Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

El Congreso avanzó este miércoles con un pedido de informes unánime sobre el escándalo generado por la contaminación de fentanilo en la Argentina, que hasta el momento provocó al menos 97 muertes.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, convocada de urgencia, unificó todos los proyectos presentados y firmó un texto con 26 preguntas dirigidas al Poder Ejecutivo, especialmente a la Anmat, para esclarecer responsabilidades y verificar la composición accionaria de los laboratorios involucrados.

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Entre los legisladores que impulsaron la iniciativa se destacaron los diputados santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón, quienes participaron activamente de la reunión que comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 10.30.

Mónica Fein, exintendenta de Rosario, remarcó la necesidad de revisar los antecedentes del laboratorio involucrado y la trazabilidad de los lotes contaminados. “Le debemos a las familias una seria acción para ver si los mecanismos que tiene el Estado para actuar rápidamente ante una denuncia y generar controles de la sustancia han sido los correctos”, señaló. Además, destacó la importancia de los laboratorios públicos de la provincia, cuestionando las críticas a su trabajo y asegurando que “certifican los productos y tienen materia prima de primera calidad”.

Por su parte, Paulón puso el foco en la magnitud de la tragedia: “97 muertos nos dan la dimensión del caso. Lo que tenemos que hacer es pensar en mejores controles. Ojalá el gobierno responda (el pedido de informes), porque son bastante perezosos en hacerlo y abran la posibilidad de crear una comisión investigadora”. Reivindicó el rol de la ANMAT y subrayó que el Congreso debe “defender el rol de las instituciones y organismos de control que durante tanto tiempo han funcionado bien”.

La diputada santafesina se sumó al consenso del bloque al señalar que el pedido de informes permitirá analizar si hubo fallas en los mecanismos de control y verificar cómo avanza la investigación judicial. “Esto nos tiene que hacer mejorar los mecanismos de control y asegurar que la participación del Estado sea efectiva, no limitada”, sostuvo Fein.

El dictamen aprobado incluye preguntas que buscan determinar cómo los lotes contaminados llegaron al mercado y esclarecer responsabilidades políticas y técnicas. Según Giudici, diputada del Pro autora de uno de los proyectos unificados, “más allá de esta investigación, tenemos que contener, escuchar, presionar para que esta causa empiece a dar resultados concretos, y no negar la responsabilidad de este Congreso”.

El pedido de informes también apunta a examinar la actuación de HLB Pharma, laboratorio implicado en la distribución del fentanilo mortal, y a conocer la relación de sus propietarios y testaferros con causas paralelas por narcotráfico, aunque estos procesos se tramitan por separado.

El dictamen será enviado directamente a la presidencia del Congreso para que se remita al organismo correspondiente y se obtenga una respuesta rápida a la demanda de información.

Víctimas fatales

Del total de muertes registradas en la capital provincial, dos corresponden al hospital Cullen —donde ya fueron notificados los familiares— y diez a instituciones privadas (7 al Sanatorio Diagnóstico), que también habrían informado a las familias.

“Desde el Ministerio de Salud estamos a disposición de los afectados desde el primer momento y nos hemos constituido como querellantes en la causa”, aseguró Fontana.

La funcionaria indicó que no existen antecedentes similares en la provincia y que la investigación judicial apunta a un posible problema de calidad en la producción del fármaco. “Podemos garantizar que todos los productos fueron retirados del mercado y no hay riesgo para la población general, ya que el fentanilo solo se utiliza en internaciones y no se dispensa en farmacias”, remarcó.

La causa, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, abarca el período desde noviembre de 2024 —cuando se liberó el lote investigado— hasta mayo de 2025. Las responsabilidades sobre la cadena de suministro y uso del medicamento serán definidas por la justicia.