Lácteos Verónica: denuncian un posible vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

La crisis de Lácteos Verónica sumó en las últimas horas un nuevo frente de tensión. En medio del conflicto laboral que mantiene a unos 700 trabajadores sin cobrar sus salarios desde diciembre, la diputada nacional Julia Strada denunció una serie de maniobras que, a su entender, alimentan sospechas sobre un posible vaciamiento deliberado de la empresa.

El planteo de la legisladora apuntó directamente a la estructura societaria vinculada a la familia Espiñeira, propietaria de la firma, y puso el foco en decisiones empresariales que, según sostuvo, habrían agravado aún más la situación productiva y financiera de una de las compañías históricas del sector lácteo santafesino.

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Uno de los ejes centrales de la denuncia se concentra en Las Becerras S.A., el tambo de la misma familia dueña de Lácteos Verónica. De acuerdo con lo señalado por Strada en base a datos aportados por trabajadores, esa firma le proveía buena parte de la materia prima a la láctea, pero dejó de hacerlo y comenzó a vender su producción a otras empresas del sector.

“Mientras los 700 trabajadores de Lácteos Verónica no cobran desde diciembre, los dueños estaban ocupados en otra cosa. Las Becerras S.A. es el tambo de la familia Espiñeira, los mismos dueños de Lácteos Verónica, que le proveía gran parte de los insumos a la empresa. Hoy Las Becerras le vende la leche a otras empresas lácteas y dejó de proveerle a Verónica. Los mismos dueños le cortan los insumos a su propia empresa mientras 700 trabajadores esperan cobrar. ¿Eso no es vaciamiento deliberado?”, planteó la diputada.

La acusación suma un dato que para los trabajadores y para la propia Strada resulta especialmente sensible. En septiembre de 2025, en pleno contexto de crisis, fueron constituidas tres nuevas sociedades anónimas ligadas a integrantes de la familia Espiñeira y con objetos sociales similares a los de Lácteos Verónica: explotación agropecuaria, tambo y comercialización.

Según detalló la legisladora, se trata de Kawsay S.A., creada en Rosario el 2 de septiembre de 2025 y presidida por Mariel Espiñeira; Agro Prada S.A., constituida en la ciudad de Buenos Aires el 10 de septiembre de 2025, con Alejandro Espiñeira como presidente del directorio; y Grandal Agropecuaria S.A., registrada también en Ciudad de Buenos Aires el 11 de septiembre de 2025, con María del Carmen Espiñeira Dianti al frente.

Para Strada, la coincidencia temporal entre la profundización de la crisis de la láctea santafesina y la aparición de estas nuevas firmas abre interrogantes de fondo sobre el destino del negocio y de los activos de la empresa.

“¿Será casualidad que estas tres empresas tengan exactamente el mismo objeto que Lácteos Verónica? ¿Estarán distribuyendo los activos de la empresa entre estas nuevas sociedades? ¿Alguien lo está investigando?”, preguntó públicamente.

La diputada también amplió el reclamo hacia el rol del Estado y de la Justicia. “¿Las autoridades de Santa Fe cruzaron estos datos? ¿La Secretaría de Trabajo nacional se hace cargo? ¿La Justicia tomó nota? Los 700 trabajadores merecen una respuesta”, sostuvo.

El conflicto en Lácteos Verónica arrastra ya varios meses de deterioro y no se limita al atraso salarial. La crisis se profundizó con la reducción de jornadas laborales y salarios comunicada a trabajadores mediante telegramas, en un contexto de parálisis casi total en las plantas de las localidades de Clason, Lehmann y Suardi. En los últimos días, empleados y familiares llevaron adelante protestas con quema de cubiertas en los accesos a establecimientos que la firma posee tanto en la provincia de Santa Fe como en la de Buenos Aires.

El cuadro general ya había llegado al Congreso el 12 de marzo pasado, cuando se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para advertir sobre la situación de la empresa. La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Caren Tepp y contó con el acompañamiento de Germán Martínez, Diego Giuliano y Agustín Rossi.

En ese texto se expresó preocupación por la paralización de las plantas productivas, por el cierre de distintos depósitos en el país —entre ellos los de Rosario— y por el impacto que la crisis genera sobre más de 700 trabajadores y sobre toda la cadena láctea. También se advirtió que las presentaciones realizadas por la empresa fueron rechazadas por no presentar balances, por lo que no prosperó un plan preventivo de crisis.

La situación excede largamente a la firma y golpea de lleno a la cuenca lechera santafesina. Según se señaló en ese planteo legislativo, la deuda con productores tamberos asciende a 60 millones de dólares, con consecuencias directas para una red productiva que incluye además a transportistas, proveedores y economías regionales.

“Detrás de cada planta paralizada hay familias, pueblos enteros y una economía regional que depende de esa actividad”, había señalado Tepp al presentar la iniciativa. Y había remarcado que se trata de una actividad estratégica para Santa Fe, donde la caída de una empresa de esta magnitud repercute mucho más allá de sus plantas.