¿Modernización o chatarrización? El gobierno de Javier Milei flexibiliza la importación de maquinaria usada

El Gobierno actualizó el régimen de importación de maquinaria de producción usada, destinado a proyectos industriales y avanzó con una flexibilización de las condiciones para el ingreso de maquinaria desde el exterior, en una medida que pretende impulsar inversiones y mejorar la competitividad de las empresas.

El reciente Decreto 483/2026 profundiza la desregulación comercial al facilitar el ingreso de líneas de producción usadas con aranceles reducidos. Mientras el Gobierno busca acelerar la competitividad y la inversión, los fabricantes locales alertan que la medida desprotege al taller argentino, destruye empleo y promueve la obsolescencia tecnológica.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que introduce una amplia reforma sobre el esquema creado en 2016 para facilitar la incorporación de equipamiento productivo usado en la industria.

Uno de los principales cambios es la ampliación del alcance del régimen. A partir de ahora, podrán importarse líneas de producción que incluyan maquinaria usada destinada a proyectos de mejora de competitividad aprobados por la autoridad de aplicación. También se incorporan expresamente bienes complementarios o accesorios indispensables para el funcionamiento de esas líneas productivas.

La nueva reglamentación habilita además la importación de equipos usados destinados al tratamiento o eliminación de sustancias contaminantes del aire, el suelo o el agua, siempre que formen parte de plantas industriales o de generación eléctrica y resulten esenciales para su funcionamiento.

Otro de los aspectos incorporados es la posibilidad de importar bienes destinados a conformar sistemas automatizados de almacenamiento, conocidos como "almacenes inteligentes", integrados por maquinaria, equipos y software para la gestión automatizada de productos.

La normativa también flexibiliza las condiciones vinculadas a la antigüedad de los bienes. Los equipos usados podrán tener hasta 20 años de fabricación y, en caso de haber sido reconstruidos o actualizados para extender su vida útil, el límite se amplía hasta los 30 años.

Más exigencias para acceder al beneficio

El reciente Decreto 483/2026 profundiza la desregulación comercial al facilitar el ingreso de líneas de producción usadas con aranceles reducidos. Mientras el Gobierno busca acelerar la competitividad y la inversión, los fabricantes locales alertan que la medida desprotege al taller argentino, destruye empleo y promueve la obsolescencia tecnológica.

Esa inversión podrá destinarse tanto a la línea de producción alcanzada por el proyecto como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados con la producción.

Si bien el decreto flexibiliza algunos requisitos, también mantiene determinadas condiciones para las empresas que soliciten el beneficio. Entre ellas, deberán realizar compras de bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente al menos a 10% del valor FOB de la maquinaria usada importada.

Esa inversión podrá destinarse tanto a la línea de producción alcanzada por el proyecto como a otras actividades de la empresa o incluso a proveedores directos vinculados con la producción.

La reglamentación fija también que los proyectos deberán ponerse en marcha en un plazo máximo de un año desde su aprobación, aunque prevé la posibilidad de otorgar prórrogas cuando existan razones debidamente justificadas.

Trámites más ágiles pero sanciones más duras por incumplimientos

La norma también dispone que los instrumentos vinculados a estas importaciones sean gestionados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino y validados automáticamente mediante el Sistema Informático Malvina (SIM).

El decreto endurece las penalidades para quienes incumplan las condiciones del régimen. Entre otras situaciones, prevé la ejecución total de las garantías cuando las empresas no presenten la rendición de cuentas, utilicen indebidamente la constancia de trámite, no concreten las inversiones comprometidas o incumplan la obligación de adquirir bienes nacionales.

Además, cuando se detecte información o documentación irregular presentada con intención fraudulenta, la autoridad de aplicación podrá disponer la inhabilitación para acceder al régimen durante tres años, además de ejecutar las garantías correspondientes.

La reforma también establece una sanción económica adicional equivalente a 20% de los tributos que hubieran dejado de ingresarse, más intereses y cargos punitorios.

Qué alertan desde el sector de la industria nacional

Para la industria nacional, las principales contras de las medidas que desregulan y flexibilizan el ingreso de maquinaria usada (tanto la reciente simplificación del régimen a través del Decreto 483/2026 como la previa eliminación del certificado CIBU) giran en torno a:

• Competencia desleal: el equipamiento usado llega al país a precios entre 40% y 50% más bajos que los equipos nuevos nacionales, haciendo imposible competir para los fabricantes locales.
• Destrucción de empleo y desindustrialización: los sectores locales metalmecánicos (como los fabricantes de maquinaria agrícola) advierten que la falta de protección y el ingreso irrestricto de bienes de capital obsoletos amenazan miles de puestos de trabajo y pueden repetir crisis históricas de los 80 y 90.
• Falta de control socioambiental y obsolescencia: al agilizar y automatizar los trámites, se reduce la supervisión técnica sobre la seguridad, el impacto ambiental y la verdadera vida útil del material importado.