Al ritmo de la presión social salen las leyes sobre seguridad

Desde que la gente salió a la calle a reclamar "justicia y seguridad", en la Legislatura se aceleró el tratamiento de leyes que intentan dar respuesta al tema. Por su parte, el Ejecutivo provincial y el nacional también se apuraron para acordar el arribo de las fuerzas federales luego de mediatizar sus diferencias con acusaciones de todo tipo. En la Cámara alta, este jueves, en muchas ocasiones los senadores señalaron que son los actores de la Justicia los que no tomaron nota de las demandas de la sociedad y apuntaron a jueces, fiscales y defensores.

La agenda legislativa vinculada a los temas de seguridad este jueves se centró en el Senado donde se dio sanción definitiva a la ley de regulación del destino de los bienes y derechos patrimoniales secuestrados, depositados, decomisados, y cautelados en causas judiciales. La norma es un mensaje del Ejecutivo que fue aprobada en diputados el 8 de septiembre pasado y ahora el Senado hizo lo propio. Justamente el senador Felipe Michlig (San Cristóbal-UCR) destacó la celeridad con la que se trató el tema y tras una corta argumentación en el recinto se le dio sanción definitiva. Ahora será el Ejecutivo el que deberá reglamentar la ley que crea un ente autárquico que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia para custodiar los bienes de origen ilegítimo decomisados a delincuentes. Michlig aseguró que "esta ley será una herramienta fundamental para la lucha contra el delito" y que se apunta "al lugar que más le duele a la criminalidad organizada, sus ganancias".

Cambios al Código Procesal Penal

También en la sesión de este jueves los senadores dieron media sanción a un proyecto del senador Lisandro Enrico (General López-UCR) que modificaría cerca de 50 artículos del Código Procesal Penal. Enrico entiende que a dos años y medio de la implementación del nuevo sistema penal es hora de revisar y ajustar cosas que en la calle no están dando los resultados esperados por los legisladores -al momento de sancionar el código- ni cumple con las expectativas de la sociedad. "El sentido es dar más firmeza a la aplicación de la ley y tomar a la seguridad como una tarea fundamental de la Justicia, impedir el daño de las víctimas. Entendemos que la seguridad es un derecho humano y por eso modificamos los aspectos más polémicos de la legislación como la prisión preventiva, la detención, el juicio abreviado. Todo eso, creemos desde el Senado, que debe ser revisado", dijo.

Esta es la tercera vez que la Cámara alta intenta avanzar con una iniciativa de estas características y siempre se frenó en Diputados. Al respecto, el senador radical dijo: "Esperemos que esta vez sea votado porque vemos que una persona que comete un delito vuelve a la casa al poco tiempo. Queremos que la ley les marque claramente a los operadores del sistema judicial, fiscales jueces y defensores que hay situaciones que merecen el aprisionamiento de las personas y sin dilaciones aplicar la ley. No queremos las dilaciones, las chicanas en el proceso para que las personas que cometen un delito, donde rompe reglas sociales, quede en libertad si el delito que cometió es grave".

Si bien Enrico dijo que esta ley no va a terminar con la inseguridad y que hay que cambiar muchísimas otras normas para terminar con un problema que tiene múltiples causas, también argumentó que "es necesario un cambio de enfoque de la legislación penal argentina" porque "fue construida en base al denominado garantismo". Para el legislador hoy "se piensa más en las garantías del imputado que en la víctima".

Otras de las modificaciones tienen que ver con los juicios abreviados. A partir de la aprobación de este proyecto habría más control sobre la celebración de los juicios abreviados que hoy un fiscal puede hacer sin solicitar autorización alguna. En ese punto se estableció que cuando el acuerdo versara sobre el delito de penas cuyo máximo sea superior a los seis años de prisión se requerirá, además, la conformidad del fiscal regional. Pero si la pena máxima del delito que se está juzgando excede los ocho años se necesitará la conformidad del fiscal general de la provincia.

El proyecto que este jueves recibió media sanción también prevé la modificación del Artículo N° 3 de la Ley 13.013, que regula los principios de actuación de los fiscales. "El primer principio que se les impondrá es que tienen que investigar los delitos e ir a fondo con la acusación. Si un hecho está en duda entre si es robo o tentativa de robo, el fiscal debe pedir que se pene como un robo. Queremos los fiscales más comprometidos con la investigación, en sostener la acción punitiva y en resguardar la función del Estado de perseguir el delito".

Sobre el final de su exposición en el recinto, Enrico aclaró: "No decimos mano dura, decimos que se aplique la ley". La aclaración no es casual. Cuando la sociedad sale a la calle a pedir justicia y seguridad hay un límite muy delgado para pasar a pedir mano dura. Que lo cruce la gente, que puede estar atravesada por el dolor de una pérdida o por el miedo a ser una víctima de cualquier tipo de delito, es una cosa. Que lo hagan los responsables de hacer las leyes a partir del apremio que les genera ver a la sociedad en la calle, es otra.

Apurarse a buscar soluciones puede conducir a errores como los que se cometieron al sancionar las modificaciones al Código Penal argentino con la ley Blumberg (2004). Hay que buscar soluciones, no quedan dudas. Pero si solo son punitivas, la gente va a seguir estando en la calle.