A inicio del mes de marzo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jorge Ferraresi anunció que no iba a prorrogarse otra vez el decreto por lo que hace semanas las agrupaciones de inquilinos convocan para un #Ruidazo. Es el primero que se hace en Argentina.
Movida de inquilinos: una mudanza cuesta más de 80.000 pesos
El referente de Santa Fe de la Federación Nacional de Inquilinos Sebastián Artola explicó a UNO Santa Fe que “la idea de esta movida es que cada uno desde su casa se manifieste contra los aumentos de los precios de los alquileres, contra los abusos del mercado inmobiliario y puntualmente planteado la continuidad del decreto 320”. La iniciativa se va a complementar a través de puntos de concentración en distintas ciudades del país y desde la provincia de Santa Fe se realizará a partir de las 19 en la plaza Pringles.
“Nacionalmente proyectamos que tres millones de inquilinos están en una situación de endeudamiento, y en la provincia de Santa Fe, donde tenemos aproximadamente 700.000 inquilinos, son más de 200.000 los que deben de uno a seis meses”, dijo Sebastián Artola, representante de la Defensoría del Inquilino.
“De no continuar el decreto estos inquilinos tienen que empezar a saldar la deuda a partir de abril y en caso de no poder saldarla podrían sufrir un desalojo”, explicó. “Nuestra preocupación es que si no hay una presencia del Estado efectiva y activa garantizando las instancias de mediación que prevé la ley en el artículo 21 ante pedidos de desalojo, esos desalojos se puedan dar de manera compulsiva y violenta”.
Artola relató que hace dos semanas la principal consulta que llega a la defensoría es sobre desalojos, junto a denuncias de hostigamiento: "Toda una catarata de cartas documentos, hostigamientos, aprietes, mensajes de WhatsApp diciendo que el 31 de marzo era el último día que podían habitar el inmueble y al otro día tenían que dejarlo cuando la ley no dice esto”, explicó. “En este universo de inquilinos con deudas hay muchísimas mujeres solteras con hijos a cargo, lo que hace más dramática la situación”.
Lo que sale mudarse
Sebastián Artola, vocero santafesino de los inquilinos, explicó que los gastos para ingresar a un contrato de alquiler incluyen comisión inmobiliaria, que es el 5 por ciento del total del contrato; el sellado, un 0,85% del total del contrato; un mes de depósito; la averiguación de garantías y una seña para reservar el inmueble que es el valor del alquiler. “En promedio para ingresar a una vivienda el coste es entre 60.000 y 80.000 pesos, dependiendo de las características del inmueble”, resumió.
A esta inversión inicial se sumarían gastos de instalación de electrodomésticos, dar de alta los servicios, y el costo de la mudanza, que en Santa Fe es un mínimo de 1.000 pesos la hora de flete, y entre 300 y 700 más si se requiere carga y descarga de los muebles.
“La realidad es que en el contexto de los desmesurados aumentos la mayoría de los inquilinos no puede firmar un nuevo contrato”, dijo Artola. “A nosotros nos llegan consultas o preguntas donde la renovación les aumenta el 100 por ciento del valor del alquiler. En un contexto donde todos hemos perdido poder adquisitivo y donde muchos se han quedado sin trabajo nadie llega a pagar esa suma”.
Describió que en los últimos meses se fue dando un "golpe de mercado" en los precios de los alquileres que promedia un aumento de entre un 80 y 100 por ciento en los valores de los alquileres. "Es irracional desde todo punto de vista: más del doble de la inflación acumulada el año pasado y de más está decir que ningún sueldo aumentó en esas proporciones", opinó.
Y dijo: "Tiene que ver con una reacción especulativa con el mercado inmobiliario para generar incertidumbre y miedo en los inquilinos y presionar para que el decreto 320 no continúe. Y a la vez, deslegitimar la nueva Ley de Alquileres para derogarla".
"Un negocio con la vivienda"
El vocero mostró su descontento con el gobierno nacional asegurando que “en este último tiempo se reunieron siempre con las cámaras inmobiliarias y nunca con las agrupaciones de los inquilinos”.
Y aseguró: “Desde las cámaras de inmobiliarias se construye una imagen a propósito y pensada de que el mercado inmobiliario son pequeños propietarios que tienen uno o dos inmuebles en alquiler y los necesitan para completar sus ingresos. Pero la gran mayoría del mercado son multipropietarios, sectores especulativos financieros que no necesitan el ingreso para vivir sino que están haciendo un negocio con la vivienda, y de ahí que ellos se opongan a cada regulación o a cada medida del gobierno que tienda a poner un freno a los abusos del mercado”.
Sobre los pequeños propietarios particulares agregó que para contemplar su situación está el plan de desendeudamiento, que va a permitir que el inquilino se ponga al día con el pago del alquiler y que el propietario pueda cobrar el respectivo ingreso.
Con respecto a los negocios inmobiliarios opinó: “A todo lo que sea regulación del mercado se oponen. Se oponen a la ley de alquileres, a la continuidad del decreto 320, al registro de los contratos ante la Afip que es una medida fundamental para la transparencia con el Estado. Porque la realidad es que el 80 por ciento del mercado inmobiliario evade impositivamente”.