El Senado de la Nación decidió postergar el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el oficialismo no lograra reunir los votos suficientes para avanzar con su aprobación en el recinto.
El Senado postergó el debate de la reforma de tierras tras no reunir el oficialismo los votos necesarios
La Libertad Avanza logró abrir la sesión, pero pidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para tratar el proyecto que elimina los límites actuales para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa también incluye cambios en desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.
16 de julio 2026 · 18:23hs
Senado postergó el debate de la reforma de la Ley de Tierras hasta el 6 de agosto por falta de votos.
La Libertad Avanza consiguió este jueves el quórum necesario para iniciar la sesión, pero minutos después de las 15 solicitó pasar a un cuarto intermedio para el próximo 6 de agosto, con el objetivo de continuar las negociaciones y buscar consensos sobre la iniciativa.
La moción fue aprobada con 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. El proyecto, denominado de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, generó fuertes cuestionamientos por uno de sus principales puntos: la eliminación de las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
La iniciativa fue elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y llegó al Senado luego de atravesar modificaciones durante su tratamiento parlamentario. Además del capítulo vinculado a las tierras, contempla cambios en los regímenes de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Qué cambia con la reforma de la Ley de Tierras
Uno de los principales cambios planteados por el proyecto es la derogación de los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011, que actualmente impide que los extranjeros puedan superar el 15% de la superficie rural de una provincia o municipio y establece restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede adquirir cada comprador en determinadas zonas productivas.
De aprobarse la reforma, esas limitaciones dejarían de aplicarse a personas y empresas privadas extranjeras. En cambio, los Estados extranjeros y las compañías con participación estatal continuarían sujetos a controles especiales y necesitarían autorización del Gobierno nacional y de las provincias involucradas.
Cambios en desalojos, expropiaciones y manejo del fuego
El proyecto también modifica el régimen de desalojos al habilitar que una persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble pueda solicitar la restitución inmediata de la propiedad, siempre que un juez considere verosímil el planteo en una evaluación preliminar.
En aquellos casos donde habiten niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin otra alternativa habitacional, la iniciativa establece un plazo de diez días para concretar el desalojo.
En relación con la Ley de Manejo del Fuego, la propuesta elimina la prohibición vigente que impide durante 30 años cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios, una medida que había sido incorporada para evitar que los incendios fueran utilizados con fines inmobiliarios.
Además, en materia de expropiaciones, el texto restringe el concepto de utilidad pública, incorpora el lucro cesante acreditado dentro de las indemnizaciones y establece un límite de 90 días para las ocupaciones temporarias por parte del Estado.
Otros temas aprobados en la sesión
Antes de la postergación del debate sobre tierras, el Senado avanzó con otros proyectos. Entre ellos, aprobó por unanimidad declarar a la ciudad de San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina.
Además, ingresaron a tratamiento parlamentario una treintena de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos las propuestas para que Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola integren la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un tribunal de relevancia debido a su intervención en causas sensibles para la administración nacional, entre ellas investigaciones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el caso conocido como $LIBRA.
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