Santa Fe

Vivir en peligro: el dramático pedido de ayuda de una joven de Recreo

Melisa Álvarez es sobreviviente de un accidente de tránsito que la dejó sin familia cuando tenía diez años. Ahora, lucha por su vivienda en medio de un contexto de violencia de género y amenazas. Pide ayuda

Jueves 17 de Septiembre de 2020

"No tengo dónde ir, ni otro lugar para vivir", describe Melisa Álvarez. Vive en su cuarto, cerrado bajo llave, junto a su hijo de un año y cinco meses en una casa de tres habitaciones en la ciudad de Recreo. La historia de vida de Melisa está marcada por la tragedia y la vulnerabilidad. Es una verdadera sobreviviente de la violencia machista, y de los siniestros viales.

El 14 de enero del 2008, Melisa viajaba junto a su familia –eran ocho en el auto en total–, cuando tuvieron un siniestro vial en la Ruta 19 a la altura de la localidad de La Francia en el que murieron todos los pasajeros del vehículo en el que estaba y del otro con el que colisionaron, menos ella.

Falleció su papá, Juan Demetrio Álvarez, el conductor, de 52 años; su mamá Ana Elba Granau (45); sus hermanos Eliana Lara Anabel (5) y Mauricio Juan Adrián (11); y también Verónica Rodríguez (27), hija de un matrimonio anterior de Ana, con sus dos hijas: Jazmín Rodríguez (7) y Valentina Gachet Rodríguez (5).

tapa melisa alvarez.jpg

Estuvo un tiempo internada grave, hasta que se recuperó. Tenía diez años y había perdido a toda su familia. Algunos hermanastros mayores de edad que hasta el accidente vivían en Paraná, se mudaron a la casa en la que Melisa se crió con sus padres y hermanitos. Marcela y Raúl Álvarez, sus tíos, empezaron a pelear por obtener la custodia al poco tiempo del accidente luego de ver los malos tratos que la niña recibía. Viajaron desde su casa en Tostado para participar de los velorios y desde ese momento no se quedaron tranquilos.

Raúl, que es policía, pidió un traslado a Recreo en marzo de 2008 para estar cerca de la niña y en junio se mudó el resto de la familia con él. En los primeros meses lograron un régimen de visitas, que no siempre era cumplido por los hermanastros, pero todo cambió cuando una tarde recibieron la peor noticia. "Uno de sus hermanos, que vive ahora en esa casa, nos hizo el favor de avisarnos que teníamos que ir a ver a Meli porque estaba golpeada. Fuimos a la comisaría y tenía la cara como si se la hubiera agarrado un boxeador. La llevamos al Hospital de Niños donde quedó internada. Ella tenía 10 años, tenía miedo y no quería declarar lo que había pasado, pero los profesionales del hospital trabajaron con psicólogos, asistentes sociales y psicopedagogas sobre su caso durante dos años. A través de ellos conseguimos la tutela, porque sino no habría sido fácil. Logramos sacarla de la casa, y del maltrato. Desde ahí no supimos más nada de ellos", cuenta Marcela, la tía y madre adoptiva de Melisa, a UNO Santa Fe.

"Fue mucho lío poder verla, muchos abogados de por medio que fue costoso también, además de pagar alquiler, todo con un sueldo de policía. Cuando vinimos desde Tostado a verla en marzo vimos algo raro en el comportamiento de ella y de ellos en la casa. En general en un caso así, la tutela pasa a los abuelos pero habían fallecido todos menos mi suegra que en ese momento estaba muy enferma de Alzheimer. Estuvo mucho tiempo en tratamiento. Lo único que hicimos fue protegerla, durante muchos años después de lograr la tutela. Queríamos que sea una persona de bien, que tenga una vida lo más normal que se pueda. No es solo nuestra sobrina, hoy. El nene es nuestro nieto. Lo que pasaba con la casa nunca nos importó en ese momento porque lo único que quisimos es que ella esté bien", agregó Marcela.

FOTOS WEB.jpg

Melisa hoy tiene 22 años, habla bajito, con pausas, para tratar de explicar lo mejor que puede lo que ya relató varias veces en comisarías, Centros territoriales de denuncias, y en la Municipalidad de Recreo. Describe situaciones de violencia de parte de sus dos hermanastros –de 36 y 29– que viven hoy en el resto de la casa de tres habitaciones y amplios espacios comunes, y de otro hermanastro –policía– que visita la vivienda. Usa el pelo atado y se lo tira para atrás, a veces se le cae de los nervios. Despliega sobre la mesa de las oficinas de UNO todos los documentos donde denuncia los sucesos, que son varios. Son denuncias policiales, en el Ministerio Público de la Acusación y del Juzgado de Familia. Se mudó a la casa de su infancia a los 18, cuando la ley dice que la persona ya es mayor de edad. Sus padres adoptivos ya no la podían alojar en su casa, y con el dinero del seguro del accidente se compró todos los electrodomésticos que necesitaba para vivir: heladera, cocina, lavarropas, aire acondicionado, televisor, y muebles. Desde ese entonces paga además todos los impuestos y servicios. También trajo al diario la ancha carpeta con todas las facturas pagas de los últimos tres años. Según cuenta, la convivencia nunca fue buena pero las agresiones fueron en aumento desde su embarazo.

Manifiesta siempre su preocupación sobre su situación habitacional porque es lo que tiene que resolver para poder vivir con su hijo. En las denuncias, lo más grave que se relata de manera bastante clara es que fue amenazada con un cuchillo dentro de su casa por G. R., uno de sus hermanos; que L. E. L. R. –el policía– tira el arma reglamentaria arriba de la mesa entre gritos y amenazas para que nadie la vaya a visitar; y que L. J. R. voltea muebles por la casa para que el hijo de Melisa se golpee. La lista de hechos es larga. "No me merezco esto, es la casa que mi padre me dejó", dice Melisa en las denuncias.

"Me amenazan con meterles medidas de distancias a todos los que me vienen a ver, a los que me quieren ayudar a mí y a mi hijo", relata Melisa. Al padre de su hijo le hicieron una medida de distancia. Marcela, agrega: "Le meten presión para que ella se vaya por voluntad propia, como es puertas para adentro nadie lo ve". "Hace poco la hice pasar a mi mamá –por Marcela– a la casa porque llovía y venía a traerme cosas para mi hijo, y mi hermano le empezó a decir que por qué estaba adentro, que no era nadie. Y cuando se fueron me dijeron que les iban a hacer medidas de distancia. Me decían que tenían abogados y que yo no tenía nada. Que nadie me va a ayudar. Fue violento, gritó fuerte, mientras mi hijo lloraba en la pieza", describe Melisa.

Y agrega: "Me querían sacar el televisor que tengo en la pieza, pero yo lo uso para ponerle dibujitos al nene. Trato de calmarlo a veces con eso. Si dejo carne en la heladera, me la comen porque está ahí. Lo mismo que con los yogures que le compro al nene. Mi familia me ha enseñado a compartir, pero me usan las cosas sin avisar, sin reponerlas, me comen las cosas y no compran nada. Ni las cuentas pagan". "Hasta hizo un convenio para pagar impuestos atrasados. Ella recibe la pensión de su papá, es la única entrada que tiene porque no tiene trabajo ahora. No la dejan usar los espacios comunes, ni que el nene esté ahí", acota Marcela.

"Me dicen que me vaya a otro lado, y yo no tengo dónde ir. Quiero estar tranquila con mi nene y poder criarlo en esa casa, donde viví con mi familia. Necesito ayuda porque son muy agresivos y violentos conmigo y con mi hijo, con mi pareja, con quien esté al lado mío", lamenta la joven.

Una de las denuncias cayó en las manos de la jueza Susana Romero que estableció una medida de distancia de 200 metros para los tres hermanastros por dos años; libró al comisario de la jurisdicción en el domicilio donde vive Melisa y los denunciados, "con facultades de ley incluso las de allanar domicilio y hacer uso de la fuerza pública, de ser necesario y con su debida moderación"; que se le dé la posibilidad a Melisa de ser asistida por el Centro de Asistencia a la Víctima o al Área Mujer de la Municipalidad de Santa Fe; y que los denunciados debían hacer el taller de reeducación emocional para varones dependiente del Área Mujer de la Municipalidad de Santa Fe. Sin embargo, a los pocos días recibió una notificación de la Comisaría 16ª de la Unidad Regional I firmada por el subcomisario Rodrigo Mendoza en la que se le notifica a Melisa que esas medidas fueron dejadas sin efecto. Se argumenta que "se debería iniciar un proceso específico (...) de los derechos patrimoniales invocados". Es decir, que se priorizó el derecho a la vivienda de los agresores que el de la víctima de violencia de género.

El día que recibió la notificación –27 de agosto–, Melisa no pudo ingresar a su casa, fue agredida y tuvo que dormir con su hijo en la casa de una vecina que la dejó quedarse.

Melisa es activista de Estrellas Amarillas, una agrupación que hace campañas nacionales sobre concientización vial. Da charlas donde cuenta lo que le pasó. Además, participa de una iglesia. Le falta la tesis para recibirse de la carrera que estudió: Tecnicatura Superior en Familia, Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo. En el medio de la pandemia, y la situación de violencia que debe sobrevivir, trata de buscar el momento para hacer el trabajo final para recibir el título.

—¿Por qué estudiaste esa carrera?

—Por la historia de vida que tengo. Me gustaría ayudar y demostrar que se puede salir adelante.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario