Fue a rendir y terminó presa por realizar amenazas de bomba

Este miércoles por la mañana se presentó en la escuela San Roque ubicada en el barrio Sargento Cabral la Policía de Investigaciones (PDI) para aprehender a una joven de 18 años. Además le secuestraron su teléfono celular en presencia de testigos, y posteriormente la trasladaron a la sede policial, conforme al resultado de los peritajes hechos sobre la recepción de llamados telefónicos con amenazas de bomba que fueron recepcionados en los últimos meses en ese establecimiento educativo.

Alumna aprehendida

Al menos cuatro llamadas en la central de emergencias 911 reportaron que se trataba de un mismo número de teléfono celular. Conforme a la verificación que fue realizada posteriormente, quedó determinado que se trataba del equipo usado por una alumna de los últimos años de la escuela secundaria. Hoy, cuando la estudiante se presentó a rendir una materia, quedó detenida en el marco de la investigación, y en presencia de testigos le secuestraron su teléfono.

Delito imputado

Informaron la novedad sobre el resultado del procedimiento de aprehensión y secuestro del equipo de telefonía celular a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región 1°, y éstos hicieron lo propio con la fiscal del caso Milagros Parodi, que ordenó respecto de la joven alumna aprehendida, que continúe privada de su libertad, que sea identificada y que se le forme causa como presunta autora del delito de "intimidación pública".

Daño económico estimado

Un operativo policial montado desde que es recibida la denuncia de amenaza de colocación de un artefacto explosivo en un establecimiento escolar, que supone el envío preventivo de oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos hasta la sede del establecimiento educativo que se trate, la posterior evacuación, y la requisa que tiene que ejecutar la Brigada de Explosivos en el edificio escolar, además de los peritajes criminalísticos de la PDI y su posterior investigación, actualmente tiene un costo estimado que va desde los 80 mil a los 100 mil pesos, además del daño causado en la comunidad educativa para el regular dictado de clases.