El Senado convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil y bajó la edad de imputabilidad a 14 años

En una sesión que se extendió hasta las 18.15, la Cámara de Senadores sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma que modifica la ley vigente desde 1980 y que, entre otros puntos centrales, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos.

La votación en general se aprobó por 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, tras lo cual el cuerpo avanzó en el tratamiento en particular por títulos, tal como ocurrió previamente en Diputados, donde el proyecto había obtenido media sanción el 12 de febrero con 149 votos a favor y 100 en contra.

Una “jornada histórica”, según el oficialismo

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, abrió el debate calificando la sesión como “una jornada histórica”. Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, es decir, antes de la reforma constitucional de 1994 y de la jerarquización de la Convención sobre los Derechos del Niño.

El legislador sostuvo que la reforma propone un régimen “moderno, integral y especializado”, con garantías al debido proceso, y afirmó que se trata de “saldar una deuda histórica”. En ese sentido, rechazó las críticas que tildaban el proyecto de punitivista: mantener la ley actual, dijo, “es totalmente regresivo”.

Además, citó datos de la Corte Suprema según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 esa cifra ascendió a 18.972, un 10% más. “Detrás de cada número hay una víctima y una historia personal”, remarcó.

Sobre la edad de imputabilidad, sostuvo que los 16 años “no son un estándar en sí mismo” y que en varios países la edad es de 14 años sin que ello contradiga tratados internacionales. También señaló que Argentina, junto a Cuba, era uno de los pocos países de la región que mantenía ese piso etario.

Cuestionamientos por recursos y federalismo

Desde la oposición, el senador chaqueño Jorge Capitanich advirtió que la aplicación efectiva del régimen dependerá de las provincias. Señaló que su ejecución requiere infraestructura, lugares de alojamiento y políticas públicas adecuadas, y alertó que sin financiamiento suficiente la norma podría quedar “en letra muerta”.

Según detalló, en el país hay 935 niños y adolescentes detenidos y los delitos cometidos por menores representan alrededor del 2% del total. Además, planteó que existe una sobrepoblación carcelaria cercana al 30% y consideró insuficiente el presupuesto previsto, estimado en 24 mil millones de pesos.

En la misma línea, Alicia Kirchner cuestionó cómo se distribuirán los recursos hacia las provincias y recordó que existen 56 lugares de encierro en todo el país, mientras que seis jurisdicciones no cuentan con ninguno. “No lo dejemos en la punibilidad”, pidió, y sostuvo que la edad no es el problema de fondo.

La senadora Lucía Corpacci fue aún más crítica y calificó el proyecto como “una pantalla de distracción”. Aseguró que la baja de edad “no soluciona nada” y sostuvo que la tasa de delitos cometidos por adolescentes es baja en comparación con el total.

Apoyos con foco en responsabilidad y reinserción

Desde la UCR, Gabriela Valenzuela defendió la reforma como “trascendental” y planteó que no se trata solo de discutir edades, sino qué Estado se quiere frente a delitos cometidos por adolescentes. Remarcó que la privación de la libertad pasa a ser un recurso excepcional y no automático.

Beatriz Ávila habló de un tema “complejo y sensible, pero necesario” y afirmó que el espíritu de la norma es combinar responsabilidad con oportunidades de reinserción. “Ese fracaso no puede convertirse en impunidad”, sostuvo.

Por el Pro, Martín Goërling consideró que se trata de “una ley de sentido común” frente a un problema real y señaló que la mayoría de los países de América Latina ya saldó este debate. A su entender, la iniciativa busca “poner blanco sobre negro” y dar una nueva oportunidad a jóvenes que delinquen.

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sostuvo que la ley no es simplemente penal, sino que incluye herramientas que el Estado debió implementar hace tiempo. “No podemos seguir mirando para el costado”, afirmó, y consideró que la sociedad reclama una respuesta.