Alerta PyME en Santa Fe: advierten que frenar los embargos de ARCA "es solo un parche" y reclaman un plan de pagos a 5 años

La reciente decisión del Gobierno nacional de suspender de forma temporal los ejecuciones fiscales y embargos dictados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta el mes de mayo fue recibida con cautela por el tejido productivo santafesino.

Si bien el sector comercial e industrial venía exigiendo una tregua fiscal, desde la Asamblea Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtieron que la medida no resuelve la crisis estructural de liquidez.

El referente de APYME Santa Fe, Mario Galizzi, señaló que el congelamiento de las medidas cautelares resulta insuficiente mientras no se aborde la acumulación de pasivos: "Frenar los embargos de ARCA es un parche que tiene plazo de finalidad. Por lo menos se frenaron, pero esto no detiene la generación de nuevas deudas si el mercado interno no reacciona".

"Una de cada seis empresas en la región está embargada. Con los costos judiciales, las multas y los intereses del sistema, la deuda original termina encareciéndose hasta un 60%. Necesitamos de manera urgente un plan de refinanciación a 5 años con tasas subsidiadas", sostuvo Mario Galizzi, referente regional de APYME en diálogo con UNO Santa Fe.

Reducción del mercado interno y morosidad salarial

Al trazar una radiografía del consumo y la actividad fabril en la capital provincial y el centro-norte santafesino, el dirigente empresarial presentó indicadores preocupantes respecto de la capacidad operativa instalada y el endeudamiento de las familias:

Capacidad ociosa estructural: producto del repliegue de las ventas, Galizzi estimó que actualmente "está sobrando el 30% de la cadena comercial y el 40% de la industria" en la economía regional.

Diagnóstico de los ingresos: en la provincia de Santa Fe se contabilizan aproximadamente 520.000 trabajadores formales, 500.000 informales y 100.000 estatales. Con salarios que promedian la franja de los 700 dólares, el titular de APYME reveló que el 70% de los asalariados se encuentra afectado por embargos bancarios o cuadros de morosidad.

Impacto en el empleo y la pobreza: el referente recordó que el aglomerado Gran Rosario registra una tasa de desocupación del 11,5%, mientras que el Gran Santa Fe se ubica de forma sistemática entre los aglomerados con mayores índices de pobreza e indigencia del país.

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Las medidas de fondo que reclama el sector PyME

Frente a este escenario de ahogo financiero, APYME elevó un paquete de exigencias dirigidas tanto a las autoridades de la administración tributaria como a las entidades bancarias:

Refinanciación a largo plazo: apertura de un plan de facilidades de pago de hasta 60 cuotas (5 años) con tasas de interés accesibles que permitan regularizar los pasivos devengados.

Freno a ejecuciones bancarias: suspensión de la traba de cuentas sueldos y cuentas operativas por parte del sistema financiero privado.

Protección patrimonial básica: avance en marcos legislativos para garantizar la inembargabilidad de la vivienda única de los pequeños comerciantes y microempresarios.

Recomposición del poder adquisitivo: Políticas de impulso directo al salario real para reactivar el circuito comercial de cercanía.