Crece el consenso para regular la telefonía celular en la provincia

Asociaciones de consumidores y especialistas en telecomunicaciones se pronunciaron en las últimas semanas en el Senado a favor de una regulación específica para la telefonía móvil, para que tenga tarifas “justas y razonables”, y pidieron una mayor apertura de la competencia para mejorar la calidad del servicio.

La audiencia fue convocada por la comisiones de sistemas, medios de comunicación y libertad de expresión que preside la senadora María Eugenia Estenssoro (CC), y la de derechos y garantías, que conduce Luis Petcoff Naidenoff (UCR). Si bien estaban invitadas también las empresas de telecomunicaciones, no concurrieron y Estenssoro confió en que asistan en una próxima invitación.

La audiencia organizada por las comisiones se realizó para que consumidores y especialistas opinaran sobre dos proyectos de ley presentados (uno por el senador socialista Rubén Giustiniani y otro por la kirchnerista Blanca Osuna) para declarar la telefonía móvil como un “servicio público”.

El ex diputado del PS y defensor de derechos del consumidor Héctor Polino afirmó que “con este margen de rentabilidad es un escándalo” las tarifas que cobran las empresas y sostuvo que “no se puede demorar un minuto más la sanción de un marco regulatorio”.

Pedro Busetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), pidió también a los senadores la sanción de un marco regulatorio “que fije tarifas en base a la estructura de costos con una renta razonable”.

Busetti abogó, además, a favor de que se declare la telefonía móvil como servicio público con el argumento de que la telefonía fija “no llega a todo el país” y obliga al usuario a recurrir a la móvil.

El representante de los usuarios indicó que es necesario establecer “la unidad de medida”, sea el minuto u otra, para fijar la tarifa; controlar que las empresas obtengan “una ganancia razonable” acorde a un servicio público y abrir la competencia porque actualmente destacó que “las tarifas son homogéneas” en el sector.

Tanto Polino como Busetti coincidieron en la necesidad de crear un organismo de control independiente del que actualmente fiscaliza las comunicaciones de línea fija, algo que contempla el proyecto de Giustiniani pero no el de Osuna, que propone que la autoridad de aplicación sea la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

El abogado Agustín Gordillo consideró que el Congreso “tiene potestad para declarar servicio público cuando hay cosa fáctica para hacerlo” y también estuvo de acuerdo en crear un ente regulador “propio, imparcial e independiente” con “participación de los usuarios con voz y voto en su cuerpo directivo”.

Su colega Marcos Kaplan apoyó la idea de que la telefónica móvil sea declarada servicio público porque dijo “es casi esquizofrénico pensar que la telefonía fija es un servicio público y la móvil no lo es”.

El especialista apuntó también que “no hay razón para que el minuto por abono sea más barato que el prepago” y, respondiendo a los que temen que se desalienten las inversiones en el sector, estimó que lo que desalienta a los inversionistas “es que no se otorguen licencias y se esté conformando un mercado oligopólico”.

Henoch Aguiar, ex funcionario del área de Comunicaciones, en cambio, opinó que para él “no es necesario que sea un servicio público” porque explicó que “las reglas ya están y lo regulan. Lo importante es que se hagan cumplir”.