Política santafesina

La ley de incompatibilidad que amenaza a Sain podría resolverse recién en mayo

La norma fue comunicada al gobierno este jueves y a partir de ahí corren los 10 días hábiles para que el gobernador defina si la veta. Luego la Legislatura tiene un mes para rechazarlo o aceptarlo, pero Perotti debería incluirla en extraordinarias

Viernes 27 de Noviembre de 2020

En el oficialismo hay un hermetismo total y nadie sabe qué va a pasar con la ley de incompatibilidad y la de gastos reservados, aprobadas el jueves 19 de noviembre. Lo único que dicen algunos funcionarios es que la decisión de vetar o no esas leyes se va a tomar después del lunes, cuando se trate el Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados donde tiene mayoría el Frente Progresista.

"Todavía hay tiempo", dijeron a UNO Santa Fe pidiendo reserva del nombre. El gobernador Omar Perotti tiene 10 días hábiles para tomar la decisión y ese plazo comenzó a correr entre el miércoles y el jueves de esta semana. Si Perotti decide vetar esas leyes, que desde el oficialismo aseguran que apuntan directamente al ministro de Seguridad Marcelo Sain, luego la Legislatura tendrá un mes para avalar o rechazar el veto, para lo cual necesitará juntar los dos tercios de los votos de cada cámara. Si se repite la votación de cuando se sancionaron, sobran los votos. En el Senado hubo votos radicales y peronistas; en Diputados, del Frente Progresista y de legisladores de izquierda y de los bloques provida.

Pero en el escenario también se pueden dar otras opciones. Una de las posibilidades es que el gobernador decida vetar la ley de incompatibilidad, pero que no la incluya en el temario de extraordinarias. De esa manera, no habría definición hasta después del 1 de mayo de 2021, cuando arranque el período de sesiones ordinarias Nº 139. De aquí a mayo puede pasar cualquier cosa.

En la oposición, en tanto, niegan que con esas dos leyes busque socavar al ministro de Seguridad. Consultado al respecto, el presidente del Bloque Socialista en Diputados, Joaquín Blanco, aseguró: "Vamos al fondo de la cuestión. Son dos muy buenas leyes. Eso no está en el debate público porque nadie del oficialismo puede criticar el contenido de las leyes. La ley de incompatibilidad lo que busca es garantizar una mayor independencia al Poder Judicial y específicamente al MPA. Mientras que la de gastos reservados no solo echa luz sobre una opaca caja del Ministerio de Seguridad, si no que toma la mejor tradición a nivel nacional de tratar esta materia. La ley de gastos reservados que impulsamos en Santa Fe está en total sintonía con lo que en su momento hizo el kirchnerismo, en 2014, con la ley de la AFI, cuando superó la vieja Side (Secretaría de Inteligencia del Estado)".

Blanco asegura que el contenido de las leyes es bueno y que eso explica "la enorme cantidad de votos y el apoyo transversal" que reunieron las dos normas. "Muchos se detienen a hablar del Frente Progresista o del bloque de senadores del PJ, pero estas dos leyes las votaron desde Carlos Del Frade hasta Amalia Granata. Tuvieron 40 votos positivos en la Cámara de Diputados y 15 positivos en el Senado. Pero sumando las dos cámaras, sólo tuvieron siete votos en contra sobre un total de 69 legisladores", argumentó y propuso: "Por eso digo que las leyes son buenas y lo mejor que podría hacer el oficialismo es tomarlas y si tiene que hacer algún aporte eso se puede discutir en el ámbito institucional. Pero negarlas, politizarlas, partidizarlas o personalizarlas, como si fuesen leyes anti alguien, me parece un error gravísimo. Son leyes para adelante que son mejoras institucionales".

Al ser consultado si no son leyes anti Sain, Blanco respondió: "De ninguna manera. Primero porque todos estamos de paso, los legisladores y el gabinete. Todos estamos de paso. Cuando legislamos sobre temas tan sensibles, que son modificaciones institucionales, hay que estar pensando en los próximos 20 años, no en una persona. No sabemos cuál va a ser el futuro político o laboral de Sain. Lo que sí sabemos es que con estas dos leyes vamos a tener una mejor Justicia y una mayor transparencia en el uso de los recursos del Estado".

Sin embargo, el jefe de la bancada del PJ en Diputados, dijo en varias oportunidades que "parece sorpresivo que el Frente Progresista esté motivado en modificar los gastos reservados porque hasta hace poco eran gobierno y con gastos reservados cubrieron los gastos de abogados del caso Casco".

"Acá hay animosidad contra el gobierno provincial; buscan modificar leyes para condicionar la seguridad de la provincia. En doce años no modificaron jamás leyes que ahora sacaron en 20 minutos", sentenció hace días en Radio 2.

El futuro inmediato

Pero más allá de los debates políticos, la pregunta que surge es qué sucederá con Sain si no hay veto del gobernador a la ley de incompatibilidad. Al respecto, el legislador socialista contestó: "Si no hay veto, es incompatible pertenecer a los dos lados del mostrador. Es incompatible que una persona esté en el Ejecutivo y simultáneamente esté en el Poder Judicial. Esto no es una cuestión caprichosa, porque se podría dar la paradoja de que el día de mañana Sain no sea más el ministro de Seguridad y le toque la tarea de investigar a su propia gestión, con lo que tiene una incompatibilidad manifiesta en los hechos. Si él tiene que investigar a un policía, a un funcionario de Seguridad o al propio ministro de Seguridad en el período en el que él fue ministro, estaríamos claramente en un absurdo. Para evitar esos absurdos es que está planteada esta ley".

—¿La incompatibilidad se termina si renuncia como ministro o si renuncia como director del Organismo de Investigaciones del MPA?

—La ley lo que plantea es una incompatibilidad dinámica que quiere decir que cuando uno deja una función en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, hay un plazo de dos en los que no se puede presentar a un concurso para entrar al MPA. Por lo tanto, esta ley claramente manifiesta que hay una incompatibilidad. Después vendrá la discusión, que ya no nos corresponde a nosotros, de la interpretación de la ley. Eso será materia de otro ámbito.

—¿Será materia del ámbito judicial?

—O del propio Sain. Porque yo entiendo que por una cuestión de ética, una persona que deja el Ejecutivo y tiene que volver al organismo de investigaciones del MPA que podría llevarlo a investigarse a sí mismo, me parece que eso ya sería una incompatibilidad política más allá de la norma. No hablemos de Sain, porque ese es un error ya que tratamos de interpretar la ley a partir de un caso.

—Pero pregunto por Sain porque podría ser el primer caso de incompatibilidad.

—No, ahora está abierto el concurso para fiscal regional de Venado Tuerto y ahí también se puede aplicar la ley. No tenemos que pensar cómo esta ley se adaptaría al caso Sain, si no cómo todos los ciudadanos que son funcionarios del Ejecutivo o legisladores nos tenemos que adaptar a esta norma si tenemos la voluntad, los antecedentes y los títulos para querer ingresar por concurso al Poder Judicial.

—Hubo funcionarios del Frente Progresista que ingresaron al MPA. ¿Esta ley se aplica hacia atrás y los alcanza a ellos?

—Es materia interpretativa si la ley es para atrás o para adelante. Yo no quiero entrar en ese debate porque vamos a estar hablando del caso puntual. Esta ley es un salto de calidad institucional y marca una voluntad política de cómo entender la independencia del Poder Judicial. Después, cuando se produzcan los hechos concretos o puntuales habrá que ver en este marco jurídico cuál es la interpretación que se hace.

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