Noviembre se convirtió en un mes clave para todos los inquilinos del país ya que en breve se aprobarían las modificaciones en la ley de alquileres. Algunos de los aspectos centrales son la modificación en la duración de los contratos de locación, que de dos pasaría a tres años. La actualización de los montos de los alquileres pasaría a estar regulada por los datos brindados por el Ipec y la variación salarial.
Los inquilinos, a la espera de la aprobación de la nueva ley
Por Romina Elizalde
Ante estos cambios, el sector inmobiliario ha presionado para que se dé marcha atrás con la iniciativa, la cual fue impulsada por organizaciones que representan a los inquilinos y sectores políticos.
A pesar del lobby, desde la Federación Nacional de Inquilinos mantienen las expectativas en torno a su pronta aprobación.
“Desde hace unos días acá en Santa Fe hubo una conferencia de prensa
encabezada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia
junto a la Cámara de Corredores Inmobiliarios, donde manifestaron una postura resistente a la ley de alquileres”, sostuvo Pedro Peralta, integrante de la Federación Nacional de Inquilinos y de Inquilinos Agrupados, en torno al comportamiento del empresariado.
En un país en donde un total de siete millones de personas deben pagar mensualmente un alquiler que en la actualidad demanda más de 50% de su sueldo, la ley se convertiría en una herramienta para evitar abusos.
"Nosotros tenemos buenas expectativas de que esta ley salga pronto, con
algunas modificaciones, pero siempre manteniendo el espíritu del proyecto de ley que presentamos”, afirmó Peralta.
Los principales puntos a tener en cuenta son:
La duración del contrato, que pasa de dos a tres años.
Otro aspecto de discusión es la actualización de los alquileres, los cuales se modificarán tomando como base los datos del Ipec y la variación salarial.
Los contratos de alquiler podrán registrarse ante la Afip, en un principio se planteó que esto fuera obligatorio, sin embargo desde Inquilinos Agrupados proponen que esto sea voluntario.
Este último punto surge ante la necesidad de generar seguridad jurídica a los inquilinos. “Ante cualquier eventualidad o problema que tenga ya sea con el propietario o la inmobiliaria, tiene que estar amparado por el Estado”, explicó Peralta.
Ante las versiones que circulan sobre el hecho de que la ley está pensada solo para Buenos Aires, el integrante de IA aclaró que “se trata de una ley macro que protege derechos básicos del inquilino”. Por lo que después se abrirá un nuevo capítulo para que cada provincia cuente con una ley propia y acorde a las necesidades específicas de su contexto. En ese sentido adelantó que se está trabajando para que Santa Fe cuente con una ley provincial de alquileres.
En relación a las modificaciones en lo relacionado a la celebración del contrato y de los impuestos que gravan la propiedad, estos pasarán a estar a cargo del dueño del inmueble. “Hasta ahora el inquilino pagaba el impuesto de tasa municipal, en su totalidad o proporcional –explicó el referente de IA–, nosotros entendemos que estos impuestos no corresponden que los pague el inquilino, y va a quedar en manos del pago del propietario”.
Además, los aspectos vinculados con las comisiones a la hora de celebrar un contrato mediante inmobiliaria, y gastos extras como el de confección del contrato y sellado, quedará a cargo del propietario.
Desde IA observan que tanto en Rosario como Santa Fe se incrementaron las rescisiones de contratos mediante inmobiliaria, aumentando la contratación particular a través de la cual se reducen los costos de comisión. “No es que están en un marco ilegal, es bastante más difícil para el inquilino poder reclamar algo –explicó Peralta. Entonces con esta ley se busca que más allá de defender al inquilino, regule los derechos de todos. Por eso entendemos que el ataque de los inmobiliarios tiene que ver con un margen de ganancias que no quieren perder”.












