Caso Mattioli: luego de dar marcha atrás, el gobierno provincial recibe a la familia

Ocho años más tarde, grande fue la sorpresa de la familia Mattioli al enterarse que, a través del Decreto Nº 2.484 firmado el 5 de agosto, el gobernador Antonio Bonfatti conmutaba y fijaba la pena a 67 internos de toda la provincia. Uno de los internos es Antonio Nicolás Ceballos, uno de los matadores de Rubén Atilio y Rubén Eduardo, al que se le fijaba una pena de 25 años.

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Con 18 años, Ceballos fue condenado a cadena perpetua en 2009, como “partícipe principal”, junto a Julio Arnaldo Gutiérrez y Facundo Sartore, por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa; y doble homicidio, calificado por el uso de arma de fuego en concurso real entre sí. La fijación de la pena en 25 años, permitiría que el imputado pudiera intentar acceder a beneficios como salidas transitorias, y hasta pedir el acortamiento de la pena.

El revuelo generado por la noticia en la opinión pública hizo que hace un par de días, el gobernador reconociera que se podía rever la medida, cosa que finalmente ocurrió en la jornada de ayer, mediante la derogación parcial del decreto anteriormente mencionado.

En diálogo con Diario UNO, Nilda Mattioli, hija y hermana de las víctimas, contó que se enteró por los medios de la fijación de la pena para uno de los asesinos de su padre y que cuando le informaron de que se iba a dar marcha atrás con la medida ella y su familia se sintieron mucho más tranquilos.  “Lo que uno siempre buscó es que haya justicia y que se cumpla la condena de los individuos como se había dicho desde un principio”, señaló y dijo que en un primer momento, antes de que se revea la medida, sintió “una indignación terrible” y fue un nuevo golpe para la familia.

“Fue un baldazo de agua fría, porque nosotros tuvimos cuatro años de lucha hasta que quedó la sentencia firme y ya hace ocho años que no los tenemos a ellos, y pensábamos que podían descansar en paz, y la noticia de la conmutación fue un golpe muy duro”, comentó y añadió: “La gente del pueblo desde el momento en que se enteraron de la fijación de la pena, nos vieron angustiados, y nos dieron su apoyo como siempre”, agradeció.

Desde el momento en que se difundió la noticia, la viuda de don Atilio, junto a sus hijos Nilda, Alicia y Pablo se pusieron en campaña para lograr que se revea la decisión, y hasta le enviaron una carta a Bonfatti solicitando una audiencia para pedir explicaciones.

Finalmente, el ruido generado por la familia y la comunidad fue escuchado. Este martes, Nilda recibió el llamado del ministro de Justicia, Juan Lewis para invitar a los Mattioli a participar de un encuentro en la mañana del miércoles.

Nilda sostuvo que el funcionario le informó sobre la derogación del decreto, pero que quería reunirse personalmente para ponerlos al tanto de la situación. Consultada sobre qué es lo que le plantearán a Lewis, dijo que pedirán que no vuelva a ocurrir una situación similar.

“Le vamos a pedir, si es que se deroga esto, que no vuelva a pasar con ninguno de los otros dos implicados que están presos, ni haya otra conmutación, porque en diciembre pueden volver a conmutar, y que se fijen por qué una persona está presa cuando hacen una conmutación. En este caso fue un doble homicidio premeditado.”

Revisión de la conmutación

Este martes, Diario UNO se comunicó con el Ministerio de Justicia, desde donde informaron que se estaba terminando de revisar el decreto mencionado, específica y exclusivamente para rever la situación de Acevedo. Por la tarde, confirmaron desde la dependencia la marcha atrás con conmutación para el implicado con la firma de un nuevo decreto por parte del gobernador.

En tanto, en diálogo con la prensa, más temprano el titular de la cartera, reconoció el error del gobierno y dijo: “Honestamente uno se puede equivocar, o intentar escuchar la voz de las víctimas y justamente por esa razón es que nuestro gobernador, nos encomendó de manera inmediata que revisemos la medida. Es justamente un pilar de su gestión tener presente esto”, indicó y explicó que las conmutaciones de pena son una instancia reglamentada, que el gobernador puede otorgar hasta dos veces por año de manera colectiva.

En este sentido, reconoció que en el caso Mattioli, “no se evaluó convenientemente la repercusión social del hecho, ni la opinión de la víctima que en este caso aparecía con argumentos muy razonables”.

A su vez, detalló los pasos que se debieron seguir para el dictado del cuestionado decreto y dijo: “Intervienen muchas instancias. El interno lo pide ante el director de la cárcel, que dictamina. También lo hace el organismo técnico criminológico, el juez de ejecución, e incluso, está así reglado, interviene la Corte misma en este dictado. Lo que hay que saber es que el decreto no es ilegal, pero hay razones de oportunidad, que tienen que ver con la conveniencia y que ameritan revisar la decisión”.

Flexibilización de la pena

Por último, Lewis volvió a negar que el decreto, ya modificado, tuviera “vicio de ilegalidad”, y dijo que su revisión se debió a razones de mérito y de oportunidad y que “no implicaba de ninguna manera una flexibilización de la condena”.

Se trata de “un procedimiento habitual que está reglado y que se hace de manera periódica, y que el gobernador no lo ha hecho de manera frecuente como en otros casos, y la prueba está en los números. Habitualmente se hablaba de un centenar de personas, y en este caso, es casi la mitad”, enfatizó.

Coqui Toum / [email protected]