Un decreto provincial traba las donaciones para las escuelas

Un insólito decreto provincial pone trabas a las donaciones y ayuda material que reciben las escuelas de distintas organizaciones y de particulares. Es [%(link0)]el Nº 962, aprobado en marzo pasado que determina que no se podrán recibir más donativos para mejoras si antes no son aprobadas por el Ministerio de Educación de Santa Fe.

La medida ya cosecha rechazo desde distintos sectores. Desde Amsafé provincial afirman que es “un instrumento de burocratización” y que recarga de más trabajo a las direcciones escolares. “¿Si se cae un picaporte y la maestra queda encerrada en el aula con sus alumnos tendrá que esperar tres presupuestos y la autorización para que le abran la puerta?”, se preguntan irónicamente sobre situaciones comunes a la vida de las escuelas y el alcance de la nueva medida.

Hace pocos días la directora de una escuela de la periferia de Rosario se sorprendía al enterarse que no podía aceptar la donación que una empresa de la zona le hacía al edificio escolar. Se lo impedía el flamante decreto 962. Es que cansada de los robos, la docente había reclamado en más de una oportunidad un cerco perimetral para su escuela al Ministerio, pero sin mayor éxito. Enterado por los medios, un empresario local le ofreció hacerse cargo del cerramiento requerido.

Pero la vigencia del decreto aprobado en marzo pasado limita estas donaciones. Antes deben ser aprobadas por la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación. Aprobación que demanda un trámite previo que deben encarar el donante y la propia escuela, y que como es de suponer demanda un tiempo. Así se indica en su artículo 1º que dice: "Establécese que toda intervención para el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares y/o para la renovación, incremento o mantenimiento de equipamiento con finalidad pedagógica, que se cubra con el financiamiento de fuente nacional o internacional o con fondos provenientes de donaciones y/o aportes de personas físicas, jurídicas u organizaciones no gubernamentales, y las provenientes del Fondo de Asistencia Educativa bajo los términos del Decreto Nº 5085/68 y sus modificatorios, y cooperadoras escolares, sólo podrán ser efectivamente autorizados y ejecutados atendiendo al principio de prioridad funcional e institucional según lo defina por escrito la Subsecretaría de Infraestructura y Patrimonio del Ministerio de Educación".

Manos solidarias. Con la firma del gobernador Antonio Bonfatti y la ministra de Educación de Santa Fe, Letizia Mengarelli el famoso decreto 962 “establece el ordenamiento de procedimientos y circuitos para intervenciones edilicias en establecimientos educativos de gestión oficial", tal como se presenta. Sin embargo, la lectura cotidiana es que ya no es posible hacerle frente a los innumerables problemas edilicios de los establecimientos educativos públicos acudiendo a las manos solidarias.

Muchas comunas, diputados y senadores ya se hicieron eco de este reclamo. Pero entre las organizaciones que primero salieron a rechazar este decreto está Amsafé provincial. Según indican en un extenso comunicado que lleva la firma de la secretaria general, Sonia Alesso, y analiza el alcance de esta decisión "se avanza unilateralmente en temas que corresponden al tratamiento del ámbito paritario, en el que está prevista una comisión sobre Ambiente y Condiciones de trabajo".

Dicen además que “este decreto puede convertirse en un instrumento de burocratización de las cuestiones edilicias, desde las más mínimas a las más importantes sin ninguna distinción, complejizando la de por sí muy compleja gestión de las direcciones escolares”. Esto en relación al artículo Nº 1 que toda “toda intervención para el mantenimiento, ampliación y construcción de edificios escolares” requerirá la gestión de una autorización ministerial.

Por eso se preguntan si en la vida diarias de las escuelas “¿cada vidrio roto a ser cambiado, cada tubo fluorescente a ser reemplazado significará un pedido de autorización?". 

El gremio de los maestros públicos señala además otro punto clave que afecta la aplicación de este decreto: las atribuciones laborales asignadas a los educadores, en este caso al director. “La presión sobre los directores es cada vez mayor y la multiplicidad de funciones y exigencias los alejan cada vez más de la función específicamente pedagógica.

Cooperadoras. Para Amsafé, el decreto “minimiza la importancia de las cooperadoras escolares” y sobre todo su independencia. “Las asociaciones cooperadoras generan con gran compromiso fondos propios, que no pueden destinarse a otra cosa que a sus propias escuelas, ¿por qué tendrían que pedir autorización para invertir los fondos que ellos mismos logran y que democráticamente deciden, en base a su pertenencia a las comunidades, deciden invertir?”.

“También es común —continúa el texto de Amsafé— en toda la provincia la recepción de donaciones, muchas veces en los pueblos y ciudades cuando una empresa renueva equipamiento o mobiliario ofrece elementos a las escuelas A partir de la vigencia del decreto 962 los directores deberán esperar autorización para recibir donaciones, muchas escuelas tienen en el presente muebles, computadoras, material didáctico gracias a la donación de distintas organizaciones o empresas que en las pequeñas localidades ayudan al funcionamiento de la escuela”.

Para Amsafé este decreto debe ser llevado a la discusión de paritaria ya que afecta a las condiciones de trabajo, además de reclamar una verdadera participación democrática en la vida de las escuelas.