El Gobierno prorrogó hoy por 180 días la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo ( Inadi), a cargo de Victoria Donda, quien está imputada por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
La intervención del Inadi se prorroga por 180 días
La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de su empleada doméstica Arminda Banda Oxa, por intentar darle un puesto en su repartición. Dentro de la denuncia también reclama a la titular del Inadi no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.
El decreto 22/2021 fue publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. De esta manera, se extiende la intervención dispuesta por el Decreto Nº 587, del 8 de julio de 2020, en el Inadi, organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El aval del Presidente
Alberto Fernández aseguró que quien conoce a la titular del Inadi, Victoria Donda, "sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacar ventaja del Estado", al referirse a la denuncia formulada contra la funcionaria de parte de su empleada doméstica.
"El primer detalle es que Victoria no le estaba ofreciendo un contrato del Estado para que (la empleada Arminda Banda Oxa) siguiera trabajando en su casa", afirmó el mandatario al ser consultado sobre este tema en una entrevista que brindó a principio de mes a la FM Radio Con Vos.
Sobre la relación laboral entre la funcionaria y la empleada doméstica, el Presidente señaló que, "lo que parece surgir de las charlas de WhatsApp" y "lo que se ve en los recibos de sueldo", no parecen irregularidades en la situación previsional. En este sentido, señaló: "Si Victoria le hubiera dicho «mirá, te pago con un contrato del Inadi», bueno, estaría siendo otra mi respuesta; de eso no tengo ninguna duda".
El escándalo
Victoria Donda, aseguró este mes que "es mentira" que durante los meses de pandemia la trabajadora doméstica Arminda Banda Oxa no haya percibido lo que cobraba, como lo denunciaron los abogados de la mujer, y volvió a señalar que está "acostumbrada a ser blanco de fake news". En ese sentido, la funcionaria insistió en que "los reclamos (de que no quiso pagar una eventual indemnización) no son ciertos" al tiempo que reafirmó que "los aportes y pagos fueron hechos en tiempo y forma, como consta en Ansés y Afip".
La relación laboral entre Donda y la trabajadora de limpieza se convirtió en tema de agenda luego de que los abogados acusaron a la titular del Inadi por proponerle a la empleada cobrar un plan de ayuda estatal con contraprestación en su lugar de residencia. También la denunciaron por ofrecer un empleo para un familiar directo.
"El abogado miente. Empezó diciendo que no estaba registrada y ahora termina diciendo que yo la apretaba para que entre a algún lugar del Estado. La verdad que es poco sólido", replicó Donda en diálogo con Télam. Y subrayó: "Nadie puede pensar que yo voy a hacer todo esto para no pagar una indemnización". Y agregó: "Tengo todos los recibos. Ella (Arminda) vino hace dos meses a mi casa, se llevó la plata, firmó los recibos".
Arminda Banda Oxa nació en Bolivia, reside en el sur del GBA, tiene 62 años y trabaja en casas de familia. En 2009, Arminda cuidó a la madre de crianza de Donda, entonces enferma de cáncer y fallecida ese mismo año.
"El trabajo no registrado es una práctica habitual –dijo Donda al ser consultada por este punto–, está muy mal y hay que desterrarlo. Por eso lo hago en mi práctica diaria. Pero no voy a juzgar a mi mamá, que no está viva. Mi mamá aprendió a leer y escribir cuando yo tenía 15 años, le enseñé yo. Arminda trabaja en un montón de casas y hay que ver cuántas le están haciendo los aportes".
También señaló que a Arminda "le pagaba de acuerdo a lo que estipulaba la ley el proporcional a la cantidad de horas". "A mi casa no venía todos los días. Lunes y miércoles, a veces viernes. Lo que le pagaba tenía que ver con la cantidad de horas. Y siempre le pagué un porcentaje adicional del 50% más, por viáticos", dijo.
"Es una mujer en situación de vulnerabilidad; por eso, una jubilación tampoco le resolvería la situación. Por otro lado, yo no estaba nombrando a alguien de mi familia en un alto cargo: si la jubilación tardaba en salir, podía acceder a algunos planes. Además, Arminda califica para el Potenciar (plan social) y así iba a poder prestar servicios sin tener que moverse mucho de su casa", afirmó Donda.
Las pruebas presentadas
En la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el Inadi o de un plan social:
-“Necesito que hablemos a ver si querés que te acompañe para sacar la jubilación. Y qué querés que hagamos con el aporte. Yo obviamente quisiera como te dije continuar la relación laboral. Pero entiendo si no podés y renunciás”.
-”Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el Inadi (…)”.
- “Sí, claro, lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso (…) renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saqués la jubilación, pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitás la plata. Los planes están cobrando más o menos $10.000 y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.
La denuncia cayó, por sorteo, en el juzgado federal número 12 que subroga el juez Sebastián Casanello quien delegó la investigación judicial en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal que finalmente inició la averiguación y dispuso las primeras medidas fue Eduardo Taiano quien subroga por estos días a Marijuán que se encuentra de licencia.
En paralelo a las denuncias de los abogados (una por presunta evasión de aportes y otra por defraudación contra la administración pública en grado de tentativa), el episodio sumó nuevas presentaciones judiciales y políticas. Dos abogados de la Fundación Apolo, en la que participan exmiembros de la gestión de Mauricio Macri, presentaron su propia denuncia. Lleva la firma de José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.