Palacio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe será inaugurado el próximo martes 30 de junio por la mañana, según confirmaron fuentes judiciales. El edificio, ubicado detrás del histórico inmueble de calle San Jerónimo al 1500, cuenta con más de 22.000 metros cuadrados cubiertos y una estructura de subsuelo, planta baja y cinco pisos, diseñada para concentrar dependencias del sistema penal y aliviar la situación edilicia del Poder Judicial en la capital provincial.
El nuevo edificio de Tribunales se inaugurará el 30 de junio en medio de una disputa entre la Corte y los ministerios públicos
La fiscal general Vranicich y la defensora Moreno Robinson, reclaman los metros cuadrados que les fueron asignados desde el origen del proyecto. La Corte Suprema cambió de posición tras la nueva Constitución y excluiría a fiscales y defensores del edificio.
4 de junio 2026 · 19:06hs
Sin embargo, la inauguración llega en medio de una disputa institucional que enfrenta a la Corte Suprema de Justicia con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD), que reclaman los espacios que, según afirman, les fueron asignados desde el origen del proyecto y que ahora el máximo tribunal pretende reservar exclusivamente para los jueces.
Un espacio prometido que la Corte retiró
La defensora general Estrella Moreno Robinson reveló que desde 2021 la propia Corte Suprema había informado al Ministerio Público de la Defensa que le correspondía un espacio de 1.030 metros cuadrados dentro del nuevo edificio. Sobre esa base se avanzó concretamente: se elaboraron planos, se licitó el cableado de infraestructura informática y se diseñó la distribución de las oficinas. "Tenemos los planos, tenemos todo", afirmó Moreno Robinson en diálogo con el programa "Mañana UNO".
Sin embargo, tras la sanción de la nueva Constitución provincial —que convirtió a los ministerios públicos en órganos independientes del Poder Judicial— la Corte cambió de posición. El argumento: al ya no ser parte del Poder Judicial, la Defensa y la Acusación no tendrían derecho a ocupar ese edificio. "Excluyen también al Ministerio Público de la Acusación y también al Ministerio Público de la Defensa. Quedarían solo los jueces", precisó la defensora.
"El Estado se endeudó para pagar ese edificio"
Moreno Robinson rechazó con firmeza esa lógica y subrayó que el reclamo no es una disputa de poder sino una cuestión de servicio público. "Yo no coincido para nada en que se diga: 'Ahora no son poderes judiciales, por eso no corresponde'. Los edificios se pagan con dineros públicos. El Estado provincial se endeudó para pagar el Centro de Justicia Penal. Debemos estar ahí no por bienestar nuestro, sino para dar la respuesta que tenemos que dar desde el sistema de justicia penal", planteó la funcionaria.
La defensora también destacó las razones de eficiencia estatal detrás del reclamo. El edificio fue diseñado siguiendo el modelo del Centro de Justicia Penal de Rosario con un objetivo claro: que víctimas, testigos, imputados y familiares puedan resolver todos sus trámites en un mismo lugar. "Ir a una audiencia no implica salir media hora antes, 45 minutos antes; uno se levanta y se va a la audiencia. Esos son tiempos que paga el Estado, porque los sueldos los paga el Estado", argumentó Moreno Robinson.
Vranicich: "Que cumplan con la nueva Constitución"
En la misma línea, la fiscal general María Cecilia Vranicich reiteró su rechazo a la resolución del máximo tribunal y reclamó que se respete lo establecido por la nueva Constitución provincial. Según indicó, la normativa establece en una cláusula transitoria que no puede modificarse el destino de los inmuebles ya asignados al MPA y al MPD sin el consentimiento de esos organismos.
"Nosotros solamente le estamos pidiendo a los ministros de la Corte nada más ni nada menos que cumplan con la nueva Constitución", afirmó Vranicich. La fiscal también cuestionó el procedimiento seguido por el máximo tribunal: "El diálogo viene antes de las decisiones. Acá primero tomaron una decisión y después llamaron al diálogo", remarcó.
Para describir el proceso de separación institucional entre el Poder Judicial y los ministerios públicos, Vranicich recurrió a una metáfora: "En la Procuración General de la Nación, cuando atravesaron este proceso después de la reforma del 94, lo describían simbólicamente como un divorcio. Y esto es un divorcio y tiene que ser entendido así."
Sin respuesta de la Corte y con la Nación en el horizonte
Ante el conflicto, tanto Vranicich como Moreno Robinson solicitaron formalmente una reunión con todos los ministros de la Corte, a instancias de un pedido de diálogo impulsado por la Cámara de Senadores de la provincia. La respuesta, hasta el momento, no llegó.
El MPA advirtió además que no firmará convenios que impliquen una "ocupación precaria" de los espacios. "Nos ofrecen una posesión precaria que permitiría que el Poder Judicial pueda retirarnos del edificio si lo necesita. Eso no corresponde", explicó Vranicich.
Ante la falta de acuerdo, la fiscal general no descartó que el conflicto escale a instancias superiores. "Eventualmente iremos a la Corte de la Nación. Incluso ya hicimos una reserva convencional porque estamos convencidos de que hay que defender la institucionalidad del Ministerio Público", advirtió, aunque aclaró que la prioridad sigue siendo alcanzar una solución mediante el diálogo institucional. "Esperamos llegar a buen puerto", concluyó.
