La deuda social que la expansión económica no pudo solucionar

El sociólogo y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, Agustín Salvia, expuso la semana pasada ante la reunión interministerial presidida por el gobernador Antonio Bonfatti. Lo que presentó ante un gabinete provincial ampliado fue un panorama de lo que ocurrió en la última década en la Argentina, un balance general de la situación de desarrollo social.

Minutos antes de ese encuentro Salvia conversó con la prensa para pintar un diagnóstico de la actualidad que se vive en el país y exponer sobre las políticas que, a su criterio, posibilitarían una inclusión integral de todos los argentinos.

Salvia se detuvo “tanto en los claros como en los oscuros” del período 2003-2013. En términos económicos dividió la década entre el 2003 y el 2007 como un período de cambios cualitativos que luego ingresó en un amesetamiento y un agravamiento de la situación social con la crisis internacional de 2009. Luego marcó que hubo un nuevo empuje de las políticas sociales y una recuperación económica en 2010 y 2011 y un nuevo estancamiento en 2012 y 2013. “Más allá de que los niveles más bajos de pobreza los hemos tenido en 2011, es como que llegamos a un piso donde no pudimos bajar déficits estructurales a nivel social. Ese piso no se fractura porque haya mayor crecimiento económico, ni siquiera porque haya mayor demanda de empleo”, sostuvo.

El sociólogo asegura que en la actualidad, junto al 7 u 8% de la población en situación de desempleo, hay un 13% de gente en situación de subocupación. “Pero no una subocupación horaria –aclara–, sino en lo que llamamos empleos de indigencia. Son personas que ganan por debajo de los 2.000 pesos mensuales y que son vendedores ambulantes, limpiavidrios y que aparecen en las estadísticas como ocupados, pero que en realidad es un desempleo encubierto. Ese desempleo encubierto constituye, junto a los desocupados, casi el 20 o 22% de la población económicamente activa del país. Estamos hablando que casi uno de cada cuatro argentinos está en una situación de marginalidad laboral, y a esto no lo pudo resolver el crecimiento económico”.

Si a esa realidad se la lleva a los números, de una población económicamente activa de 16 millones de personas, hay 800 mil personas que sufren la marginalidad laboral. Pero Salvia advierte que a esas cifras se debe sumar un 33 por ciento de trabajadores en negro, por lo que “más de la mitad de la población económicamente activa tiene problemas” de empleo. “Obviamente esto era mucho más grave en 2003 y hemos mejorado sustantivamente en este período. Hace 10 años, el desempleo era del 18 por ciento y la marginalidad laboral era otro 15 o 18 por ciento. El 38% de la población tenía graves problemas de empleo cosa que hoy se redujo sustantivamente”, aseguró.

Para Salvia, la solución llega con una mayor demanda de empleo, pero no de cualquier calidad. “Está faltando una correa de transmisión entre ese sector más dinámico de la economía y el sector más retrasado de la economía de la subsistencia. Falta un sector intermedio que sea capaz de incorporar a través de empleos productivos o sociales a jóvenes, mujeres, personas mayores de baja calificación que hoy tampoco los ocupa la construcción, ni el servicio doméstico, ni la enfermería. Por eso se sumergen en las actividades de mayor marginalidad social como la prostitución, los servicios personales, vendedores ambulantes, entre otros. Lo que está faltando es cómo impulsar actividades productivas y sociales que llamamos empleos de cercanía que permitan incorporar a estos sectores que están ubicados en la marginalidad laboral”, explicó.

Ese entramado social complejo se complementa con un 45 por ciento de jóvenes que no termina la secundaria. “Más allá de una lenta mejora con la Asignación Universal por Hijo, que generó mayor retención escolar, no se resolvió el problema. Que los adolescentes asistan a la escuela no significa que después logren terminarla”, advirtió y agregó: “De todas maneras, el proceso de sociabilización que representa la escuela es muy importante. Pero tengamos en cuenta que alrededor de todos los adolescentes de 15, 16 y 17 años, el 18 por ciento ya no asiste a pesar de la Asignación Universal. Eso ya nos habla de un núcleo duro que el programa Progresar quiere rescatar cuando esos chicos cumplen 18 años. Hoy por hoy los rescata en términos de transferencia de ingresos. Todos estos son problemas estructurales que tiene la realidad social argentina”.

“Esto viene asociado a otro problema que es la marginalidad o la segregación residencial, la fuerte concentración que tiene esta población con problemas de empleo alrededor de espacios marginados laboralmente y en su hábitat, en el acceso a los servicios públicos, a una educación de baja calidad, deficientes servicios de salud, falta de información, falta de acceso al transporte y falta de seguridad”, graficó.

“Esos espacios de marginalidad –prosiguió–, a su vez, son atravesados por la delincuencia y el narcotráfico que hace que la situación sea aún más compleja porque los jóvenes tienen posibilidades de insertarse socialmente con actividades extralegales. Esta combinación de la necesidad con las mafias organizadas que operan en espacios donde el Estado está poco presente generan un cóctel explosivo de situación social que reproduce marginalidades, no crea empleo genuino, no mejora la educación, ni la salud, ni los servicios públicos”.

—¿Cómo se rompe con ese círculo?

—Se rompe con cuatro ejes claves de intervención. Uno es una política de inversión social apostando a que el sector formal de la economía haga un pacto con el sector informal. Se necesita una fuerte inversión pública para generar empleos de cercanía como jóvenes que promuevan la actividad deportiva en el barrio, que cuiden ancianos, brinden asistencia escolar, servicios públicos sociales. Eso implica formación. Y se necesita mayor desregulación para el sector informal que subsidie el registro de los trabajadores y que no tengan costo para las pequeñas empresas.

“El segundo eje –continuó– es de políticas de inclusión de espacios segregados a las ciudades. Los asentamientos y villas tienen que ser incluidos a las ciudades. Eso también requiere una importante inversión pública y privada; implica apertura de calles, iluminación y presencia de todos los servicios públicos y privados en el interior de esos barrios. Ahí hay que poner las mejores escuelas con una doble jornada. El Estado debe bajar a esos lugares y poner sus oficinas de recepción de quejas y demandas”.

Luego agregó: “La tercera medida tiene que ver con la educación. Eso es estratégico. Pero hay que pensar en una educación no tradicional para los jóvenes que no terminan la escuela. Se necesitan educaciones especiales de formación técnico profesional. Las escuelas secundarias de clase media, están hechas para las familias clase media. Tiene que ser educación formal o no formal de alta calidad. Pero debe ser distinto al bachillerato. Tiene que tener un vínculo directo con el empleo, con la vida social. Esos cincos años se la tienen que pasar estudiando, trabajando, consiguiendo ingresos y aprendiendo oficios. Eso todavía no se desarrolló en la Argentina como parte de la política educativa. Los jóvenes son obligados a ir a una escuela que los expulsó. A ellos no los quieren en esa escuela y ellos no quieren esa escuela. Esa doble exclusión hace que quien vaya a estudiar, producto de la Asignación, vaya obligado. Y si nada cambió, lo volverá a expulsar. El problema estructural sigue presente”.

Para Salvia, el cuarto punto es la política de seguridad. “Poder incluir a los barrios marginados de todas las ciudades del país implica una política de inteligencia que desarme a las bandas delictivas y del narcotráfico que están produciendo una verdadera destrucción de los jóvenes, los niños y las familias. Son un Estado paralelo con mucha más fuerza, mayor capacidad económica y de movilizar acuerdos, consensos, chantajes y presiones. Eso no se resuelve con más policías ni con más penas. Esto implica tomar decisiones profundas de desarmar estas bandas y que el Estado ocupe esos lugares. Esta política de seguridad tiene que ir acompañada de una política social. Hay un ciclo que mejoró cualitativamente la situación del país, pero ese proceso encontró un techo. Ahora necesitamos un acuerdo social con una política de desarrollo a 20 años donde se junten el campo académico, el público, el social, el económico y el político. Creo que Argentina tiene una oportunidad para eso”, concluyó.