El flamante anexo del Palacio de Tribunales de Santa Fe está cerca de inaugurarse en medio de una disputa institucional que enfrenta a la Corte Suprema de Justicia con los dos ministerios públicos de la provincia. Tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público de la Acusación reclaman el espacio que, según afirman, les fue asignado desde el origen del proyecto y que ahora la Corte pretende reservar exclusivamente para los jueces.
La pelea de los ministerios públicos por entrar al nuevo Palacio de Justicia: "El Estado se endeudó para pagar ese edificio"
La defensora general Estrella Moreno Robinson exige que el organismo ocupe el espacio previsto en el anexo del Centro de Justicia Penal, un edificio financiado con deuda pública que, según el nuevo criterio de la Corte Suprema, quedaría reservado solo para los jueces
26 de abril 2026 · 08:51hs
Un espacio prometido, una promesa retirada
La defensora general Estrella Moreno Robinson reveló que desde el año 2021 la propia Corte Suprema había informado al Ministerio Público de la Defensa que le correspondía un espacio de 1.030 metros cuadrados dentro del nuevo edificio. Sobre esa base, se avanzó concretamente: se elaboraron planos, se licitó el cableado de infraestructura informática y se diseñó la distribución de las oficinas. "Tenemos los planos, tenemos todo", afirmó Moreno Robinson.
Sin embargo, tras la sanción de la nueva Constitución provincial, que convirtió a los ministerios públicos en órganos independientes del Poder Judicial, la Corte cambió de posición. El argumento: al ya no ser parte del Poder Judicial, la Defensa y la Acusación no tendrían derecho a ocupar ese edificio.
Moreno Robinson rechaza esa lógica con firmeza. "Yo no coincido para nada en que se diga: 'Ahora no son poderes judiciales, por eso no corresponde'. Los edificios se pagan con dineros públicos. El Estado provincial se endeudó para pagar el Centro de Justicia Penal. Debemos estar ahí no por bienestar nuestro, sino para dar la respuesta que tenemos que dar desde el sistema de justicia penal", planteó al programa Mañana UNO que conducen Fabián Acosta y Natalí Bedini.
Una exclusión que alcanza a fiscales y defensores por igual
La defensora fue precisa al describir el alcance del conflicto: el nuevo criterio de la Corte no distingue entre ministerios. "Excluyen también al Ministerio Público de la Acusación y también al Ministerio Público de la Defensa. Quedarían solo los jueces", señaló.
Eso coloca en el mismo bando a Moreno Robinson y a la fiscal general María Cecilia Vranicich, quienes trabajan en conjunto para revertir la situación. Ante un pedido de diálogo impulsado por la Cámara de Senadores de la provincia, ambas funcionarias solicitaron formalmente una reunión con todos los ministros de la Corte. La respuesta, hasta el momento, no llegó.
El argumento del servicio público, no del privilegio corporativo
La defensora fue cuidadosa en subrayar que el reclamo no es una disputa de poder ni una cuestión de comodidad institucional. El edificio fue diseñado siguiendo el modelo del Centro de Justicia Penal de Rosario con un objetivo claro: que víctimas, testigos, imputados y familiares puedan resolver todos sus trámites en un mismo lugar, sin desplazamientos adicionales.
A eso se suma una razón de eficiencia estatal: si defensores, fiscales y jueces comparten el mismo edificio, los tiempos muertos de traslado entre audiencias se eliminan. "Ir a una audiencia no implica salir media hora antes, 45 minutos antes; uno se levanta y se va a la audiencia", describió Moreno Robinson. "Esos son tiempos que paga el Estado, porque los sueldos los paga el Estado."
