Por qué acusan al procurador de la Corte, Jorge Barraguirre

Si bien la denuncia hacía al menos dos meses que circulaba en los pasillos de tribunales y del propio Ministerio Público, en los últimos días se hizo conocer el disgusto en el que se encuentran fiscales y defensores de Santa Fe, Vera y Reconquista, entre otras localidades de la provincia.

A través de un escrito filtrado a los medios de comunicación que lleva la firma de 29 funcionarios, se destacaron ciertas críticas hacia el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, al cual tildaron de aplicar malos tratos y tener ciertas contradicciones en torno al sistema conclusional de causas.

En dicho escrito, tildan a Barraguirre de "avasallar la esfera institucional" tras tomar una serie de directivas. Según los funcionarios, el procurador "utilizó la herramienta de presión laboral para definir quién se queda y quién se va del Ministerio Público Fiscal, obligando así a que muchos funcionarios debieron alejarse por dichos motivos y en razón de los malos tratos recibidos; pidiendo traslados o solicitar el traspaso al Ministerio de la Acusación -nuevo sistema- o jubilarse".

Entre varias de las quejas que fiscales y defensores le atribuyen, aparece una basada en la cuestión económica. En este sentido, el documento presentado ante la Corte Suprema sostiene: "Se le exigió a la defensa pública viajes a Jornadas sobre Violencia de Género a Bariloche -Río Negro- y a Buenos Aires, impidiendo el derecho a percibir viáticos. Cuando se reclamó el cobro de viáticos en forma colectiva, el procurador -Barraguirre- argumentó que "con los sueldos que ganaban no tenían por qué percibir viático alguno".

Por otro lado y con los ojos puestos en torno a las causas penales que todavía quedan sin resolverse en el sistema residual, los firmantes denunciaron cierta contradicción en torno a las directivas impartidas por el propio procurador.

Una de estas contradicciones surgió en 2014/15 cuando "ordenó al Ministerio Público Fiscal de toda la provincia a instar en forma genérica e indiscriminada todas las causas penales y, a su vez en sentido contrario, ordenó directivas a los defensores generales de Cámara y Primera Instancia para que apelen esas instancias, situación que originó un cuello de botella".

En este sentido, los denunciantes indicaron que un año después, en 2016, "obligó verbalmente a instar indiscriminadamente todas las causas penales de los distintos fueros". En consecuencia, y según el escrito, "amenazó a los fiscales con aplicarles severas sanciones en caso de que utilicen el Instituto de Principio de Oportunidad para cerrar las causas sin trascendencia".

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No obstante ello, acusan a Barraguirre de que "pretendió hacer que la Defensa asesore a las víctimas e intervenga como parte querellante en las distintas causas y al explicarle a través de la Defensoría de Cámara que dicha intervención le correspondía a un CAF o CAJ, dijo: "Era para probar como experiencia piloto".

Por tal motivo, solicitaron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que "se dispongan las medidas conducentes a salvaguardar la institucionalidad y el buen funcionamiento del MPF". Además pidieron que se tome conocimiento respecto al funcionamiento del sistema conclusional de causas y hacer cesar las actitudes arbitrarias violentas y maltrato contra los integrantes del Ministerio Público Provincial que se traducen en verdaderos incordios laborales, afectando la esfera íntima de cada uno de sus integrantes.