El gobierno nacional quiere constituir el 21 de noviembre próximo un organismo especial que tendrá como objetivo "lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial", según expresa el decreto que firmó el presidente Mauricio Macri por el que se creó el organismo.

El revalúo, que llevaría dos años concluirlo, impactará en lo que se tributa de tasas municipales, en el impuesto inmobiliario que cobran las provincias y en Bienes Personales.

En ese marco, propiedades que hoy no están gravadas, pasarían a estarlo. Pero es posible que, frente a la suba del valor fiscal, las diferentes jurisdicciones ajusten hacia bajo la alícuota que cobran para que el impacto no sea tan grande.

El organismo especial funcionará en el ámbito del Ministerio del Interior nacional y en la Casa Rosada recordaron ayer que su creación estaba contemplada en el Pacto Fiscal del año pasado.

Asimismo, en el gobierno rechazaron que detrás del revalúo haya un nuevo golpe contra la clase media: aseguraron que el objetivo no es recaudatorio sino uniformar los procedimientos que se aplican en todo el país para valuar los inmuebles y generar mayor equidad entre los contribuyentes.

Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, indicó: "Se busca que todos tengamos valuaciones homogéneas y con valores parecidos por región. Hoy, una casa en Jujuy parecida a una de Salta tiene una valuación muy dispar". Y detalló que las provincias pasarán a tener la "información linkeada con el registro de propiedad inmueble y con rentas".

Según el censo de 2010, por entonces en la Argentina había 13.835.751 viviendas. Datos más actuales que manejan en la cartera política reflejan que hay en el país 330 mil lotes rurales y 16 millones de parcelas urbanas catastradas (el 90 por ciento de estas tienen construcciones).

Características

El nuevo organismo estará integrado por representantes de la Nación y de las provincias. Lo primero que deberán hacer es fijar un plan de trabajo y, posteriormente, consensuar una metodología y homogeneizar la forma en que los catastros de las diferentes jurisdicciones tomarán el valor de las propiedades.

También será clave acordar hasta qué punto acercarán el valor actual al real, es decir, el de mercado. "Llevarlo a 25 o 30 por ciento es un norte razonable", deslizaron en la administración de Cambiemos.

Detrás del revalúo inmobiliario también están las quejas de algunas provincias, como Buenos Aires y Entre Ríos, que tienen las valuaciones fiscales de sus inmuebles más elevadas que otros distritos.

Al subir los valores, sus gobernadores padecieron el descontento de sus contribuyentes, algo que no sufrieron otros mandatarios.

El problema adicional es que los inmuebles pueden tributar Bienes Personales, un impuesto nacional que se coparticipa entre todas las provincias.

Así, un gobernador subió el inmobiliario más que otros mandatarios que no quisieron pagar el costo político por hacerlo y, encima, ahora aporta proporcionalmente más recursos para la torta que se debe coparticipar.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dispuso un crédito de 60 millones de dólares para informatizar los catastros de todo el país (algunas provincias se manejan solo con carpetas), el uso de software sofisticado, capacitar al personal, contrataciones de vuelos para sobrevolar las zonas a revaluar y fotos satelitales, entre otros gastos.

Los déficit del sistema actual de valuación fiscal salen a la luz si se revisan las planillas de recaudación de impuestos patrimoniales. En el primer semestre de 2018, La Rioja recaudó por impuesto a los automotores 108 millones de pesos y 24 millones de pesos por impuesto inmobiliario. Ocurre que en esa provincia el valor fiscal de los inmuebles está por el piso. La idea es, además, ponerles valor a todas las tierras fiscales.