Lamberto pidió que se suspendan los nuevos aumentos de tarifas de servicios

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, hizo un enfático llamamiento a que sus pares del país reclamen la suspensión de la aplicación de nuevos cuadros tarifarios por lo gravoso que resulta para los magros ingresos de las familias, afectados severamente por los aumentos anteriores.

El plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) hizo suyo el pedido de Lamberto, incluido en la declaración final, al entender que los aumentos no respetan el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la proporcionalidad, razonabilidad, progresividad y de no confiscatoriedad.

Los defensores expresaron que las subas de tarifas deben realizarse una vez al año como las paritarias pero previas a ellas, así los acuerdos salariales podrán medir el impacto de aquellas en los bolsillos del trabajador.

Pidieron que el GNC tenga un valor testigo, situación que hasta el día de hoy no existe y que el gas envasado en garrafas sea declarado un servicio público esencial y no regulado por el mercado como hasta el presente, ya que las personas de mayor vulnerabilidad social terminan pagando mucho más que quienes están servidos por el gas en redes.

Los defensores del Pueblo se opusieron terminantemente a los medidores de energía prepagos y a su retiro en el caso de que las familias no puedan afrontar económicamente las facturas; reclamaron que la tarifa social se incremente hasta los 800 kilovatios por mes, actualmente en 300 kw/mes.

Exigieron de las empresas prestadoras de servicios públicos la absoluta transparencia de sus estructuras de costos para la definición de las tarifas, ya que sin ellos no se sabe qué tipo de valor se está aplicando.

Desde el jueves, el ombudsman santafesino participa en Neuquén del primer plenario del corriente año de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, durante el cual brindó un informe sobre sus participaciones como representante de la Federación Iberoamericana del Ombudsman -FIO- en la cumbre del Hábitat, convocada por la ONU, en Quito, Ecuador; y en la asamblea del organismo en Tenerife, España.

Durante las deliberaciones en la capital neuquina, Lamberto reiteró la necesidad de revertir la situación de desigualdad de aquellos beneficiarios de rentas vitalicias previsionales, quienes sufren un claro perjuicio en la percepción de sus haberes ya sea por cobrar menos que el haber jubilatorio mínimo o bien por estar impedidos de gozar del beneficio de la movilidad jubilatoria.