Reconocerán a las jugueterías locales que no vendan artículos bélicos

La ordenanza Nº 11.342, que prohíbe la fabricación, venta y distribución de juguetes que sean réplicas de armas de fuego y/o elementos de tortura, en todo el ejido municipal santafesino, fue sancionada por el Concejo Municipal en octubre de 2006.

En la penúltima sesión de este primer período del año, el cuerpo deliberativo local decidió avanzar en un reconocimiento a aquellos comercios santafesinos –más de 20 en el rubro– que cumplen con la normativa vigente en ese aspecto, propuesto por la concejala Noelia Chiementín (FPCyS-CC-ARI) y por el presidente del Concejo, Leonardo Simoniello (FPCyS-UCR).

En diálogo con Diario UNO, Chiementín explicó que “la intención es realizar una tarea preventiva, mediante una compulsa en las jugueterías para analizar cómo cumplen con la normativa que prevé aportar al desarme de esa manera”.

Según anticipó la edila, se efectuó un primer relevamiento en 21 comercios para otorgar una distinción a aquellos que adhieran, por “entender que toda tarea humana si es preventiva es mejor”. La idea “no es sólo desarmar al adulto, sino también que los niños no hagan de las armas un juguete habitual”.

“Cuando los niños se apropian de un arma real que puede tener algún familiar en la casa, por no comprender la diferencia con la de juguete y su peligrosidad, pueden terminar con un daño hacia ellos mismos o incluso a terceros”, explicó la concejala santafesina.

La ordenanza mencionada prohíbe también para la ciudad de Santa Fe, todo tipo de publicidad o formas de difusión que directa o indirectamente incite a la utilización de los juguetes bélicos.

En relación a la publicidad preventiva que se puede generar a través del reconocimiento a quienes cumplan con la ordenanza, Chiementín expresó: “Al entregar estas distinciones, se puede promover que los comercios que tengan la voluntad y la decisión de cumplir también las expongan en espacios visibles para los clientes, de manera tal de desalentar a aquellos que busquen un juego de estas características”.

En el primer relevamiento efectuado, empleados de distintas jugueterías confirmaron en algunos casos que ya no venden estos productos; y en otro lugares señalaron que cuentan con artículos de esta clase aunque no se encuentran en exposición.

“La inmensa mayoría dice que no, aunque algunos han sido dubitativos al contestar a la consulta, pero creemos que como campaña dará mejores resultados. Hay comerciantes que iniciaron sus actividades sin tener en sus locales ninguna réplica de arma, por lo cual es posible lograrlo”, expresó la edila.

De la misma manera, reconoció que también se necesita una mayor conciencia por parte de la ciudadanía que compra los juguetes, para que elija otras alternativas que no inciten a la violencia.

Deuda pendiente

La ordenanza Nº 11.342 preveía también que el Ejecutivo municipal realice una campaña de intercambio de juguetes que sean réplica de armas de fuego o elementos de tortura, por libros o juguetes que no se parezcan a las armas. Con este fin, el Concejo había autorizado, hace seis años, que el municipio firme convenios con los comercios locales del ramo jugueterías.

También se establecía en la normativa que se implemente una campaña permanente en la cual se destaque la importancia de la no utilización de juguetes que sean réplica de armas de fuego y/o elementos de tortura, de la vigencia de la presente y sus consecuencias, y que a tales fines se destine un porcentaje de la publicidad oficial.

A nivel nacional, la ley Nº 26.216 prohíbe la fabricación, venta, comercio e importación de réplicas de armas de fuego en todo el país. La misma norma señala que las autoridades nacionales en sus respectivas áreas de incumbencia deben promover campañas de sensibilización y abandono del uso de armas de fuego de juguete.

La provincia de Santa Fe cuenta con la ley Nº 12.677 que prohíbe “la fabricación, distribución y comercialización de juguetes que sean réplicas de armas de fuego”, autorizando al decomiso, destrucción de la mercadería, multa y hasta clausura del establecimiento en caso de incumplimiento.