Mendoza: cayó una red de prostitución VIP vinculada a empresarios y lavado de dinero

Por Rosana Villegas

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Una orquestada red de trata de personas que venía funcionando impunemente en Ciudad, y que además habría generado millonarios ingresos que terminaban en lavado de dinero, fue desarticulada por la Justicia Federal.

Para rescatar a unas 15 chicas que eran explotadas sexualmente, en las últimas horas se realizaron 10 allanamientos, en los que se detuvo a  personas, entre las que figuran el dueño de un conocido prostíbulo, su esposa, un colaborador de la empresa, la cajera, un inspector de la comuna de Ciudad y un ginecólogo que se dedicaba a mantener saludables a las chicas explotadas. A la organización se le secuestró cerca de un millón y medio de pesos y vehículos de alta gama.

La denuncia que disparó la investigación llegó a la Justicia Federal hace varios meses cuando una joven aseguró haber escapado de un prostíbulo de Ciudad, donde se la obligaba a brindar servicios sexuales.

El caso lo tomó la Fiscalía Federal Nº2, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz. Al parecer desde que se comenzó con la investigación se fueron sumando indicios que confirmaban no sólo el funcionamiento de un prostíbulo, sino que los dividendos que generaba la empresa terminaban en lavado de dinero.

Con las pruebas suficientes en su poder, el fiscal Alcaraz solicitó la autorización del caso al juez Walter Bento y con esas órdenes de allanamiento se dispusieron 10 operativos, que se concretaron entre el martes a la noche y la madrugada de ayer.

El primero de los golpes fue en el mismo prostíbulo, llamado Pyme Vip, que funcionaba en 25 de Mayo 1114, justo frente al lujoso hotel Hyatt. En ese lugar, en el que dijo prostituirse en 2010 Débora Di Falco, la joven que fue enjuiciada por la muerte de su hija Guadalupe (4), en San Luis, se logró detener en la noche del martes a quien sería la cajera del negocio, que estaba en pleno funcionamiento pese a la disposición de la comuna citadina que lo prohíbe. Según trascendió en el local se encontró a unas 15 chicas, que serían explotadas sexualmente y que quedaron bajo la tutela de la Dirección de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Seguridad.

El dueño del prostíbulo, un hombre de unos 40 años, fue detenido en la vía pública, a unas cuadras de allí. Unos pocos minutos después cayó también preso Sebastián Solé, un “colaborador” del propietario, que sería el encargado de reclutar a las chicas.

Según la investigación, todo se realizaba a través de una página web (que ya no funciona) en la que se solicitaban chicas de 18 a 25 años, “con buena presencia que quisieran trabajar en un lugar lindo y ser bien cuidadas”.

Habiendo arrestado a estas tres personas, los efectivos de Gendarmería Nacional se trasladaron hasta el lujoso barrio privado Las Candelas, de Chacras de Coria, donde irrumpieron en la vivienda del jefe de la organización y dueño del prostíbulo con la información certera de que allí escondía efectivo que se destinaba al lavado de dinero. Tras detener a la esposa del empresario, esos uniformados dieron con una caja de seguridad en la que se guardaba cerca de un millón y medio de pesos en efectivo.

Ante la atónita mirada de los vecinos de ese exclusivo barrio, los gendarmes secuestraron también varios vehículos de alta gama.

Más tarde se allanó también el domicilio de un inspector de la comuna de Ciudad, Raúl Cuquejo, que sería el contacto que tenía la banda para evitar controles y permanecer funcionando sin que nadie los controlara.

Por último cayó también Osvaldo Pastorino, un ginecólogo que, según la información que manejaban los investigadores, era el encargado de “mantener saludables a las jóvenes que eran explotadas y de ser necesario interrumpir embarazos”.

Todos los detenidos quedaron imputados del delito de trata de personas y podría ampliarse a lavado de dinero.

Cada uno de los allanamientos fue presenciado por el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, quien viajó exclusivamente a Mendoza para el operativo. Él es quien investiga el presunto caso de lavado de dinero del que se acusa a los empresarios Lázaro Báez, Leonardo Fariña y Federico Elaskar.