Memoria, Verdad y Justicia, un compromiso democrático

Luis Daniel Rubeo

Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe

En la superficie del escenario político-institucional, en lo formal, hoy se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional en 1976. Desde lo personal, aunque presumo que es un sentimiento compartido por muchos, hoy los argentinos conmemoramos el comienzo de una tragedia, el nacimiento de un proceso que dejó heridas profundas en el cuerpo social. Así de intensa fue esa agresión al pueblo durante aquel oscuro período, y así de graves sus consecuencias sociales, políticas, morales y económicas. A 38 años de aquel fatídico 24 de marzo, puede decirse que los reclamos de Memoria, Verdad, Justicia y Castigo a los culpables recién lograron sintonizar completamente con los deberes de un Estado democrático a partir de la llegada al poder del ex presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003.

La decisión política del ex mandatario de asumir como propias las banderas enarboladas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y políticas que acompañaron esa legítima demanda, permitieron acelerar los juicios a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad, reparar a las víctimas, ahondar los procedimientos para determinar el destino real de decenas de miles de desaparecidos, intensificar la búsqueda de los hijos arrebatados al nacer a madres en cautiverio, e incluso establecer las complicidades civiles que tuvo la dictadura, entre otros grandes avances en pos de conocer la verdad histórica.

Kirchner pidió perdón en nombre del Estado tanto a las víctimas como al resto de la sociedad, poniendo en valor la responsabilidad de los poderes públicos en esa búsqueda de justicia, y reclamó al Congreso nacional que anule las leyes de impunidad y los indultos.

La continuidad de esas políticas por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner garantizó que en la última década, a pesar de la injustificada morosidad de algunos tribunales a la hora de instrumentar las causas, se multipliquen los juicios a los responsables del plan sistemático que implicó tanto el asesinato y desaparición de personas como la imposición de un plan económico que destrozó el aparato productivo, hizo caer los salarios de los trabajadores y desarticuló las conquistas sociales que el pueblo argentino había alcanzado con esfuerzo durante décadas.

En síntesis, hoy el Estado se constituye en el principal garante del cumplimiento de las consignas que apenas iniciada la dictadura levantaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo casi en soledad. Y ése es el mayor logro en 30 años de democracia: que Memoria, Verdad, Justicia y Castigo a los culpables ya no sean sólo expresiones de deseos o una frase de circunstancia.