Gas: rigen aumentos tope de 400% a residenciales y de 500% a pymes

El gobierno comunicó los nuevos cuadros tarifarios del gas que rigen desde este viernes. A través del Boletín Oficial se anunciaron incrementos de hasta 300 por ciento (cuatro veces más) para los usuarios residenciales de menor consumo y de 400 por ciento de aumento como máximo para el resto. En tanto, los comercios y pymes tendrán un tope del 500 por ciento.

Luego de recibir la notificación a través del Enargas, la empresa Litoral Gas procedió a realizar una lectura precisa de la nueva actualización tarifaria para comenzar a trasladarla a las boletas de los santafesinos.

El gobierno indicó que la "adecuación" de los precios del gas será progresiva, a un ritmo semestral (en abril y octubre de cada año), a fin de alcanzar en abril de 2019 la eliminación de los subsidios, a excepción de los casos de la Patagonia, Malargüe y la Puna. Por lo cual la reducción terminaría en 2022.

La medida gubernamental contempla tarifas diferenciales para quienes "registren un ahorro en su consumo igual o superior al 15% con respecto a igual período del año anterior".

El aumento promedio, según el ministro Juan José Aranguren,será del 203% para los usuarios residenciales, mientras que para los comercios el incremento promedio rondará el 275%.

Según el gobierno, los usuarios residenciales con consumos medios representan el 31% del total y pagarán un promedio de 371 pesos por mes, mientras que el 13% de domicilios que pertenece a la categoría más alta pagará un promedio de 953 pesos por mes.

Por otro lado, la cartera de Energía informó que se mantiene la tarifa social prevista con beneficio del ciento por ciento para el precio del gas en boca de pozo y señala que se "va a garantizar" que los mismos lleguen a "quienes verdaderamente los necesitan". Según indicó el gobierno, posibilitaría "cubrir las necesidades de aproximadamente 1.700.000 hogares, lo que equivale a cerca del 20% de la totalidad de hogares que tienen acceso a la red de gas natural".

Repercusiones

Los anuncios del Ministerio de Energía parecen ponerle cierre a un capítulo importante de la película pero no el último. El largo derrotero de discusiones por el tarifazo comenzó en abril y requirió la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Desde las asociaciones de usuarios y consumidores con representación en la provincia de Santa Fe destacan el rol que jugó la audiencia pública en la actualización tarifaria definitiva.

"Marcan una bisagra en la historia de la democracia participativa en nuestro país", comentó a Diario UNO, Marcelo Gelcich, abogado y titular de Proconsumer Santa Fe. "El movimiento social reaccionó ante el tarifazo del gas y hubo una respuesta institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguida del acatamiento del Poder Ejecutivo, sin vociferaciones ni pataleos", agregó.

El profesional aseguró que para las ONG de defensa del consumidor,la audiencia "ha significado una conquista social a favor de sus representados". Al mismo tiempo, sostuvo que esta apertura de participación genera un desafío "que exige un ejercicio responsable y continuo".

Valeria Schvarz es la referente de Usuarios y Consumidores Unidos en la ciudad de Rosario. En diálogo con el matutino, hizo referencia al impacto que tuvo la audiencia pública en el resultado final. "Creemos que tuvo ingerencia. Se tuvo en cuenta lo que se habló, al menos en parte. En un primer momento los aumentos iban hasta un 800 por ciento", recordó.

Igualmente, Schvarz estimó que será necesario esperar las facturas de Litoral Gas para conocer en profundidad los detalles del anuncio. "A nuestro criterio no termina de ser claro el aumento. No sabemos cuánto aumenta el metro cúbico exactamente. Hasta que no tengamos las facturas nuevas no sabremos cómo se va a aplicar". Además, se mostró preocupada con respecto a los aumentos semestrales que se realizarán sin necesidad de pasar por audiencias públicas.

Por último, reconoce la necesidad de actualizar las tarifas, pero advirtió: "Quedó en claro el mal proceder del gobierno. No solo del gobierno, sino también de los organismos de control. No es solo el actual gobierno, esto sucede desde hace años. La última audiencia pública que se hizo fue en el 2005".

Por su parte, Marcelo Gelcich consideró que las audiencias públicas se deben consolidar con el tiempo pero "no como el ejercicio del mero cumplimiento de la ley, sino con el convencimiento del valor que aportan sus opiniones".