La Cámara de Casación ordenó juzgar a Cristina Kirchner por reapertura de las causas Hotesur y Memorándum con Irán

Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal dispuso hoy que se realicen los juicios orales por las causas Hotesur-Los Sauces y del Memorándum de Entendimiento con Irán en los que está imputada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales.

Casación revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y ordenó que se haga el juicio oral y público junto al resto de la treintena de imputados, entre ellos su hijo Máximo Kirchner, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a la familia.

La decisión no incluye a Florencia Kirchner. “Al momento de ingresar Florencia Kirchner a la sociedad comercial, ésta ya estaba operativa, con su progenitora Cristina Fernández de Kirchner y su hermano mayor Máximo Kirchner, desde hacía ocho años”, se sostuvo.

Con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, el máximo tribunal penal del país dejó sin efecto los sobreseimientos dictados por los tribunales orales respectivos. El caso volverá ahora al Tribunal Oral Federal (TOF) 5, que en noviembre de 2021 sobreseyó por mayoría a los acusados. Sin embargo, eso no implica que el juicio comience en el corto o mediano plazo ya que las defensas pueden apelar el fallo de Casación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Asociación ilícita

En las dos causas se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita de parte de las sociedades Hotesur y Los Sauces -de la familia Kirchner- en el alquiler de sus hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El caso fue elevado a juicio en febrero de 2019. El TOF 5, con los votos de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, sobreseyeron a los acusados. Explicaron que no hubo lavado de dinero porque cuando se dieron los hechos había una ley penal más benigna que la actual.

También que los fondos que se discutían estaban bancarizados, por lo que no había lavado, y que a la causa se incorporaron elementos nuevos como las elevaciones a juicio de las causas vialidad -en la que Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados- y Oil Combustibles -la empresa de López y de Sousa acusada de fraude al estado en la retención de impuestos- que descartan las acusaciones.

En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó por rechazar los pedidos de sobreseimiento. Sostuvo que los planteos deben analizarse en un juicio oral junto con toda la prueba del caso. El fallo fue apelado por el fiscal Diego Velasco. “Los fundamentos del Tribunal son aparentes, advirtiéndose una inobservancia de normas cuya desatención acarrea sanción de nulidad, menoscabando directamente las garantías de defensa en juicio y debido proceso, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad”, había dicho Velasco en su apelación.

Así la causa pasó a la Cámara de Casación, donde las partes plantearon sus posturas. Por un lado, la de Cristina Kirchner y sus hijos pidiendo que se confirme el sobreseimiento. “Las pruebas incorporadas a la causa corroboran, fuera de toda posible discusión y sin necesidad de llevar a cabo un juicio oral, que los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal. Por ello, el sobreseimiento dictado debe ser confirmado”, señalaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoyen un escrito que en noviembre del año pasado presentaron ante Casación.

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Ordenaron juzgar a Cristina Kirchner en la reapertura de dos causas en las que figura como acusada.

Y por su parte, el fiscal de Casación Mario Villar mantuvo la postura de su colega Velasco para que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio. “Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral”, dijo Villar.

Cristina Kirchner ya tiene una condena. La recibió en diciembre pasado cuando el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso de la obra pública que de manera irregular recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los 12 años de gobierno kirchnerista.